Mié 14.10.2009

SOCIEDAD  › EL FISCAL ELEVó LA CAUSA DE ROSA PARRILLI POR INSULTAR Y DISCRIMINAR A DOS EMPLEADAS

La jueza que termina en juicio oral

La jueza de Faltas porteña deberá enfrentar una causa penal por su actitud con dos empleadas de tránsito. Un juez evaluará las pruebas y luego se sorteará el juzgado que llevará el juicio.

La jueza Rosa Elsa Parrilli, la misma que insultó, discriminó y amenazó a mediados de septiembre a dos empleadas de tránsito, deberá afrontar un juicio oral y público. Esta instancia judicial fue propuesta ayer por el fiscal del caso, Angel Carestía, quien le tomó declaración indagatoria el miércoles pasado. Aunque el fiscal tenía dos meses para resolver la situación tras la indagatoria, tardó solo tres días en elevar la causa a juicio (trabajó el lunes feriado para hacerlo). La pena máxima estipulada por los delitos que se le imputan es de tres años de prisión efectiva, y aunque Carestía no propuso una pena, fuentes judiciales confiaron a Página/12 que “tiene la mira puesta en lo más alto”.

La llegada de Parrilli a juicio oral dejó en claro el mensaje aleccionador que sobrevuela este caso. Según pudo saber este diario, el miércoles pasado, cuando la jueza se presentó espontáneamente a declarar (estaba citada para el jueves) se barajó la posibilidad de una mediación para evitar el juicio. Aquel día, secundada por dos abogados, Juan Pablo Alonso y Gabriela Leichtmann, Parrilli acercó un escrito al fiscal y respondió preguntas. Se mostró arrepentida, confirmó lo dicho en el video y contó, sin que eso contara como justificación, que por esos días andaba estresada, desbordada. Hasta reconoció que sentía vergüenza por esos actos.

Sin embargo, la mediación no fue posible porque, al parecer, el fiscal se habría negado. Existía la posibilidad de un juicio abreviado también, si la jueza se reconocía culpable, lo que le hubiera permitido negociar la pena. Esto tampoco ocurrió, aunque la posibilidad seguiría abierta. “Al fiscal no le pareció adecuada ninguna vía intermedia, requirió con todo”, comentó una fuente judicial a este diario. La denuncia fue hecha por el ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro, quien recibió el informe de las dos empleadas de tránsito.

Los pasos a seguir serán, entonces, los habituales en estos casos. Habrá lo que se conoce en la jerga judicial como “la auditoría del 210”, en la que el juez Norberto Circo, un colega de Parrilli del Juzgado Penal en lo Contravencional 23, evaluará las pruebas presentadas por la defensa y la fiscalía. Luego se sorteará el o la magistrada que llevará adelante el juicio oral.

Carestía imputó a la jueza los delitos penales de amenazas y discriminación. El primero contempla penas de prisión de seis meses a dos años, el segundo de un mes a tres años. “Es difícil imaginarse que una mujer de 62 años, sin antecedentes, sea condenada a un cumplimiento efectivo. Pero la verdad es que ésa parece ser la meta del fiscal”, comentó la fuente judicial consultada. Su argumento son los tiempos judiciales acelerados en este caso concreto.

La jueza, amén de afrontar la causa penal, también tiene abierto otro expediente en el Consejo de la Magistratura de esta ciudad e impulsado también por el ministro Montenegro. El comité de disciplina del Consejo ya aceptó el caso y le dio cinco días a Parrilli para que hiciera su descargo (un plazo que vence esta semana). Luego, deberá decidir entre archivar el caso, aplicar una sanción o requerir un juicio político a la jueza. Por su parte, el Instituto contra la Discriminación (Inadi) realizó una denuncia en un juzgado federal contra la jueza.

El hecho en cuestión ocurrió el 15 de septiembre pasado, cuando Parrilli, titular del Juzgado Contravencional, Penal y de Faltas 28 de la ciudad, arribó a la playa de infractores ubicada en el cruce de 9 de Julio y Sarmiento y reclamó que le devolvieran su auto, que había dejado mal estacionado. La discusión, los gritos e insultos que propinó la jueza a las dos empleadas fueron grabados por una cámara de seguridad y reproducidos por todos los medios masivos.

“Todas morochas, ni una rubia contratan”, comentó la jueza cuando regresó de ver a una controladora, que le perdonó la multa. También las calificó de “tontitas” y amenazó con encarcelarlas. Tras el escándalo la jueza se tomó una licencia, pidió perdón públicamente y hasta se contactó con una de las jóvenes para excusarse por su comportamiento, al que calificó de “grotesco”.

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