La noticia fue confirmada ayer por el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que sin su sonrisa habitual admitió que la administración macrista le debe 34 millones de pesos a la Policía Federal Argentina (PFA) por tareas adicionales que hace la fuerza en la ciudad. Los atrasos, según trascendió, ya suman nueve meses y motivaron la amenaza de suspensión del servicio desde las primeras horas de mañana. Quince centros de gestión y participación (CGP), doce hospitales, diez centros deportivos, la terminal de micros de Retiro, parques y plazas se quedarían sin vigilancia. “Son cuestiones financieras, no administrativas. La deuda está reconocida y la orden de pago está en la tesorería”, explicó a este diario el subsecretario de Seguridad porteño, Matías Molinero.

La situación resulta embarazosa para un gobierno cuya base de campaña fue, justamente, “la seguridad”. Por eso, las promesas oficiales aparecieron tan rápido como las críticas despiadadas. El jefe de Gabinete porteño lo dejó en claro ayer: “Nosotros asumimos un compromiso con nuestros vecinos de brindarles mayor seguridad y lo vamos a cumplir”. Su colega del gobierno nacional, Aníbal Fernández, retrucó poco después: “Se hacen todos los salames y ninguno pone la plata”.

Fernández aseguró ayer que “la ciudad de Buenos Aires ha dejado de pagar un montón de cosas: la cuota de 48 millones de pesos que le corresponde para el Hospital Garrahan y los servicios adicionales que presta la policía”. Y continuó: “No se puede hacer magia con eso, si no pagan, nosotros no tenemos más remedio que levantar los adicionales porque no tenemos forma de financiarlo”.

Todos los meses, casi 1400 policías federales son contratados por la ciudad para vigilar 223 objetivos, mientras otro centenar de lugares son asignados a agentes propios y de seguridad privada. Por falta de pago, a principio de septiembre, comenzó a mermar el servicio de la PFA. Para que no se note, reconoció Molinero, “este faltante fue cubierto por algunos agentes de la policía que prestan servicios ordinarios de custodia y personal de seguridad de la ciudad”.

Según contó este funcionario macrista, “la deuda es importante, pero está dentro de los atrasos normales con la policía, lo que pasa es que por la crisis económica, que también sufrimos nosotros, el reclamo por la deuda se agudizó”. Para saldar el tema, adelantó, este martes habrá una reunión con representantes de la Superintendencia Administrativa de la PFA y el Departamento de Policía Adicional. De esta última dependencia llegó la carta con el aviso de suspensión de servicios.

“Estamos tratando de destrabar el tema y hay voluntad de diálogo de ambas partes, así que creemos que se va a solucionar antes de que cese la prestación”, agregó Molinero. Mientras avanza la negociación y para llevar tranquilidad, Rodríguez Larreta aseguró que “ningún objetivo quedará desprotegido” y puso como prioridad a los lugares donde se recauda dinero por multas e impuestos: los CGP y los edificios de gobierno. “Se reemplaza por seguridad privada”, prometió.

El jefe de Gabinete porteño aprovechó la ocasión para destacar la cantidad de cámaras de video que se instalaron en la ciudad (son 170 y el año próximo llegarían a 500). Y contó que a fin de año habrá en la calle 850 policías metropolitanos. “La gente tiene miedo, no quiere salir de noche, vivimos entre rejas –exageró Rodríguez Larreta–. Nosotros creemos que la creación de la Policía Metropolitana es un paso muy importante. No es una solución mágica, pero es un paso importante.”

Aníbal Fernández ridiculizó el asunto señalando que el macrismo tiene su propia policía, pero “no pueden no pagarles a los policías que hacen los adicionales”.