Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argañaraz fueron fusilados por tres uniformados de la Bonaerense el 8 de mayo del ’87. Se la conoció como la masacre de Ingeniero Budge. Dos décadas después de las muertes y luego de profugarse durante 11 años, el principal responsable de los asesinatos, (el suboficial mayor) Juan Ramón Balmaceda, goza de arresto domiciliario. Balmaceda estuvo entre rejas 20 días: “Resulta grotesco que se funde esa resolución en la finalidad de ‘procurar su adecuada inserción social’ y se cite para el caso los Pactos Internacionales de Derechos Humanos”, explicó Sergio Smietniansky, de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP) y, junto con Alejandro Zimerman, representante legal de los familiares de las víctimas. En diálogo con Página/12 y a pocos días de una nueva audiencia buscando suprimir el arresto de Balmaceda, abogados y familiares relataron los años de encubrimiento e impunidad policial.

Un llamado telefónico desató la masacre. Los tres pibes estaban sentados en una esquina tomando cerveza cuando cayeron Balmaceda y los cabos Jorge Alberto Miño e Isidro Rito Romero, bajaron de una camioneta y dispararon 15 balazos sobre Agustín y 10 sobre el cuerpo de Oscar. A la vista de un grupo de vecinos, los bonaerenses plantaron dos armas cerca de los cadáveres y después Roberto (el Willy), herido en su pierna, fue acribillado de 7 tiros dentro del vehículo policial.

Un año después, la causa fue caratulada como “exceso en legítima defensa”. “La policía intentó hacer pasar el caso como un enfrentamiento con supuestos delincuentes”, aseguró a este medio Smietniansky. Don Alberto explicó que “no fue la primera vez que Balmaceda y la comisaría 1ª mataban a un chico pobre. Poco antes, al Mauri –un joven del barrio– lo acribillaron mientras dormía en su casilla de madera y después lo vistieron todo para que aparentara otra cosa”. Pero la presión de las familias, de la barriada de Budge y del abogado León “Toto” Zimerman lograron “abrir el bosque oscuro y que la sociedad dejara de mirar para otro lado”, reflexionó el padre de Agustín.

En los tribunales de Lomas de Zamora, en mayo del ’90, comenzó el primer juicio a los uniformados. Balmaceda y Miño fueron condenados a cinco años y Romero a 12. A los dos primeros se los juzgó por homicidio en riña, y al segundo, por homicidio simple. “Todos los testigos fueron apretados”, gritó Ramona Quinteros. Frente a la casa de don Alberto, casi 20 años después, la mamá de Roberto contó que “muchos vecinos fueron amenazados por policías y, entonces, empezamos a usar una forma de alerta para el barrio”. El aviso de Budge funcionaba con el solo repicar de una cuchara y una cacerola. También, el Toto Zimerman sufrió el amedrentamiento bonaerense: “Le quemaron el coche –admitió su hijo y actual abogado de los familiares de las víctimas–. Pero mi viejo se tomaba las cosas con otra filosofía y bromeó con que siempre quiso tener una Renault Fuego”.

La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires anuló el primer juicio. Cuatro años después, el 24 de junio de 1994, Balmaceda, Miño y Romero fueron condenados a 11 años de prisión por homicidio simple. Según Smietniansky, “la masacre de Ingeniero Budge no fue el primer caso de gatillo fácil sino el primero en el que todo un barrio se organizó para pelear contra la policía represiva”.

Al momento de su fusilamiento, Oscar tenía 19 años, Roberto 24 y Agustín 26. Los dos más grandes trabajaban juntos en un taller de plásticos. Todos eran pobres y “siempre después de pelotear en el club Lucero se quedaban horas en este banquito –señaló don Alberto y aclaró–. El día anterior a ese 8 de mayo, también la vereda de mi casa había estado llena de chicos”. Una década después, en septiembre de 1997, la Corte provincial confirmó la segunda sentencia. También “le negó a la defensa de los policías un recurso extraordinario para recurrir ante la Corte Suprema”, explicó Zimerman.

El 28 de mayo del ’98 se ordenó la detención de los bonaerenses, pero nunca se concretó. “Un efectivo de la misma fuerza fue hasta la vivienda de cada uno de los condenados y –dijo Smietniansky–, como algún familiar le dijo que no se encontraban en el lugar, se volvió a la comisaría sin detener a ninguno de los asesinos.” Después de la fuga, “el gobierno bonaerense publicó las fotos de los homicidas retratadas cuando ingresaron en la fuerza, es decir con más de 20 años de antigüedad”, agregó el abogado.

Balmaceda, Romero y Miño “siempre tuvieron protección policial y, por eso, con Toto (Zimerman) y los vecinos comenzamos a realizar una investigación propia para dar con los uniformados”, dijo Smietniansky. Guardias en las viviendas de los condenados, fechas de cumpleaños de los allegados, afiches con sus caras y hasta “el mapa de la familia Balmaceda”, fueron parte de las estrategias para encontrar a los ex policías. El 9 de octubre del ’99, Romero fue el primero que cayó preso.

A poco menos de un año de que caducara la causa, Ramona amenazó con encadenarse al Ministerio de Seguridad provincial. “Tuvimos una reunión con la cúpula de la Bonaerense y uno de los oficiales nos dijo que Balmaceda y Miño iban a aparecer porque ya no tenían más coberturas”, sostuvo la mujer. A mediados de septiembre de 2006 fue encontrado Miño. El 2 de noviembre, con 69 años cumplidos, fue detenido Balmaceda.

Informe: Mariana Seghezzo.