Muchos de ellos llevan más de 25 años viviendo en los edificios que delimitan la Plaza España sobre la calle Caseros, en Barracas. Luz, gas, agua, todas las cuentas pagas. Sin embargo, 15 familias recibieron hace un mes la notificación de la Dirección General de Bienes porteña en la que los consideran “intrusos” y los intiman a entregar las llaves de las viviendas, propiedad del Estado porteño, por las que hasta hace poco pagaban un canon. Con el plazo de advertencia ya vencido, el Ejecutivo macrista puede avanzar con el desalojo en cualquier momento. Las viviendas habían sido expropiadas por un decreto del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía para realizar una obra pública que nunca se ejecutó y desde entonces fueron cedidas a empleados municipales con problemas habitacionales. Los habitantes piden que se regularice su situación.

“Mantuvimos en condiciones el inmueble y pagamos un canon a la administración, hasta que se dejó de renovar el convenio, y no nos ofrecen otras alternativas habitacionales”, argumentan. Las intimaciones de desalojo también alcanzan a casas y a un centro cultural ubicados en la misma cuadra: todos los inmuebles estarían comprometidos en el proyecto macrista para construir un Centro Cívico.

“En la notificación nos tildan de intrusos, pero todos estamos aquí desde la época en que la Municipalidad cedía un departamento en estos edificios como parte de una solución habitacional a los empleados públicos”, explicó Walter Barrionuevo, que hace 28 años vive en Caseros 1682. El vecino asegura que está “atormentado” desde el 25 septiembre, cuando se venció el plazo de la intimación y comenzó a correr la posibilidad del desalojo. “Me voy a trabajar y no sé si al volver voy a tener a mi familia en la calle”, explicó Barrionuevo.

Nelly Behety es la decana del edificio, donde viven 10 familias, y es la que más años lleva pagando todos los impuestos, incluso el del canon por el convenio que extendía la Comisión Municipal de la Vivienda para regularizar la situación de las familias de los edificios de dos plantas que se mantienen de pie sobre Caseros. “Tenía todo pago, pero desde hace cinco años que no quieren renovarlo”, apuntó.

“Lo que propone el gobierno de Macri es un desalojo masivo e ignorar que durante varias décadas los edificios sirvieron como una solución al déficit habitacional, un problema que el gobierno no ha sabido resolver”, apuntó la abogada Solange Verón, que también representa al Centro Cultural Trivenchi. El centro comparte la cuadra de Caseros con los vecinos y es el único que ya recibió la orden de desalojo.

La intimación para dejar las casas se basa en la supuesta situación irregular de los vecinos que permanecen en edificios expropiados por una ley, dictada en 1968, en la que se declaró de “utilidad pública y sujetos a expropiación” los inmuebles ubicados sobre Caseros desde el 1682 al 1732 porque “constituyen una limitación a la extensión de la Plaza España”. Ahora, en base a esa norma, el Ejecutivo envió notificaciones a las diez familias del edificio ubicado al 1682, a las cinco del edificio vecino, al Centro Cultural Trivenchi y también a un grupo de casas precarias ubicadas al lado, que en total involucran a 27 familias. Desde allí hasta la esquina se extiende el Centro Cultural Sur, que depende del Ministerio de Cultura porteño.

Hace tres semanas, los vecinos se reunieron con el director General de Bienes porteño, Ezequiel Sabor, para entregarle un petitorio en el que solicitan la regularización definitiva de su situación habitacional, que el gobierno no avance en el desalojo, y que informe los verdaderos motivos de la medida. Según los vecinos, Sabor solo indicó que “hay que avanzar con el desalojo para realizar obra pública”. El funcionario no respondió a las consultas realizadas por Página/12.

Los vecinos no rechazarían una mudanza pero piden la asistencia del Ejecutivo local en la transición. “¿Dónde voy a meter todas mis cosas, todos mis muebles?”–se pregunta Nelly, una de las vecinas–. Los alquileres están carísimos y con mi jubilación no me alcanza. “Además, a fin de año, el gobierno porteño deja de otorgar las pensiones hoteleras.”

Otro caso es el que atraviesan vecinos como Mónica Fernández, que solicitó un crédito al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) para comprar una casa en la cual vivir con su esposo y siete hijos, pero desde el organismo le responden que “no hay fondos”. “¿Cómo puede ser que desde la Dirección de Bienes hablen de realizar obra pública y desde el IVC digan que no hay fondos?”, se pregunta Mónica. Esa duda flota entre los vecinos y, ante la falta de respuesta oficial, alimenta la idea del avance del Centro Cívico.

Según Verón, los inmuebles “están comprometidos en el anteproyecto del Centro Cívico que el gobierno ya concursó entre estudios de arquitectos, de los cuales hubo tres ganadores”. En ese documento, los dos edificios, las casas y los centros culturales figuran como entorno del Centro Cívico donde se trasladarían las principales oficinas administrativas de la ciudad, utilizando la estructura de los edificios de los hospitales psiquiátricos Moyano y Borda.

Informe: Nahuel Lag.