La decisión de la Cámara de Apelaciones de La Plata de autorizar a la policía a detener a adolescentes menores de edad, en la capital provincial, aunque no cometan ningún delito, provocó la reacción de varios organismos de derechos humanos, entre ellos, el del titular de la Fundación Sur y diputado nacional Emilio García Méndez, que consideró la medida “un retroceso descomunal en materia de derechos humanos” que “precluye toda posibilidad de una política social seria y razonable, donde se ubica el núcleo más duro de la exclusión social”.

El diputado, que desde hace años trabaja en un proyecto de ley penal juvenil que otorgue las garantías debidas a los adolescentes en conflicto con la ley, apuntó que la decisión de los camaristas María Riusech, Pedro Soria y María Silvia Oyhamburu “no avanzará un milímetro en aquello que la demagogia represiva denomina ‘la lucha contra la criminalidad’”.

Es que con el fallo, la Policía Bonaerense podrá demorar o detener menores de edad por cometer contravenciones o para realizar averiguación de identidad. Los organismos de Derechos Humanos se preparan para apelar la medida y llevarla a la Suprema Corte provincial.

Méndez destacó del dictamen de los camaristas la “utilización de la privación de libertad como una forma de ‘política social reforzada’ para los adolescentes pobres de las periferias urbanas”.

La acusación del titular de Fundación Sur toma mayor relevancia si se observa que la decisión de la Cámara fue impulsada por un reclamo efectuado por el Ministerio de Seguridad bonaerense para revocar un fallo contrario emitido por el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias, que consideraba “inconstitucional privar de la libertad a menores que no hubieran cometido delitos”.

El fallo había sido dictado en octubre de 2008 por un pedido de habeas corpus colectivo elevado por el defensor oficial del Fuero Penal Juvenil, Julio Axat. El objetivo del pedido era finalizar con las prácticas residuales del sistema tutelar, ya que como había indicado Axat en ese momento, a pesar de la puesta en marcha del Fuero Penal Juvenil, la “Defensoría detectó cientos de casos en los que la policía vulnera los derechos de los chicos, quienes son alojados en las comisarías sin que los jueces se enteren”.