A más de cinco meses del conflicto sanitario en la provincia de Santiago del Estero, donde los profesionales cumplen desde hace veinte días un paro por tiempo indeterminado en los principales hospitales provinciales, las complicaciones se profundizan. Dos médicos del Hospital Regional Ramón Carrillo fueron detenidos el lunes acusados de ser los responsables de la muerte de un paciente. Sin embargo, desde la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa), que encabeza el conflicto, su presidente, Jorge Yabkowski, aclaró que el paciente fallecido “tenía un cáncer terminal y permanecía internado a fin de seguir sólo un tratamiento de apoyo, porque su cuadro estaba muy avanzado”. Según el dirigente, “el gobierno (provincial) acordó con ATSA (sindicato de la salud que no participa de las medidas de fuerza y al que era afiliado el paciente fallecido) para hacer una denuncia con el objetivo de quebrar la huelga”, en la que se reclaman mejoras salariales y jubilatorias.

Carlos Morales Oliva y Pascual Llugdar son los dos médicos detenidos el último lunes por orden del juez Darío Alarcón, imputados de “homicidio culposo”. Esta determinación tuvo lugar luego de que el hijo de la víctima revelara que su padre esperó “un mes una intervención quirúrgica” hasta que murió. Sin embargo, la autopsia determinó que Chaparro falleció por una peritonitis, producto de una perforación en el intestino, que no era el motivo de su internación.

El 7 de enero, Pedro Chaparro (afiliado a ATSA) “fue internado en el Carrillo para continuar un tratamiento de control ya que su cáncer de colon estaba muy avanzado, pero no estaba realizando ningún tratamiento específico”, explicó Yabkowski. El 27 de enero último el paciente falleció y “el gremio de ATSA denunció la muerte de Chaparro, culpando a los médicos autoconvocados por falta de atención debido a la huelga”, informó a Página/12 Ana Marchese, titular de la Fesprosa en Santiago del Estero. No obstante, aclaró que “siempre que se toma alguna medida de fuerza se continúa con la atención de los pacientes internados y nunca se levantan las guardias”. Incluso, “los cirujanos que vieron a Chamorro no habían ordenado ninguna intervención y se culpa por el fallecimiento a los médicos clínicos, con lo cual la acusación es un absurdo completo”, señaló Yabkowski.

Uno de los imputados, Morales Oliva, era el jefe de servicio de clínica del Ramón Carrillo, pero “hace unos veinte días había presentado su renuncia al cargo junto a todos los jefes de servicio del hospital, aunque continuaba como médico de planta”, explicó Marchese. Sin embargo, el 13 de enero fue cesanteado.

Los médicos se encuentran detenidos e incomunicados en el Instituto de Cardiología, ubicado en el centro de Santiago, aunque “recién ayer les permitieron ver a sus familias”, comentó Marchese. En repudio de la medida que fue tomada por la Justicia, ayer al mediodía los profesionales de la salud cortaron la calle del instituto donde los médicos se encuentran privados de su libertad.

Desde el gobierno provincial prefirieron no hablar sobre las detenciones. Con respecto al conflicto, el subsecretario de Salud provincial, Benjamín Flores Turk, señaló que “existe un reclamo salarial que se ha convertido en un movimiento político”, dijo que las medidas de fuerza se cumplen solo “en dos hospitales” (uno es el Carrillo, en la capital provincial, y el otro en Añatuya) y que en la situación de la salud en la provincia hay “una mejoría evidente” pese al conflicto.

Informe: Rocío Ilama.