Docentes y estudiantes de la Coordinadora de Bachilleratos Populares se movilizaron ayer ante los ministerios de Educación de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, para reclamar el reconocimiento oficial de esos establecimientos –donde estudian más de 2000 jóvenes y adultos–, el pago de salarios para los profesores que trabajan allí, subsidios para los establecimientos y un sistema de becas para los estudiantes, en su mayoría en situación de “riesgo educativo”. Los manifestantes recibieron ayer la promesa de “un encuentro con los funcionarios de alto nivel de ciudad, la provincia y la Nación”, dijo a este diario Héctor Dugour, docente del Bachillerato Popular de Tigre.

Los Bachilleratos Populares surgieron en 2004: los primeros fueron el de la empresa recuperada IMPA, en el barrio de Almagro, y el Simón Rodríguez, en Tigre. Hoy son alrededor de treinta, distribuidos por igual en Capital y provincia de Buenos Aires, de los cuales sólo 14 cuentan con reconocimiento oficial, es decir que pueden expedir títulos a los estudiantes que cursan y aprueban los tres años, como en los bachilleratos para adultos.

Con los años se fueron sumando bachilleratos en otras recuperadas, como en Maderera Córdoba o Chilavert; de organizaciones sociales, como el Frente Darío Santillán, o barriales, como los de la villa 21-24, el Bajo Flores o Villa Crespo, entre otros.

“Las materias son las mismas que en cualquier bachillerato: Literatura, Matemática, Historia. Lo que hacemos es redefinir los contenidos. Además, se trabaja con equipos pedagógicos, por lo que cada materia puede tener más de un docente”, explicó Dugour a Página/12. En cuanto a los alumnos, la mayoría son mayores de 18 años, “aunque a veces se admiten chicos de 15 o 16 años, que tienen dos o tres hijos y que están en situación de riesgo educativo: de otra manera no irían a la escuela”.

Los manifestantes se concentraron ayer en Paseo Colón y Moreno, frente al ministerio porteño, marcharon a la Casa de la Provincia de Buenos Aires y de allí al Palacio Sarmiento. “Si el Estado financia la educación privada, con más razón debe sostener a los Bachilleratos Populares”, argumentaron.