A un año de la creación del Plan Nacional de Salud para Incluir a la Población Carcelaria Intra y Extramuros, funcionarios de distintos ministerios, diputados, médicos y autoridades del Servicio Penitenciario Federal repasaron lo hecho y, sobre todo, lo ahorrado. Por esta iniciativa, los planes nacionales del Ministerio de Salud, presupuestados para toda la comunidad, fueron extendidos directamente a la población carcelaria. “El Estado, al tener buena información y coordinación, puede tomar decisiones basadas en planes razonables que, como hemos mostrado, reduce los costos en remedios dentro de las cárceles y asegura que lleguen a todos”, ejemplificó la fiscal Mónica Cuñarro, una de las mentoras del Plan ejecutado por los ministerios de Salud, Justicia, De-sarrollo Social y Educación.

Las conclusiones fueron expuestas ayer durante la Primera Jornada de Salud Penitenciaria, en un salón del Congreso de la Nación. Entre los oradores estuvieron el presidente de la Comisión de Salud de Diputados, Juan Carlos Sylvestre Begnis, el camarista Martín Vázquez Acuña, el director del Servicio Penitenciario Nacional, Alejandro Marambio Avaria, y por la jefatura de Gabinete de ministros, Mónica Cuñarro, directora de la flamante Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en materia de drogas.

Sylvestre Begnis inauguró la reunión para analizar lo realizado en el marco del plan, que surgió en 2008 a partir de un trabajo conjunto entre legisladores del oficialismo y de la oposición y el extinto Comité Científico sobre Drogas (algunos de sus miembros pasaron a la Comisión Nacional que lidera Cuñarro). El tema original era sondear la situación de los presos y las presas que tienen dependencia a algún estupefaciente. Para ellos se relevaron algunos datos preocupantes del Sistema Penitenciario Federal (SPF): en 2008, la población del SPF era de 8230 hombres y mil mujeres, mientras que la cantidad de médicos era de 377.

“El primer convenio marco que se firmó fue entre las carteras de Justicia y de Salud, y luego se hicieron otros, en forma conjunta, con los ministros de Desarrollo Social, Trabajo y Educación, porque la idea es que el detenido sólo esta privado del derecho a la libertad, pero no de otros derechos como la salud, la inclusión, la reinserción o la educación”, contó Mónica Cuñarro. Y agregó: “Los convenios apuntaban a garantizar cualquier tratamiento de salud también cuando la persona encarcelada queda en libertad”.

El director del SPF, Marambio Avaria, dijo que la salud de quienes están privados de su libertad en sus penales “es responsabilidad, en primer lugar, del Servicio Penitenciario, aunque no es el único responsable, los ministerios de Salud, Desarrollo Social, Justicia y Trabajo tienen su parte”. Marambio Avaria agradeció lo hecho por el Centro de Seguimiento y Asistencia Postpenitenciaria, creado en el marco del Plan, y aseguró que hubo un descenso en la cantidad de personas privadas de su libertad, gracias a la decisión lógica de muchos jueces.

Los acuerdos firmados en 2008 eran de “asistencia y cooperación” e incluían, en casi todos los casos, una cláusula por la que el Ministerio de Salud de la Nación “se hace cargo de todos los insumos” para su implementación. Entre otros programas, llegaron a la cárcel el Plan Remediar, el de Salud Mental, el de Enfermedades de Transmisión Sexual (incluye programas de prevención y lucha contra el sida), de Adicciones y Salud Ocular y Prevención de la Ceguera (había, en 2008, casi dos mil internos con problemas oculares).

“Por el nuevo Centro Postpenitenciario, los presos que son liberados se van con su historia clínica. Hasta hoy jamás un preso la tenía ni se la llevaba, ya sea porque nunca había tenido atención o porque la historia quedaba en la cárcel. Además se inicia un contacto con un efector de salud afuera para asegurar la continuidad del tratamiento médico, si lo hay”, repasó Cuñarro. También, según detalló, se aplicaron seis mil vacunas antitetánicas, cinco mil por fiebre amarilla, nueve mil antigripales y se han entregado botiquines. “Y por primera vez, se repartieron preservativos en las cárceles”, agregó Cuñarro.

Otro de los aspectos que resaltaron durante las Jornadas fueron el entrenamiento recibido por 600 personas –entre médicos, personal penitenciario, enfermeras y hasta presos– en temas sanitarios, salud reproductiva y VIH. También comenzaron a funcionar líneas de atención de adicciones y de problemas relacionados con la salud mental.

Sobre el cierre de la reunión, de la que participaron especialistas de la Cruz Roja internacional y de las Naciones Unidas, el juez Vázquez Acuña dijo que “desde la época de Roberto Pettinato (padre) –quien fue director del SPF durante los primeros gobiernos peronistas– que no se vivía una revolución en materia de salud y de reinserción social como ésta. El haber relevado recursos y haber logrado una coordinación con responsabilidad entre varias carteras es una muestra de que cuando hay voluntad política, equipos dispuestos y un plan, las cosas pueden lograrse”.

El Plan incluye, de momento, sólo a las prisiones federales, es decir que deja afuera a las provinciales, donde la cantidad de presos es muchísimo mayor (el sistema penitenciario bonaerense tiene casi 30 mil presos). Por eso, se acercaron varios legisladores interesados en adherir al Plan en representación de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Salta y Tierra del Fuego. “Esperemos que sirva como disparador en otras provincias –concluyó Cuñarro–, más allá de que adhieran, porque pueden adaptarlo a sus necesidades concretas. Si lo hacen, habremos dado un gran paso hacia la reinserción social.”