Otra niña, de 15 años, que denunció haber quedado embarazada como consecuencia de los abusos sexuales perpetrados por su padrastro, se presentó en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y pidió que le practicaran un aborto no punible. Pero el centro de salud, que depende de la provincia gobernada por el justicialista Mario Das Neves, se negó de nuevo y obligó así a que el reclamo se judicializara. Con el patrocinio de una defensora oficial, la madre de la niña pidió ayer que se ordenara la interrupción del embarazo o el adelantamiento del parto, dado que la gestación ronda las diecinueve semanas. Es el segundo caso, con características muy parecidas, que conmueve a la ciudad chubutense en pocos días. Ayer por la mañana, por segundo día consecutivo, organizaciones sociales, políticas y gremiales, docentes, vecinos y compañeros de una murga en la que participa A. G., la otra chica que espera el aborto no punible, se concentraron con pancartas y bombos frente a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, para exigir que se autorice con urgencia la práctica médica. Y volvieron a la noche al conocer la sentencia que rechazó el pedido (ver nota central).

A la segunda niña se la llamará María, para mantener su identidad en reserva. Según pudo saber Página/12, la madre se enteró de su embarazo recién dos semanas atrás, cuando el viernes 12 la llevó a la guardia del Hospital Regional porque la muchachita se había descompensado. Los médicos le informaron que la descompostura estaba relacionada con el hecho de que llevaba 17 semanas de gestación. Recién en ese momento según relató luego la mujer en la Defensoría Pública de Comodoro Rivadavia su hija le contó que había sido abusada por su padre, y que los ataques sexuales no eran nuevos, que se venían repitiendo desde que tenía siete años. La madre, entonces, radicó la denuncia en la Agencia de Delitos contra la Integridad Sexual y las Relaciones Familiares, a cargo de la fiscal Liliana Ferrari. El acusado es un albañil, que reconoció a la niña como hija propia desde su nacimiento y le dio su apellido, aunque no era su padre biológico. María se enteró ahora de que no era su padre de sangre.

La madre de María es ama de casa y vive en un barrio de Comodoro Rivadavia. Tiene un hijo mayor que María y otras dos más pequeñas, los tres hijos del albañil. El hombre todavía sigue en libertad. Dejó la casa familiar y vive en un obrador, según trascendió.

Al enterarse del embarazo, la mujer se acercó a la Defensoría Pública y manifestó su decisión de pedir un aborto no punible, para poder guardar material genético que permita probar la violación, igual que planteó Aurora Luisa Fuentes, la mamá de A. G.

Con la experiencia del primer caso –que por esas horas trascendía en los medios, pero cuyo reclamo ya llevaba un mes parado en el Juzgado de Familia Nº 3 a cargo de la jueza Verónica Daniela Robert–, una defensora pública le planteó no judicializar el pedido, dado que se enmarcaba en los supuestos de no punibilidad previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 86 del Código Penal: un embarazo que pone en riesgo la salud de la niña y que es producto de una violación. Con una nota de la Defensoría Pública, que sostenía que se trataba de un aborto no punible y como tal no requería autorización judicial, la mandó directamente al Hospital Regional a solicitar la interrupción del embarazo. Pero el centro de salud rechazó el planteo, según confirmaron fuentes médicas: la respuesta lleva la firma de un tocoginecólogo. El médico hizo una interpretación restrictiva de la ley y argumentó que no correspondía el aborto legal dado que la niña no es débil mental. Y, sostuvo, sólo en esos casos estaría amparado el pedido de la interrupción de un embarazo producto de una violación. De ninguna manera, el Hospital Regional contempló la posibilidad, como ya había hecho con A. G., de que se trate de un aborto terapéutico en función de que el embarazo pone en riesgo la salud psíquica de la niña. Tanto A. G. como María están recibiendo asistencia psicológica.

Ante la negativa del hospital provincial, ayer la defensora pública asignada al nuevo caso decidió encauzar el pedido del aborto en la Justicia y pidió que se ordene rápidamente la interrupción del embarazo o el adelantamiento del parto, para evitar el sufrimiento que significaría llevar la gestación a término. La causa le tocó a la jueza de Familia Nº 2, Diana Silvia Golubcyk de Kazakevich.