La directora de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, María Alejandra Provítola, confirmó ante la Justicia penal platense que AI investiga a policías por el presunto reclutamiento de menores de edad para cometer delitos. Provítola declaró durante dos horas ante el fiscal penal de La Plata, Marcelo Romero, a cargo de la investigación desatada tras la denuncia del ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, por la presunta instigación al delito de policías y retirados de la fuerza con el objetivo de desestabilizar el gobierno de Daniel Scioli.

Según fuentes judiciales, Provítola “confirmó al fiscal que Asuntos Internos investiga a varios policías y ex policías ante denuncias anónimas que indican que reclutan a menores para cometer delitos, en general robos a mano armada”. La funcionaria entregó copias de esas investigaciones administrativas que lleva adelante esa área y otros expedientes sobre irregularidades en las plantas verificadoras de automóviles, dependencia en la que Stornelli produjo cambios en noviembre pasado.

La mayor parte de las investigaciones corresponde a plantas ubicadas en los departamentos judiciales donde se cometieron los crímenes de la arquitecta Renata Toscano, la maestra Sandra Almirón y la bioquímica Ana María Castro. Además confirmó que “también se investigan causas de narcotráfico en las que puede haber policías implicados” y resaltó que “ante cada denuncia, por orden del ministro Stornelli se inicia la correspondiente investigación interna”.

Stornelli pretende que se investigue si el homicidio de esas tres mujeres ocurridos en el Gran Buenos Aires podría tener conexión con las modificaciones y el relevo de parte de personal policial que se desempeñaba en la Dirección de Prevención del Delito contra la Propiedad Automotor. Al retirarse de los Tribunales platenses, la titular de Asuntos Internos explicó que aportó al fiscal “toda la documentación que solicitó”, aunque evitó referirse al contenido de la investigación.

Romero espera también que la cartera de Seguridad le gire un informe detallado del personal relevado del área de Automotores y dispuso además que el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata César Arias declare por oficio. Arias había denunciado en octubre pasado que integrantes de la Bonaerense “reclutan menores en villas y asentamientos de emergencia a cambio de protección y dinero para que cometan asaltos y crímenes”. En la causa, además de Stornelli, declararon el jefe de la Bonaerense, Juan Carlos Paggi; el superintendente de Coordinación Operativa, Salvador Baratta, y el de Investigaciones en función Judicial y Evaluación para la Prevención del Delito, Hugo Matzkin, que apoyaron la denuncia efectuada por el ministro.