La Justicia desplazó ayer a las autoridades porteñas como auxiliares de la investigación en la clínica de rehabilitación Santa María de los Buenos Ayres, donde el martes pasado murieron dos personas por una supuesta intoxicación en la comida. El juez en lo Criminal de Instrucción Juan María Ramos Padilla –a cargo de la causa– solicitó, entonces, que el Ministerio de Salud de la Nación designe a un funcionario de esa cartera para garantizar la preservación de los elementos de prueba. Durante la tarde de ayer, Ramos Padilla ordenó “medidas procesales” en algunas dependencias del Gobierno de la Ciudad y recorrió la clínica del barrio de Almagro. Un vocero judicial relató que el martes el juez halló en la clínica “comida en mal estado, medicamentos vencidos, un irregular funcionamiento de heladeras y del grupo electrógeno, deficiencias en el suministro del agua y otras falencias en materia de seguridad”. Según el vocero, “cuando el juez recorría el lugar, un camión de basura de la ciudad de Buenos Aires retiraba objetos que podrían ser elementos probatorios”. En el marco de la investigación, a cargo de la fiscal de instrucción Betina Bota, se “secuestraron historias clínicas, libros de las inspecciones y clausuraron dos oficinas y la cocina”, detalló.

Según explicó a Página/12 un vocero de la Agencia Gubernamental de Control porteña, “no realizaron un allanamiento, sino que el magistrado solicitó el expediente de habilitación del lugar para constatar que se habían hecho todas las verificaciones pertinentes”.

La clínica Santa María de los Buenos Ayres, del barrio porteño de Almagro, está habilitada desde 1983 como establecimiento privado de asistencia médica, con poco más de dos mil metros cuadrados y capacidad para 68 internados en habitaciones comunes y 28 en terapia intensiva. No es un geriátrico, sino una clínica especializada en tercera edad. El martes a la madrugada, cuando un hombre de 60 años y una mujer de 86 fallecieron, la capacidad del establecimiento estaba al tope: en el lugar había casi 60 pacientes internados.

Según fuentes de la Agencia Gubernamental de Control porteña, en el último año la clínica fue inspeccionada dos veces. “En abril de 2009 fueron inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control, para verificar las medidas de seguridad del establecimiento (salidas de emergencia, instalaciones eléctricas, matafuegos). Y en diciembre de 2008 personal de Bromatología realizó controles en la comida, en los certificados de los cursos de manipulación de alimentos, de fumigación y limpieza de los tanques de agua”, confirmó a este medio un vocero del gobierno PRO. Además, según justificó la fuente, “nunca hemos recibido ninguna denuncia específica sobre el funcionamiento de la clínica que habilite otro tipo de fiscalización y, además, el controlar la comida es algo muy complicado ya que debería hacerse todos los días”.

De todas maneras, la Justicia desplazó ayer a las autoridades porteñas como auxiliares de la investigación por las muertes y los dieciséis intoxicados en la clínica. Una fuente de la causa relató que el juez Ramos Padilla “dispuso que la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal allane las oficinas de Habilitaciones, Higiene y Seguridad y el Ministerio de Salud” porteños por lo ocurrido en el sanatorio Santa María de los Buenos Ayres.

Además, el magistrado “pidió al Ministerio de Salud de la Nación que designe a un funcionario de esa cartera para garantizar la preservación de los elementos de prueba”, indicó el vocero judicial. Desde la cartera sanitaria nacional se confirmó la medida. De hecho, la designación recayó en el director de Emergencias Sanitarias, Gabriel Ive, “quien procura determinar en qué estado se encuentra cada uno de los pacientes internados en la clínica y los que fueron derivados a otros centros sanitarios”, admitió la misma fuente.