Un día después de que el fiscal Angel Carestía elevara a juicio la causa de la jueza de Faltas porteña Rosa Elsa Parrilli por insultos, discriminación y amenazas contra dos empleadas de tránsito, los abogados defensores solicitaron una probation. Además de la suspensión del juicio a prueba, ayer la defensa de Parrilli “ofertó” ante el juez Norberto Circo pagarle 5000 pesos a cada una de las chicas que la denunciaron y entregar durante un año el registro de conducir. Aunque todavía el requerimiento no llegó a manos de Carestía, “se debe analizar si la jueza estaba en el ejercicio de sus funciones: de ser así el pedido no puede hacerse efectivo, ya que lo impide el artículo 76 bis del Código Penal de la ciudad”, explicó a Página/12 una fuente judicial.

El hecho por el que se acusa a Parrilli ocurrió el 15 de septiembre último. Esa mañana, la titular del Juzgado Contravencional, Penal y de Faltas Nº 28 porteño llegó hasta una playa de estacionamiento (en 9 de Julio y Sarmiento) y reclamó a los gritos que le devolvieran su auto, que había dejado mal estacionado. Después, se sucedió la discusión y los insultos contra las dos empleadas gubernamentales. La secuencia de maltratos y discriminación fue grabada en su totalidad por una cámara de seguridad y reproducida durante varios días por los medios de comunicación.

El martes pasado, el fiscal Carestía imputó a la jueza los delitos penales de amenazas y discriminación. Aunque el titular del Ministerio Público tenía dos meses para resolver la situación procesal de Parrilli, tardó sólo tres días (incluido un feriado) en elevar la causa a juicio (oral y público). Pese a que “el pedido de probation todavía no llegó a la Fiscalía, la postura de Carestía parece ser muy fuerte. Todo lo hizo muy rápido”, admitió a este medio la fuente judicial.

Después de la declaración indagatoria del miércoles de la semana pasada, donde la jueza pidió perdón públicamente, ayer la defensa de Parrilli solicitó una probation. A la mañana, los abogados Juan Pablo Alonso y Gabriela Leichmann realizaron la presentación ante el Juzgado Contravencional, Penal y de Faltas Nº 23 (a cargo de Circo). La jueza, entonces, ofreció reparar el daño ocasionado pagándole 5000 mil pesos a cada una de las jóvenes agredidas, realizar tareas comunitarias (las que establezca el juez) y abstenerse de conducir durante un año.

No obstante, en el anteúltimo párrafo del artículo 76 bis del Código Penal citadino se estable una de las condiciones que imposibilita el pedido de suspensión de juicio a prueba: “No procederá la suspensión del juicio cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito”. En tal sentido, resta determinar básicamente si la magistrada realizó las amenazas y vociferó los insultos al momento de estar en su cargo del Juzgado de Faltas Nº 28.

Durante los hechos en la playa de estacionamiento, “ella (Parrilli) ‘chapeó’ como si estuviera realizando trabajos como magistrada, todavía se debe determinar si formalmente estaba ejerciendo como tal”. Según la fuente judicial, lo más probable es que el fiscal espere para tomar su decisión, lo que en la jerga judicial se conoce como “la auditoría del 210”: el juez Circo –un colega de Parrilli– evaluará las pruebas presentadas por la defensa y la fiscalía sobre el accionar de la acusada. Si no prospera el pedido de Parrilli, luego se sorteará el o la magistrada que llevará adelante el juicio oral.

Por el momento, la jueza afronta una pena máxima de tres años de prisión efectiva. También, y además de afrontar la causa penal, Parrilli tiene abierto otro expediente en el Consejo de la Magistratura de la ciudad impulsado por el ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro. El comité de disciplina ya aceptó el caso y deberá decidir si lo archiva, aplica una sanción o requiere un juicio político a la jueza.

Informe: Mariana Seghezzo.