Por la trama de los medicamentos truchos, la Justicia ya investiga a la cúpula del poder sindical. En una causa donde fueron denunciados el titular de la CGT y su entorno, el juez federal Claudio Bonadío tiene en su poder un peritaje que acredita múltiples “irregularidades” en la entrega de subsidios para el pago de remedios y tratamientos de alta complejidad y de enfermedades severas a la obra social de los camioneros, según revelaron allegados al caso. El magistrado analiza los mecanismos que utilizó la Administración de Programas Especiales (APE) para distribuir los fondos. Ayer declaró como testigo el actual titular de ese organismo, Hugo Sola, y están citados para los próximos días su antecesor Juan Rinaldi, el ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli y el actual Ricardo Bellagio.

El juez intenta establecer dónde fue a parar el dinero que recibió la Obra Social de los Choferes de Camiones (Oschoca) a través de la APE, que se supone estaba destinado a tratamientos y pacientes puntuales. El año pasado allanó las dependencias de esa repartición y se llevó los expedientes con las historias clínicas que habían sido presentados por el sindicado para reclamar el pago de los subsidios. El resultado de una pericia que recibió recientemente señaló “el incumplimiento” de requisitos básicos para el otorgamiento de las partidas e “inconsistencias” llamativas en los expedientes, como falta de datos elementales sobre los pacientes, señalaron funcionarios de la causa a Página/12.

Esta causa se originó con una denuncia del dirigente de la Construcción, Juan Pablo “Pata” Medina, de la Uocra de La Plata, enemigo de Moyano. Fue después de los enfrentamientos en el traslado de los restos de Perón a San Vicente, en octubre de 2006. Apuntaba a posibles manejos con los fondos de la APE para favorecer a Moyano y su gremio e invitaba a poner la lupa sobre el monopolio en manos de determinadas clínicas para la realización de los exámenes psicofísicos de los camioneros. Más allá de la interna sindical y con los primeros indicios sospechosos en la mano, Bonadío envió un oficio al titular de la cartera de salud, Juan Manzur, para que le informe cuánto dinero distribuyó la APE entre 2003 y 2009, qué funciones tiene, quiénes fueron sus directivos en estos años y qué controles puso en práctica. Al sindicato le requirió que detalle para qué tratamientos puntuales y de qué pacientes recibió fondos, y las rendiciones con las que acreditó para qué se utilizaron.

En el fuero federal por lo menos cuatro juzgados investigan maniobras similares de desvío de cifras millonarias que se destinaron a las obras sociales, supuestamente para remedios y tratamientos muy costosos –de hasta 50 mil pesos– contra el cáncer, hemofilia y HIV en su mayoría. Los expedientes truchos presentados ante el APE, con enfermos inventados, tratamientos inexistentes y troqueles falsos (el cuadradito que contiene el código de barras en la caja de los remedios), aparecen también –como reveló Página/12– en una causa a cargo del juez Ariel Lijo y otra que instruye Julián Ercolini. Lijo ya tomó testimonios a pacientes que nunca se enfermaron. Ercolini recibió el resultado de una pericia que acredita la falsedad de los troqueles. En una senda similar está Bonadío, que inició su rastreo poniendo el ojo en la APE.

Allegados a la APE señalaron que cada expediente que presenta un sindicato para pedirle fondos es “una declaración” jurada que pasa por todas sus gerencias, pero no por un control de la veracidad de su contenido. La APE recibe más de 300 expedientes por día, señalan. Por lo pronto, Bonadío decidió citar a sus responsables actuales y pasados en calidad de testigos, igual que a los directivos de la Superintendencia de Salud. Ayer Sola “explicó cómo es la operatoria”, dijeron funcionarios de la causa. Mañana está citado su antecesor, Rinaldi. El viernes le toca al ex superintendente Capaccioli y luego a Bellagio. Qué pasó con la plata es un aspecto en el que más tarde o más temprano tendrán que entrar las investigaciones en danza.