“La Cámara de Diputados de la Nación se niega a aprobar una ley que salvaría más de 10.000 vidas al año”, afirma, con estudios científicos en la mano –en el Día Internacional del Aire Puro–, una coalición que incluye a entidades médicas de primera línea. Se trata del proyecto de ley de control de tabaco, que está a punto de perder estado parlamentario “bloqueada por la industria tabacalera”. La norma –que responde a estándares internacionales– fue aprobada por todas las comisiones menos la de Presupuesto y Hacienda, donde está detenida “por falta de acuerdo en el bloque oficialista”, según un vocero de la presidencia de ese bloque. Paradójicamente, el proyecto había sido presentado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en 2008. Además, la Argentina sigue sin ratificar el Convenio Marco, refrendado ya por 167 países del mundo, incluyendo a todos los de América latina.

El reclamo va suscripto por la Sociedad Argentina de Cardiología, la Sociedad de Neumonología, la Asociación de Médicos Municipales de la CABA, la Sociedad de Alergia e Inmunología, la Alianza Libre de Humo de Tabaco (Aliar), y otras 150 entidades nacionales y extranjeras. El proyecto que reivindican “incluye tres puntos básicos de los estándares internacionales de control del tabaco –destacó Verónica Schoj, titular de Aliar–: 1) instauración de ambientes laborales ciento por ciento libres de humo, sin excepciones; 2) prohibición de toda forma de publicidad y patrocinio por las tabacaleras; 3) advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos, con imágenes que ocupen más del 50 por ciento en ambas caras”. Las organizaciones observan que “el tabaquismo afecta sobre todo a las familias pobres: las personas de menor nivel educativo fuman más y están más expuestas al humo de tabaco ajeno, además de tener menos acceso a los servicios de salud; el tabaco profundiza la pobreza y la exclusión”.

El proyecto fue impulsado desde la Presidencia de la Nación y obtuvo dictamen de las comisiones de Salud Pública y de Adicciones de la Cámara de Diputados. Sólo le falta el dictamen de la Comisión de Presupuesto. Carlos Rojas –vocero del diputado Gustavo Marconatto, titular de esta comisión– explicó que, “como los proyectos que esta comisión aprueba van directo al recinto, el criterio es aguardar el consenso mayoritario del bloque oficialista, y no lo ha habido hasta ahora: por eso no se produjo dictamen”. Si el proyecto no se trata antes de fin de año, perderá estado parlamentario.

Las organizaciones reclamantes sacaron a relucir la investigación “Rol de las políticas públicas en reducir las muertes causadas por el tabaco en la Argentina”, publicada en la Revista Panamericana de Salud Pública y firmada por Daniel Ferrante, David Levy, Armando Peruga, Christine Compton y Eduardo Romano, del Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud. El trabajo aplica un modelo de simulación computacional llamado SimSmoke, ya probado en otras regiones, para evaluar el efecto que tendrían las medidas de control del tabaco en la mortalidad de la población, en una prospección que llega hasta el año 2034.

La investigación parte de que las muertes relacionadas con el tabaquismo llegan a 40.000 por año en la Argentina. Las políticas que el estudio examina abarcan las tres medidas incluidas en la ley, más, 4) aumento de impuestos y de precios del tabaco. Ese paquete “reduciría un 45 por ciento el total de muertes por año”, lo cual representa “16.000 muertes por año”, según la investigación. Como el proyecto de ley no contempla el aumento de impuestos, la disminución prevista de muertes por año se sitúa en 10.500.

Schoj observó que “desde hace 30 años todos los proyectos de ley de control de tabaco fracasan en el Congreso por la presión de la industria tabacalera, no importa si son presentados por la presidenta de la Nación, como en este caso, o por el ministro de Salud, como sucedió durante la gestión de Ginés González García”, y recordó que “en 1993 la industria tabacalera, como no pudo frenar la sanción del proyecto del diputado Aldo Neri, consiguió que la ley fuera vetada por el presidente Menem”.

Además, “el Congreso es el único de América latina que no ratificó el Convenio Marco para el Control del Tabaco, al que adhirieron 167 Estados. Brasil, siendo el segundo productor mundial de tabaco, lo ratificó y lo aplica”, señaló la representante de Aliar. “La adhesión implicaría el compromiso de eliminar la interferencia de la industria tabacalera, que en la Argentina ha llegado a financiar programas para ‘reducir la pobreza’ e incluso un ‘programa de prevención de accidentes’ con el Ministerio de Justicia de la Nación: lo que hacen así es comprar silencio”, afirmó Schoj.

En cambio, destacó Schoj, “en las provincias hay avances significativos: en octubre, Santiago del Estero dictó su ley ciento por ciento libre de humo; la ciudad de Córdoba también es ciento por ciento libre de humo; varios municipios bonaerenses también lo son, pese a que la ley provincial no lo establece”. Hoy, en Salta, el Senado vota una ley ciento por ciento libre de humo ya aprobada en Diputados. “Pero las otras medidas importantes requieren una ley nacional”, advirtió la representante de Aliar.