La semana que viene podría aprobarse la ley –que, increíblemente, todavía no existe– para castigar la falsificación o adulteración de medicamentos o “troqueles” de los envases. También –según el titular de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados– está próxima la prohibición del expendio de medicamentos de venta libre en kioscos, supermercados e incluso en las góndolas de las cadenas farmacéuticas. Una tercera ley inminente se refiere a los productos que requieren cadena de frío: obligará a incluir un señalizador que se activa cuando la cadena se interrumpe. Esta acción legislativa se da en el marco de la revelación de graves delitos relacionados con medicamentos. Otro proyecto en curso es el de la “trazabilidad”, que permitiría verificar el recorrido de cada producto desde que sale del laboratorio. Claro que no alcanza con mejorar la legislación: un ex presidente de la Confederación Farmacéutica explicó a este diario cómo “el incumplimiento de leyes y normas existentes permite prácticas corruptas en obras sociales”.

“Los delitos de adulteración y falsificación de medicamentos no están incluidos como tales en el Código Penal –observó Juan Sylvestre Begnis, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja–: en la próxima sesión de Diputados se tratará un proyecto presentado por el Ejecutivo y con media sanción del Senado que establece sanciones carcelarias.” La ley penaliza también la falsificación de troqueles, que suele utilizarse para gestionar subsidios por medicamentos especiales de alto costo, aunque no hayan sido administrados al paciente.

En cuanto a la venta de medicamentos fuera de las farmacias, se permite desde que, a principios de los ’90, el gobierno de Carlos Menem modificó por decreto la ley 17.565, que lo prohibía. “En el país hay 140.000 quioscos, sin ningún control al respecto, donde incluso se obtienen medicamentos bajo receta: es el principal circuito de colocación para productos robados, vencidos o falsificados”, señaló el diputado. Además, agregó, “en muchas cadenas de farmacias los medicamentos de venta libre están a disposición del público en las góndolas: con la nueva ley, sólo podrán suministrarse desde el mostrador, bajo responsabilidad profesional”. El proyecto tiene media sanción unánime en Diputados, pero desde hace meses aguarda la sanción en Senadores. Ayer Juan Manzur, ministro de Salud de la Nación, anunció el apoyo del Ejecutivo a esta ley.

Daniel Alvarado –titular de Farmacéuticos Sin Fronteras y ex presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina– observó que el expendio fuera de farmacias también se vincula con el caso investigado en la Obra Social Bancaria, ya que “en el Policlínico Bancario existe una farmacia, pero los medicamentos eran manipulados y expendidos directamente por la droguería San Javier”.

Otro proyecto que tendría rápida sanción es el de control de la cadena de frío para medicamentos: “Gran parte de los productos recientemente patentados requieren frío: cuando son robados, o cuando se comercializan en forma irresponsable, la cadena se pierde y el medicamento se torna inocuo o tóxico. La ley requiere que el fabricante incluya un ‘tester’ que cambia de color si se pierde el frío”. La norma “ya había sido aprobada, pero volvió a Diputados por un problema formal, y muy pronto se sancionará”, aseguró Sylvestre Begnis.

Esta normativa se complementaría con una ley de trazabilidad, ya aprobada por la Comisión de Salud, “que identifica el fabricante, la droguería y la farmacia por donde pasó cada producto” –contó el legislador–. Este proyecto “obliga a las droguerías a comprar directamente a la industria; prohíbe la venta entre droguerías: en el caso de la efedrina se registraban ventas entre distintas droguerías hasta hacer imposible seguir el rastro del producto. El proyecto incluye hacer efectivo un registro de droguerías: en la Argentina hay 600, pero las que efectivamente proveen a las farmacias son unas 24: las demás trabajan en el límite de lo legal”.

Según Sylvestre Begnis, estas normativas permitirían “acotar enormemente los lugares por donde hoy, con casi total libertad, se filtran faltas gravísimas, hechos delictivos y daños a la salud de las personas”.

Alvarado, sin embargo, observó que “muchas obras sociales no cumplen la ley nacional que obliga a la prescripción por nombre genérico de la droga: hacen recetas por marca comercial y suministran los productos del laboratorio con el que ‘arreglaron’. Tampoco se cumple la norma de la Superintendencia de Servicios de Salud que establece precios de referencia para cada droga genérica; ni siquiera se formó la comisión que debía determinar estos precios”.

“A menudo tampoco se cumplen en las obras sociales los descuentos establecidos, que deben ser del 40 por ciento para agudos, del 70 por ciento para crónicos y del ciento por ciento para diabéticos o anticonceptivos –agregó Alvarado–. Otro incumplimiento vinculado con la corrupción es el de la norma por la cual las obras sociales deben contar con una farmacia por cada 4000 afiliados, con distribución por zonas: suelen tener una sola farmacia o unas pocas.”

No obstante, advirtió Alvarado, “en PAMI y IOMA no suceden actos como la reutilización de troqueles o la falsificación de medicamentos. Esas obras sociales, que son las más grandes del país, cumplen la ley, y es posible identificar el laboratorio, la droguería y la farmacia para cada medicamento. Cuando Graciela Ocaña era titular del PAMI, le ofrecieron trabajar con la droguería San Javier y ella se negó”.