Salta encabeza las estadísticas de desmonte nacional. Según la Secretaría de Ambiente de Nación, en sólo cuatro años, entre 2002 y 2006, el sector privado arrasó 414.934 hectáreas, más del doble del registrado entre 1998-2002. En 2007, superó todas las expectativas: autorizó talar 435.399 hectáreas. La misma secretaría remarca que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente al cultivo de soja, y en segundo lugar para la industria forestal. Ante una presentación de comunidades indígenas y organizaciones campesinas, la Corte Suprema de Justicia ordenó en diciembre de 2008 el cese de desmontes en cuatro departamentos. A pesar de la prohibición del máximo tribunal del país, Página/12 tuvo acceso a imágenes satelitales que evidencian el desmonte ilegal de al menos 9000 hectáreas de la región más deforestada del país.

Desde el gobierno de Salta, la coordinadora del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Elisabeth Prudencio, reconoció que hubo violaciones a la medida de la Corte Suprema, aclaró que no fueron autorizadas por el gobierno salteño, aceptó que éste tiene la función de controlar la situación y aseguró que habrá una “pronta intimación” a las empresas.

La ley 26.331 (también llamada Ley de Bosques) fue sancionada el 28 de noviembre de 2007. Establecía que las provincias no podían emitir nuevos permisos de desmontes hasta tanto no realicen un ordenamiento territorial en sus zonas boscosas por categorías de conservación. “Al momento de la sanción, se daba en Salta un aumento exponencial de solicitudes de desmonte, relacionado con la inminente entrada en vigencia de la ley. Durante noviembre de 2007 se convocó a audiencias de desmonte por 130 mil hectáreas”, denunció la ONG Asociana (Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino) en un completo análisis de los desmontes realizados entre 2004 y 2007, y señaló que los departamentos más afectados son los de mayor presencia indígena.

La ONG detalló, sobre la base de datos oficiales, que en 2006 se convocó a audiencias públicas para desmontar 77.612 hectáreas. En 2007 lo hizo por cinco veces más: 435.399 hectáreas, superior al promedio de deforestación anual de todo el país (280.000 hectáreas).

En diciembre de 2008, la Corte Suprema de Justicia ordenó detener los desmontes y la tala en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, autorizados –presuntamente de manera irregular– por el gobierno provincial días antes que se sancionara la Ley de Bosques.

En mayo último, el dirigente wichí Oscar Lorenzo, de la comunidad Kilómetro 6 de Tartagal, alertó que el desmonte no se había detenido y detalló que los tractores retiraban troncos durante todas las noches. Dos semanas después, Greenpeace confirmó mediante fotografías la destrucción de bosque nativo en la ciudad de Embarcación, también en el norte salteño.

Página/12 tuvo acceso a imágenes satelitales de enero y octubre de 2009. Es notoria la eliminación de áreas verdes en las fincas El Chilcar y La Maravilla. Según técnicos de Asociana y el INTA Salta se trata de al menos 9000 hectáreas desmontadas mientras regía la suspensión del máximo tribunal del país. Ambas fincas habían sido autorizadas a desmontar justamente en el último trimestre de 2007, período sospechado por la Justicia. El caso de la empresa El Chilcar es aún más grosero: fue habilitada a desmontar el 26 de noviembre de 2007, sólo dos días antes de la sanción de Ley de Bosques, que prohibía nuevos permisos.

“Denunciamos la violación de la medida cautelar dictada (suspensión de desmontes) y le solicitamos que continúe la protección de nuestras tierras y recursos naturales”, comienza la carta que los impulsores de la demanda, comunidades indígenas y campesinos, acaban de enviar a la Corte Suprema, para alertar sobre la violación de lo dictado por el máximo tribunal. “El daño causado por los desmontes ilegales durante la vigencia de la cautelar no puede ser dimensionado en su totalidad. Nosotros sólo hemos detectado la situación ilegal en dos fincas, pero nos da la clara pauta de que hechos similares pueden haber sucedido en los departamentos en los que estaba vigente la cautelar”, destaca la carta. Los denunciantes consideran muy probable que existan otros casos similares y solicita a la Corte que se releven la totalidad de los daños en los cuatro departamentos.

En su fallo de marzo de 2009, la Corte Suprema había afirmado que los desmontes “configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible”.

Las imágenes muestran la eliminación de áreas verdes en las fincas El Chilcar y La Maravilla.