La ley de lechería dio un paso más en el Congreso, al obtener dictamen favorable en el plenario de comisiones en Diputados, después de sucesivas reuniones entre legisladores y actores de la cadena láctea. La iniciativa logró el consenso entre el oficialismo y el radicalismo, mientras que el PRO y el socialismo no dieron el presente. El mayor rechazo proviene de los industriales y grandes productores, que se oponen a la fijación del precio de la leche cruda por parte de un ente creado para tal fin. Más allá de las expectativas que genera en los legisladores involucrados, que pretenden votar la iniciativa la semana que viene, el proyecto no tendría el apoyo del Ministerio de Agricultura por “falta de consenso” hacia el interior del sector lechero. En ese caso, deberá esperar hasta el próximo año, luego del recambio legislativo.

El proyecto obtuvo el dictamen favorable en el plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería, Comercio y Presupuesto y Hacienda. Se nutrió de la incorporación de cinco iniciativas previas sobre la base de la que propuso el titular de la Comisión de Agricultura, Alberto Cantero (FpV). A pesar de ello, buena parte de la cadena lechera lo rechaza, lo que genera dudas sobre las posibilidades de continuar la avanzada en la Cámara.

Por un lado, el texto prevé el fomento al desarrollo del sector. Se crearía el Régimen de Promoción y Desarrollo de la Cadena Agroalimentaria Láctea, cuyos objetivos serán la “promoción del aumento del valor de la producción, la industrialización y la comercialización interna e internacional de la leche y derivados”. Para financiarlo, se crearía el Fondo Nacional de Lechería, integrado con unos 50 millones de pesos del Presupuesto nacional, más fondos provenientes de donaciones, organismos internacionales u otros que determine el Ministerio de Agricultura.

El 70 por ciento del fondo será destinado a subsidiar tasas de interés de créditos para productores agropecuarios, industriales y transportistas vinculados con la producción lechera. En todos los casos estará dirigido a pequeños actores del sector. El 10 por ciento para implementar mecanismos de promoción de productos lácteos argentinos y el 15 para incorporar tecnología y capacitación. Los cinco puntos restantes, para el desarrollo científico y tecnológico. Mediante estos mecanismos, se plantea el estímulo a mediano plazo del sector.

El punto más controvertido del proyecto radica en la cuestión regulatoria, a cargo de un ente creado para tal fin: la Comisión Nacional de Lechería. Deberá establecer mensualmente el precio de referencia de la leche entregada en tranquera de tambo, con cumplimiento obligatorio en todo el país. Lo hará en base a un promedio de los precios en góndola relevados por el Indec y la tonelada de leche en polvo para exportación. También contemplará descuentos o bonificaciones según la calidad de la leche comercializada, en relación con la de referencia. Dicha comisión estará integrada por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez; el subsecretario de Lechería, Jorge Videla, y diversos actores de la cadena láctea.

Esta intervención en el mercado generó el rechazo de una veintena de organizaciones que representan distintos segmentos de la cadena. En especial, de los sectores más concentrados, como es la industria y los grandes productores, nucleados en la Mesa de Enlace. El discurso opositor a la iniciativa es que “el precio debe estar fijado por el mercado”, argumento que se basa en el imaginario de la eficiencia en los mecanismos de fijación de precios, donde supuestamente el libre juego entre oferentes y demandantes determina el nivel adecuado para el intercambio.

Sin embargo, los mismos actores de la cadena refutan el argumento, indicando que las relaciones de poder en el mercado no son simétricas, y por ello, los productores más pequeños sufren el ajuste de precios propiciado por los actores más concentrados, que así obtienen un margen de ganancia extraordinario. De estar regulado el precio, se podría producir una importante transferencia de ingresos que produce mucho descontento.