El cirujeo, la actividad que más creció en la Argentina del desempleo, dejará por fin de estar prohibido en territorio porteño. La Legislatura tratará hoy un proyecto que ya fue consensuado entre el oficialismo y la oposición, que dispone la incorporación formal de los cartoneros al sistema de recolección de residuos en la ciudad. De esa manera, el Gobierno de la Ciudad deberá crear un registro de “recuperadores”, como los denomina la norma, y podrá incluso asignarles zonas si se organizan en cooperativas u otro tipo de asociación. También tendrá que impulsar un plan de preselección domiciliaria de residuos, que profundice la actual campaña de la “bolsa verde” para papeles y cartones.
El proyecto que se aprestan a aprobar los diputados porteños declara la “emergencia en materia de higiene urbana” en la ciudad de Buenos Aires, con el objeto de dar una respuesta a la explosión de la actividad de los cartoneros en la ciudad: miles de personas se vuelcan todos los días sobre las bolsas de residuos, para seleccionar en la calle los materiales reciclables como el papel y el cartón, trabajando en condiciones de insalubridad y, muchas veces, bajo la presión de la policía.
Por necesidad, los cartoneros violaron en forma masiva una norma de dudosa legitimidad, y que la realidad convirtió en absurda: la ordenanza 33.581, sancionada durante la intendencia de facto de Osvaldo Cacciatore, que prohíbe la manipulación de residuos a personas ajenas a las empresas autorizadas. Una norma escrita a medida de las compañías recolectoras de basura.
Como la legalización del cirujeo afecta los intereses de las actuales concesionarias –que cobran por tonelada de basura recogida–, la declaración de emergencia para el servicio de higiene urbana habilita al gobierno de Aníbal Ibarra a “revisar las condiciones de los contratos de recolección formal”.
El proyecto, propuesto por el diputado peronista Eduardo Valdés, cae a medida de las necesidades del Ejecutivo: la campaña oficial de separación domiciliaria de residuos nació como apoyo a la actividad de los cartoneros, prohibida por ordenanza.
Esa prohibición dio origen a persecuciones policiales, con secuestro de carros y aplicación de multas, y el consiguiente cobro de coimas para hacer la vista gorda, especialmente en la zona del microcentro, donde ingresan camiones de acopiadores con ejércitos de cartoneros que cobran monedas por la mercancía recolectada.
El proyecto, que tiene el consenso del gobierno, permitirá regularizar en parte esta situación. La creación de un “registro único permanente de recuperadores de materiales reciclables”, el otorgamiento de una credencial habilitante y el reconocimiento de cooperativas y pymes vinculadas con la recuperación de residuos, pretende aislar a las mafias que participan en la actividad.
También permite que la ciudad ahorre en el servicio de recolección: como las empresas cobran por tonelada recolectada, cuanto mayor sea la recuperación por parte de los cartoneros, menor es el gasto por el servicio de higiene urbana.
La organización y el reconocimiento de los cartoneros generaría otras ventajas para los trabajadores: el gobierno deberá implementar programas para proteger la salubridad e higiene de quienes ejercen la actividad. Se supone, además, que la ciudad estará más limpia, ya que si los vecinos clasifican los residuos en sus domicilios, no habrá necesidad de que los cartoneros abran las bolsas y hagan la separación en la calle.
A mediano plazo, la norma presenta beneficios desde el punto de vista ambiental. En efecto, al estimular la recuperación de residuos reciclables –hoy predomina el papel y el cartón, pero también pueden separarse plásticos y vidrio– será menor el volumen de basura destinada a los rellenos sanitarios del Conurbano, hoy al borde de la saturación. La declaración de la emergencia para el servicio de higiene urbana es, además, el comienzo del final del actual sistema de recolección. Los actuales contratos vencen en enero próximo, después de una prórroga de un año, y el gobierno ya prepara los pliegos para la nueva licitación. Las futuras concesionarias no cobrarán por tonelada de basura recogida sino por área limpia. La administración porteña continuará prestando el servicio en un área y el resto se dividirá en cinco zonas, en lugar de cuatro. También se habilitará la posibilidad de implementar experiencias piloto en distintos barrios, con la participación de cooperativas de cartoneros, según revelaron fuentes de la Secretaría de Medio Ambiente porteña.