Un repetido lamento se escucha ir y venir por las calles terrosas de Ministro Rivadavia, donde una multitud pidió y consiguió la muerte de dos ladrones hace ya más de dos meses. No es el lamento por la sangre derramada; es el de los amigos, familiares y conocidos de los cuatro hombres a quienes ayer el juez de garantías Tomás Bravo les dictó la prisión preventiva por el doble homicidio de dos adolescentes de 16 y 17 años, un caso investigado y adelantado por Página/12 hace dos semanas. Los chicos, miembros de la banda de Los Vanegas, o Los Speedy González, venían aterrorizando a los tiros a sus vecinos del sector más empobrecido del lugar hasta que “se cansaron, los fueron a buscar y los mataron”, según sintetizó a este diario ayer el juez Bravo. Por el delito de homicidio calificado que se les imputa un colectivero, un desocupado que cobra el Plan Jefes y Jefas, un obrero de la construcción y un chico de 19 sin antecedentes penales, si son condenados, recibirán como pena la cadena perpetua.
En el barrio, aunque el asesinato pesa, los que aquella tarde de domingo se reunieron a mirar los cuerpos yacentes de los chicos siguen viviendo entre el hambre y el olvido. El fantasma de los Speedy no se ha retirado con las muertes violentas largamente anunciadas, que terminaron ocurriendo el domingo 22 de octubre a las dos y media de la tarde. Aquel día, tras una sucesión de robos y ataques violentos a sus propios vecinos, los dos chicos aparecieron montados a un mismo caballo en la canchita que está frente a la escuela y la iglesia del pueblo, disparando y jurando que violarían a las mujeres mientras los “giles” jugaban al fútbol. Los hombres disputaban un torneo preparado para juntar dinero para la operación de córnea de una niña del barrio. Lo que era una sencilla romería familiar y de primavera se convirtió en una cacería: hombres, mujeres, ancianos y niños se dieron a la persecución de los ladrones. Encerrados, quedaron al alcance de las balas vengadoras.
Japo Eduardo Adrián Fuentes de 17 años, y Queco, Sergio Jesús Meza, 16, vivían sin sus padres. Queco hacía tres meses convivía con una chica de 23, la Gorda Sabrina, en uno de los tres ranchos que el día anterior los vecinos habían incendiado después de una de las apariciones a lo Far West de los “Piri”, como les dicen para acortar el Speedy. En ese rancho es donde según tres testigos le contaron a Página/12 se veía con frecuencia de novio un patrullero de la bonaerense. “Eran todos la misma bolsa con la cana. Cuando venían ellos ponían una frazada para que no veamos y se quedaban ahí, con la cumbia a full, meta merca”, contó un chico a este cronista. La policía, con una inacción histórica ante el crecimiento de la violencia en Ministro Rivadavia, aparece desde su inamovilidad en la trama del crimen. Los testigos no sólo cuentan que nada hacían contra el accionar de los Vanegas, sino que además presenciaron la quema de los ranchos y el sábado llevaron preso a Queco, para largarlo “a los lobos” el domingo, cuando el chico, dicen que afectado por el consumo, cruzó ese campito desafiando el humor saturado de la multitud sometida.
Tal es la sospecha sobre la tolerancia como fondo del asunto que el fiscal y la defensora María Fernanda Mestrin enviaron un oficio al Ministerio de Seguridad, poniéndolos al tanto de las supuestas irregularidades. Aunque fuentes del Ministerio de Seguridad confiaron a Página/12 que tal como ven el conflicto de Ministro Rivadavia no creen que se haya tratado de un caso en el que la retirada del Estado de una zona extremadamente pobre alimentara la violencia que llevó al asesinato, sino que prefieren pensar que fue simplemente una pelea entre bandas. No es así para el juez de garantías Tomás Bravo: “En principio se desprende que los que resultaron víctimas se dedicaban a realizar distintos actos delictivos adentro del barrio, hasta que los vecinos se cansaron, los fueron a buscar y los mataron”. Para Bravo existen suficientes pruebas para que Mauro Chávez, Matías Barandarián, 21, Alexis Marchand Jara, 19, y Rubén Alberto Franco, 22, continúen en prisión mientras se sigue investigando el crimen. La defensora oficial, María Fernanda Mestrin, apelará la calificación del delito. Considera que siendo que por lo menos Japo tenía una escopeta cuando lo tirotearon, y “débiles” los testimonios sobre quiénes apretaron el gatillo, el caso podría tratarse de un homicidio en riña, por el cual la pena máxima sería de ocho años. Mestrin pidió sí la eximición de prisión para un quinto detenido que fue liberado por Bravo, Mario Benítez, un remisero que fue confundido con otra persona que habría sacado del barrio, tras el asesinato de los chicos, las armas con las que los mataron.
En palabras de un testigo directo la sensación para la multitud que presenció el homicidio es que “inconscientemente o por instinto, o porque tiene hijos, uno dice `a este hay que matarlo, porque si no no lo parás con nada`. Después, de repente, uno medita las consecuencias”.