El conflicto judicial por la falta de vacantes en jardines y escuelas públicas para chicos de hasta 5 años en la ciudad de Buenos Aires llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia porteño, la máxima instancia judicial en la ciudad: la causa se inició hace casi tres años a partir de la denuncia de una ONG y, desde entonces, el gobierno porteño cosechó dos sentencias en contra. Pese a eso, hoy sigue habiendo 4500 niños en esas condiciones. Mientras el máximo tribunal porteño se apresta a dictar sentencia, los demandantes solicitaron que previamente se discutiera el tema en una audiencia pública. Otras tres organizaciones, dos particulares y el defensor general de la ciudad se presentaron como amicus curiae (amigos del tribunal) para expresar su posición sobre esa causa.

“La falta de vacantes se da al mismo tiempo que una elevada subejecución del presupuesto destinado a infraestructura escolar, lo que indica que el gobierno contó con recursos para solucionar el problema y no los utilizó”, dijo a Página/12 Dalile Antunez, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), demandante en la causa.

Esa organización presentó una acción de amparo contra el gobierno porteño a fines de 2006, en representación de los derechos de los niños y niñas excluidos. Ese año, según datos oficiales, los que estaban en lista de espera aguardando una vacante en salas de 2,3 y 4 años o en preescolar eran 6047 chicos. En septiembre de 2007, el juez Guillermo Treacy condenó al gobierno porteño a presentar “los proyectos de obras necesarias para satisfacer la demanda educativa correspondiente a niños y niñas de entre 45 días y cinco años”.

En abril de 2008, el ministro Mariano Narodowski presentó un plan para construir cinco jardines (más otros siete que construiría la Nación) y algunas aulas, en el sur de la ciudad, para los próximos tres años. En forma paralela, la Procuración del gobierno porteño apeló el fallo de primera instancia y la confirmación de la Cámara, argumentando, entre otras razones, que “la Justicia no tiene derecho a fijarle medidas de gobierno al Ejecutivo”.

Como el juez Treacy consideró “insuficiente” la propuesta y estimó que la medida judicial estaba incumplida, le fijó a Narodoski y a su par de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal –de quien dependen los jardines maternales–, una multa de 50 pesos por día de incumplimiento. Los ministros ya acumulan 9950 pesos en concepto de multa, de acuerdo con una liquidación que tiene en una carpeta el juez Treacy, pendiente para su ejecución.

“Es inaceptable que no se garantice el derecho a la educación a tantos niños: los últimos estudios demuestran que la asistencia al nivel inicial tiene consecuencias directas en el rendimiento en el nivel primario y el secundario”, dijo a Página/12 Silvina Gvitz, investigadora del Conicet, especializada en Educación, quien se presentó como amicus curiae en la causa.

En la misma condición realizaron presentaciones el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el defensor general de la Ciudad, Mario Kestelboim, y Paola Bergallo, en representación de organizaciones de mujeres.

Desde el Ministerio de Educación porteño afirmaron ayer a este diario que durante esta gestión “se han modificado jardines y se han reasignado salas dentro de escuelas para ganar vacantes”. “Si en dos años se redujo la lista de espera de 6000 a 4000 quiere decir que se está cumpliendo”, argumentó un vocero de esa cartera.

–Si la medida judicial contribuyó a tener más vacantes, ¿por qué el gobierno las apela? –preguntó Página/12.

La respuesta llegó de parte del procurador, Pablo Tonelli. “Nuestra voluntad es cumplir con la medida judicial, pero la sentencia tiene errores y excesos”, dijo el jefe de los abogados del Estado porteño. “El propósito de la Justicia es muy loable, pero la atribución de fijar políticas es del Ejecutivo, no de los jueces.”

Sobre ese aspecto se centra la presentación del CELS ante el Tribunal Superior. “Cuando se detectan casos de discriminación o incumplimiento de obligaciones constitucionales, la intervención de la Justicia es obligatoria para generar medidas que superen la situación de ilegalidad”, explicó Diego Morales, abogado del CELS.

Al respecto, Gvitz destacó el papel de ACIJ en la utilización del litigio como elemento estratégico, “no para resolver un caso sino para generar políticas de justicia social”.

La perspectiva de género también estuvo de manifiesto en la presentación de Paola Bergallo: el incumplimiento del gobierno porteño no sólo afecta a los niños y niñas, sino el derecho de las familias a contar con una infraestructura de cuidado que les permita a los adultos integrarse al mercado de empleo. “La falta de vacantes sobrecarga las responsabilidades familiares, que recaen sobre todo en las mujeres”, dice su presentación.

Sea cual fuere la decisión del máximo tribunal porteño, el tratamiento del tema es inédito en ese nivel de la Justicia porteña. Más aún si los jueces aceptan el pedido de convocar a una audiencia pública, como lo ha hecho la Corte Suprema en causas como la contaminación del Riachuelo. Todo indica que, en cualquier caso, el veredicto será apelado a la Corte nacional.