Desde Mar del Plata

Durante seis horas, el fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler, escuchó el relato de los dos hombres que realizaron los videos que aportan pruebas sobre la existencia de 92 prostíbulos en esta ciudad. Luego de declarar, ambos quedaron bajo el sistema de protección de testigos. Gustavo Vera, dirigente de La Alameda que viene motorizando la investigación de la trata de personas en distintos lugares del país, le dijo a Página/12 que estuvieron reunidos con el fiscal Adler, quien admitió que las 45 causas abiertas con anterioridad a la denuncia de la entidad “avanzan en forma muy lenta y con muchas dificultades”. Uno de los casos paradigmáticos es el del prostíbulo conocido como La Casita Azul, en 20 de Septiembre 57, que sigue abierto a pesar de que sus dueños se encuentran detenidos y con prisión preventiva.

“Una cosa que nos llamó la atención es que el fiscal nos dijo que el gobierno municipal de Mar del Plata nunca ordenó ningún tipo de allanamiento contra los lugares identificados en los que se explota a mujeres. Es curioso porque, supongamos que no puedan actuar en lo que se refiere a la ley de profilaxis, porque eso depende de la Justicia, pero sí lo tienen que hacer para determinar qué tipo de actividad comercial realizan esos lugares que son publicitados en la prensa local.” Todos los días se publican unos 400 avisos en el diario La Capital que promocionan las casas de citas y que ofrecen trabajo bien remunerado a mujeres y travestis.

Tanto Vera como el abogado Mario Fernando Ganora esperan ahora que se realicen allanamientos judiciales en los 92 lugares denunciados. Se cree que en Mar del Plata hay unos 400 prostíbulos en los que son explotadas y esclavizadas unas cuatro mil mujeres. El fiscal Adler, en la reunión con Vera, expresó su preocupación porque todavía siguen abiertos algunos lugares, como La Casita Azul, a pesar de que hubo un pedido expreso de los fiscales de las distintas causas para que fueran clausurados de inmediato todos los departamentos y casas que funcionaban como prostíbulos. “Es evidente que hay jueces, además de los funcionarios policiales, que no ponen la firmeza que hay que poner”, subrayó Vera.

En el caso de La Casita Azul, los principales acusados en la causa son una mujer, Graciela Carabajal, su hijo Cristian, y un hombre al que, en la información a la que tuvo acceso Página/12, sólo se lo menciona como Eduardo, quien sería el concubino de la propietaria. Los tres se encuentran con prisión preventiva domiciliaria en una casa de la calle Remolcador Guaraní.

En la causa también hay otros cuatro hombres imputados. Los acusados principales fueron señalados como responsables de haber reclutado a un grupo de mujeres paraguayas y dominicanas “con fines de explotación sexual, abusando de la situación de vulnerabilidad” en la que ellas se encontraban, “hecho que resulta agravado en atención a la cantidad de víctimas (más de tres) y por haber sido cometido por tres o más personas en forma organizada”.

Está probado, para la Justicia, que en La Casita Azul las víctimas fueron retenidas y obligadas a prostituirse “perdiendo de modo considerable la libertad de elección y de decisión respecto de continuar, cesar o alejarse” de la actividad sexual que debían realizar. Una de las mujeres declaró que vivía en Paraguay con sus padres y una tía, que trabajaba como empleada doméstica y también se dedicaba a cuidar niños. Como es madre de tres chicos, a los que tuvo que dejar al cuidado de sus familiares, viajó a Mar del Plata en enero de 2009 porque atravesaba por “una difícil situación económica”. Comenzó a trabajar en La Casita Azul junto con otras chicas que como ella “duermen en las mismas habitaciones en las que trabajan”.

En forma semanal debían depositar por mandato de los propietarios la suma de “ciento treinta pesos para pagar el alquiler, la luz, comprar profilácticos y papel higiénico”. Al principio dejaban el 60 por ciento de lo que recaudaban. Ese porcentaje quedaba en manos de los proxenetas. Según la fiscalía, el encargado de retener el dinero era Cristian, el hijo de la dueña del local. Las prisiones preventivas de los imputados fueron ordenadas por el juez Rodolfo Pradas y confirmadas luego por la Cámara de Apelaciones. Los delitos quedaron al descubierto, luego de que se dispusieran tareas de inteligencia mediante “un dispositivo de vigilancia especial de modo fijo y dinámico, obteniéndose filmaciones y fotografías” de la actividad que allí se desarrollaba.

A través de la realización de escuchas telefónicas se pudo constatar la presencia de otros cuatro hombres que colaboraban con los responsables del prostíbulo. Lo curioso es que el juez Prados, al igual que otros magistrados que actúan en causas por los mismos delitos, nunca tomó la decisión de clausurar el local, que sigue activo. Esto a pesar de la recomendación de la Fiscalía General para que se pida el cierre de los prostíbulos teniendo en cuenta “la gravedad del delito de trata de personas y en especial, la situación en la que se encuentran inmersas quienes resultan víctimas de él, las que ven gravemente lesionada su dignidad”.