Los dos vecinos de la plaza Martín Fierro, del barrio de San Cristóbal, que fueron detenidos y llevados a juicio por realizar pintadas en un edificio público durante una movilización contra el enrejamiento de ese espacio, fueron absueltos por la Justicia porteña por el “beneficio de la duda”: el juez no pudo probar que fueron ellos los autores de las pintadas. A pesar de la absolución, el abogado defensor Ramiro Geber resaltó que el juez hizo caso omiso a la prueba del médico legista que confirmó los golpes que recibieron los imputados por parte de la policía y “justificó la represión como medida de control social”.

El conflicto comenzó el 13 de marzo cuando unos cien vecinos llegaron marchando desde la Plaza Martín Fierro hasta el CGP Nº 5, ubicado en Sarandí 1273, con pancartas en las que se leía “No a las rejas de Macri” en referencia a las obras previstas para la plaza de San Cristóbal. El mismo lema es el quedó impreso con aerosol en la vereda y la fachada del CGP Nº5, según las pruebas remitidas por la fiscal, Silvia Di Napoli, y por lo que, al tratarse de un edificio público, agravó la calificación de la falta de “daño simple” a “daño agravado”.

Luego de un pedido de prórroga por parte de la defensa de los acusados, que se extendió por una semana, el 13 de octubre comenzaron las audiencias y la presentación de pruebas. La fiscal Di Napoli decidió sacar del juicio la acusación por el incendio de un tacho de basura y focalizar los testimonios en las pintadas, por lo que pidió una condena de seis meses, más el pago de costas. En tanto, la defensa solicitó la absolución de los imputados.

En su fallo, el juez Carlos Bentolila, del Juzgado Contravencional Nº 2, resolvió absolver a Oscar Furchi y Maximiliano Verón por considerar que las pintadas existieron pero “los elementos no permiten correlacionar las pintadas con los imputados”.

Más allá de conseguir la absolución, el abogado defensor Ramiro Geber resaltó que en su sentencia el juez no tomó en cuenta los golpes recibidos por los imputados a manos de la policía. “El médico legista que los atendió el día de la detención declaró en la audiencia y aseguró que uno de ellos presentaba lesiones producto del ataque policial”, indicó el abogado de Correpi.

Como informó Página/12, cuando la columna de cien vecinos llegó el 13 de marzo al cruce de la avenida San Juan y la Autopista 25 de Mayo para entregar un petitorio en el CGP, se encontraron con un cerco realizado por policías de civil, patrulleros y un camión hidrante que les impidió regresar sobre sus pasos. Fue en esas circunstancias en que Furchi y Verón fueron detenidos, acusados de hacer una pintada.

Por eso, los abogados de la Correpi denunciaron en el alegato la “sistemática judicialización de la protesta social a través de imputaciones penales y contravencionales para la criminalización, que incluso en la ciudad de Buenos Aires fue reconocida por (el jefe de Gabinete) Horacio Rodríguez Larreta cuando indicó que han impulsado 147 causas judiciales por cortes de calle”.

Sin embargo, el juez Bentolila consideró en la sentencia que “no todo el accionar policial puede ser considerado como un acto represivo. En nuestro país, lamentablemente, a veces el mantenimineto del orden se trata de confundir con lo que es un acto represivo” y subrayó que “la represión forma parte del orden jurídico de un país que se precie de tal”.

Para el abogado de la Correpi, lo dicho por el juez “justifica el accionar policial” y como integrante de la estructura judicial del Estado muestra “la lectura política de que ante cualquier protesta se va a seguir ejerciendo control social a través de la represión porque está justificado y es legal. Y el bien jurídico a proteger no es la vida sino el orden”.

“El discurso del juez limita la protesta a lo legal y parlamentario e indica que no se van a aceptar las movilizaciones. Contra las movilizaciones se está realizando una represión selectiva”, advirtió Oscar Furchi, uno de los imputados que resultaron absueltos.

Informe: N. L.