Más de cien jóvenes quieren saber si son hijos de desaparecidos y no tienen respuesta. Algunos esperan desde hace más de dos años. Falta de fondos, de insumos, un equipo inmovilizado en la Aduana y demoras en los resultados. Todo se conjuga para que el Banco Nacional de Datos Genéticos que funciona en el Hospital Durand, donde se realizan todos los estudios a los posibles niños apropiados durante la última dictadura militar, esté paralizado.
El Banco Nacional de Datos Genéticos se creó en 1987 por impulso de las Abuelas de Plaza de Mayo que buscaban a sus nietos desaparecidos. Las Abuelas descubrieron que el análisis de sangre era el mecanismo que les permitía demostrar de modo irrefutable que un niño no era quien se establecía en una partida de nacimiento. La genética se volvió una de las aliadas más importantes de las Abuelas y, luego, de los jóvenes que empezaron a buscar solos su identidad.
El Banco, a cargo de la doctora Ana María Di Lonardo, contiene las muestras de sangre de los integrantes de todas las familias que denunciaron la desaparición de sus nietos o el secuestro de sus hijas, nueras o hermanas embarazadas. La ley que lo creó establece que su objetivo es “obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de los conflictos relativos a la filiación”. El organismo no se ocupa solamente de las consecuencias del terrorismo de Estado sino que allí puede concurrir cualquier persona que tenga un conflicto de filiación. Pero como los desaparecidos fueron víctimas del Estado, la Nación pone el dinero para la realización de esos análisis. Por su parte, el Gobierno de la Ciudad debe hacerse cargo de los recursos humanos y del equipamiento. Actualmente el Banco no funciona para los familiares de desaparecidos.
Desde hace tres meses Di Lonardo dejó de hacer extracciones de sangre a los jóvenes que fueron derivados allí por la Justicia o la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Además, desde hace un año, espera la llegada de un equipo nuevo que está atrapado en la Aduana. Pero en la Conadi –organismo que desde el Estado recibe a los jóvenes que buscan su identidad o familias que buscan a un chico sin que haya una causa judicial de por medio– creen que hay atrasos en la entrega de los resultados de los análisis que no están justificados por las dificultades coyunturales.
- Secuenciador: El Gobierno de la Ciudad compró en diciembre un secuenciador de 16 capilares, aparato que permitiría multiplicar la capacidad operativa del Banco. Donde ahora se hace un estudio, podrían hacerse 16. El problema es que el equipo llegó en plena crisis económica, justo después de la devaluación y está desde hace casi un año en la Aduana debido a un conflicto entre la Ciudad y la empresa importadora. El Gobierno de Buenos Aires había hecho el contrato en pesos pero la compañía exige dólares para entregar el equipo y argumenta que de lo contrario quebraría. La diferencia que hay que pagar para poder acceder al secuenciador es de aproximadamente 300 mil pesos. La jefatura de ministros del gobierno nacional estaría dispuesta a cubrir la diferencia pero hasta ahora el equipo sigue varado en la Aduana y hay peligro de que pueda perderse. El lunes pasado, una resolución del Banco Central dispuso que los bienes importados, cuyos pagos están adeudados, pueden ser devueltos a la casa matriz. La empresa importadora, que es monopólica, amenaza entonces con llevarse el secuenciador a menos que el secretario de Salud del Gobierno de la Ciudad, Alfredo Stern, le comunique oficialmente que hay un compromiso de pago.
- Presupuesto: Sin el secuenciador, el Banco Nacional de Datos Genéticos podría igual realizar –aunque en forma mucho más lenta– los análisis con su equipo tradicional. Pero recién hace unas pocas semanas recibió elpresupuesto correspondiente a todo el año que se está terminando. Por falta de fondos, desde hace tres meses el Banco no tiene reactivos para trabajar. Incluso hubo jóvenes que fueron a sacarse sangre y fueron “rebotados”. Es decir, que tal vez después de años de pensar en despojarse de la incertidumbre sobre su identidad y decidir someterse a los análisis, tuvieron que volverse sin siquiera la posibilidad de saber la verdad en el futuro. “Aunque no haya reactivos para hacer los análisis deben sacar sangre a todos los chicos y guardar la muestra, porque a lo mejor ese chico no vuelve”, aseguró Claudia Carlotto, coordinadora de la Conadi. Lo concreto es que el Banco está paralizado, pero no para todo el mundo. Cualquiera que vaya en forma particular a hacerse un estudio genético y abone los reactivos, tiene sus resultados en menos de un mes. Los únicos que no tienen respuesta son los que, según la ley de creación del organismo, están exceptuados de pagar ya que el Estado es el que debe hacerse cargo, es decir, los familiares de desaparecidos.
- Control: “Estamos defraudando a los chicos una vez más. No sé exactamente cuáles son los problemas porque no tengo acceso al Banco. El problema es que no hay un organismo que lo controle. Y no se trata de cuestionar los análisis, la técnica, que está fuera de discusión”, aseguró Carlotto. Para la Conadi, los problemas del Banco exceden al secuenciador o al presupuesto. El último informe que recibió la Comisión, que tiene una lista de más de 80 casos sin respuesta, es de mayo de 2001. Consultada por Página/12, la directora del Banco, Ana María Di Lonardo, contestó que “no hay ningún retraso” y que los análisis no resueltos son los que “no dieron todavía con ninguna familia que haya dejado sus muestras de sangre en el Hospital Durand”. “Sólo se interrumpieron los estudios porque no quedaba un peso”, aseguró.
Este año, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Alicia Oliveira reclamó al Banco que informe los métodos empleados para archivar la información genética, su uso y su accesibilidad. Como los oficios remitidos por la Defensoría no tuvieron respuesta, Oliveira inició una acción de amparo que fue aceptada por el juez Hugo Ricardo Zuleta. El reclamo quedó luego sin efecto porque el tribunal superior consideró que no era la Justicia de la Ciudad la que debía intervenir.
Oliveira insistirá con un recurso en la Justicia federal. Su objetivo es modificar la ley que regula el Banco para que se pueda ejercer un mejor control del funcionamiento del organismo. “La ley no dice nada sobre cómo se deben cuidar los datos y si se debe entregar o no información a las personas que fueron a dejar su sangre ahí. Creo que hay que hacer una ley más seria porque la información genética puede ser un mecanismo importante de control social.”