Los comunicados, apelaciones y quejas de los sectores católicos se sucedieron sin descanso. Los escritos son impiadosos con la pareja gay que se casará en diciembre, con la jueza Gabriela Seijas que los autorizó y con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que no apeló la decisión. Ayer fue el turno de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, que definió la decisión del jefe de Gobierno porteño como “un signo de grave ligereza política que genera un serio antecedente legislativo”. Por su parte, la Corporación de Abogados Católicos presentó un “recurso de nulidad” al fallo porque constituiría “un alzamiento contra el orden natural”. El penalista Pedro Andereggen, que también impugnó la sentencia el lunes pasado, cargó contra Macri por aceptar la decisión de Seijas. Sostuvo que fue “un claro acto de abuso de poder”. El vencimiento para apelar el fallo termina hoy a las 11.

Las reacciones eclesiásticas comenzaron el lunes, el mismo día en que Alex Freyre y José María Di Bello consiguieron turno para casarse. El cardenal Jorge Bergoglio y sus obispos auxiliares de Buenos Aires se quejaron de “la crisis de valores” que afecta a la sociedad. Sostuvieron también que la palabra matrimonio “se remonta a disposiciones ancestrales del Derecho Romano, donde la palabra ‘matrimonium’ se vinculaba al derecho de toda mujer a tener hijos reconocidos expresamente en el seno de la legalidad”.

Ayer, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) consideró “discriminatorias y homofóbicas” las palabras del Arzobispado porteño. En el comunicado aseguró que este cardenal “no parece darse cuenta de que la Argentina no es una teocracia ni él su guardián supremo. Además guardó un silencio cómplice durante el juicio al represor Von Wernich”. El pase de factura incluyó, sin nombrarlo, al padre Julio Grassi: “El cardenal no se refirió a los curas acusados de abuso sexual a menores que ocupan constantemente los medios de comunicación”.

Al pronunciamiento de Bergoglio le siguió ayer el comunicado de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina. El texto insiste en segregar a las parejas del mismo sexo. “La protección de situaciones particulares puede alcanzarse por otras vías sin necesidad de remover desde los cimientos el ordenamiento jurídico familiar de nuestra sociedad”, dice un tramo. Y luego, en dirección a Macri, señala: “Los ciudadanos eligen libremente a sus representantes y tienen el derecho a no verse sorprendidos por cambios fundamentales en la arquitectura social y la cultura nacional”.

Por su parte, la Corporación de Abogados Católicos, a través de Eduardo Sambrizzi, interpuso un recurso de amparo al entender que se afectaron “derechos de incidencia colectiva”. En el escrito, la Corporación afirma que “la negativa a que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio no constituye un acto discriminatorio”, como tampoco lo constituyen, a su parecer, “la disposición que fija una edad mínima para contraer matrimonio o la que no permite contraer matrimonio a dos hermanos entre sí”. También insisten, y dicen estar dispuestos a llegar a la Corte Suprema, en que el matrimonio “tiende a continuar la especie, sirve para la procreación y da base a la familia”. La postura de Macri, dice el comunicado, “revela un relativismo moral y un pragmatismo hedonista”.

El penalista Andereggen –uno de los representantes legales de la Asociación Cristo Sacerdote, que llevó adelante la cruzada contra una muestra del artista plástico León Ferrari– inició una acción de amparo contra Macri por no apelar la resolución de la jueza Seijas. “No puede el jefe de Gobierno decidir por sí y conformarse con una declaración de inconstitucionalidad de artículos del Código Civil en materia matrimonial, pues ésa no es su competencia funcional propia y nadie lo votó ni legitimó para ello”, sostuvo.

Su amparo quedó radicado en el juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad 6, a cargo de Patricia López Vergara, e incluye el pedido de una medida de “no innovar” para que no quede firme la sentencia. El lunes pasado pidió la nulidad del fallo al considerar que la Justicia de la ciudad es incompetente para intervenir, “ya que el matrimonio está regulado en el Código Civil, por lo que debe ser un magistrado de ese fuero nacional quien trate el planteo”. Este pedido quedó en manos del juzgado civil 92, a cargo de María Rosa Bosio.

También se sumó a la cruzada el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, Gabriel Limodio, preocupado porque “desaparece toda referencia a valores comunes”. “Señalar estas cuestiones –dijo– no tiene por intención menoscabar a ninguna minoría, sino llamar a las cosas por su nombre y defender la dignidad y finalidad propia del matrimonio como vínculo unitivo, estable y abierto a la vida que existe entre la mujer y el varón. La discriminación injusta es tratar en forma desigual a los iguales, como también en forma igual a los desiguales” (sic).

En diálogo con Página/12, Gustavo López, abogado de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, minimizó las presentaciones judiciales que buscan frenar el casamiento de Freyre y Di Bello. “Para la jueza Seijas son ‘terceros ajenos al proceso’ y además hay que tener en cuenta, en el caso de los que dicen que ella es incompetente en la materia, que en su fallo dedica varias páginas a explicar por qué es competente. Cuando se trata del control sobre la Constitución Nacional todos los jueces son competentes y, en ese sentido, cabe aclarar que el Código Civil está por debajo de la Constitución”.