El juez en lo Contencioso Administrativo porteño, Roberto Gallardo, ordenó la clausura de la totalidad de los locales del predio de Costa Salguero que no tienen habilitación. Se trata de diecinueve comercios, en especial la cuestionada estación de servicio ubicada frente al Aeroparque metropolitano que, según expertos, genera riesgos para el tráfico de aviones. La clausura debió ejecutarse ayer pero, según el juzgado, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos no cumplió con la medida, por lo que el magistrado ordenó que sea ejecutada con intervención de la fuerza pública.

El operativo había sido ordenado por Gallardo, en el marco del recurso de amparo iniciado por el legislador Facundo Di Filippo, de la Coalición Cívica, en el que se cuestiona el funcionamiento de Costa Salguero en un predio de dominio público pues restringe el acceso de los vecinos al Río de la Plata.

Personal judicial y de la Policía Federal se presentó ayer en Costa Salguero, “pero no asistió el Gobierno de la Ciudad”, aseguraron las fuentes tras adelantar que “se decidió postergar” las clausuras para los próximos días. En el lugar también estuvieron presentes los legisladores Di Filippo y Rocío Sánchez Andía, quienes habían denunciado “el incumplimiento del gobierno porteño de proteger y garantizar el uso, como espacio público de libre acceso y gratuito, de la ribera del Río de la Plata que ocupa Costa Salguero”, aseguraron.

Gallardo llegó a la conclusión, a partir de un informe de la Dirección General de Concesiones del gobierno porteño, de que sobre un total de veintitrés subconcesionarias, sólo cuatro de ellas cuentan con habilitación para funcionar.

El magistrado puso especial énfasis en la estación de servicio, “toda vez que (para su funcionamiento) no se requirió autorización alguna a la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina, organismo que en una situación similar desalentó el emplazamiento de construcciones de tales características por su peligrosidad”. Por esas razones, Gallardo hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los legisladores.