Desde Comodoro Rivadavia

El empleado de la casa de electrodomésticos refunfuñaba sin convicción. Era la tercera vez en diez minutos que, al salir de la tienda cargando una megapantalla de televisión recién comprada, topaba con la marea de personas en la puerta. Los carteles de cartón y pintura en aerosol que advertían “El silencio es cómplice. Exijamos justicia” habían resultado efectivos. La primera aparición de una imagen del acusado de haber violado y embarazado a su hijastra adolescente, A. G., aparentemente también. En poco más de dos horas, una treintena de militantes del movimiento de mujeres, de organizaciones sociales y partidos políticos, habían reunido unas 600 firmas con repudio a la decisión judicial que insiste en negar la interrupción del embarazo que atormenta a la jovencita de 15 años. Mientras la abogada de la joven ultimaba detalles de la presentación que hará mañana para rechazar la negativa de la Cámara de Apelaciones, Luisa Fuentes, la madre de A. G,, por primera vez desde que todo comenzó, recibía el apoyo del servicio de acción social de la provincia, luego de las críticas que expresó ayer en este diario por la falta de asistencia. El gobernador Mario Das Neves declinó hablar sobre el caso con Página/12. “Considera que se trata de un asunto estrictamente judicial”, explicaron sus colaboradores.

Cómo sumar voluntades

En Comodoro Rivadavia todo el tiempo, en todo lugar, hay tierra. Las calles, aun cuando la lluvia se ha retirado hace días, pueden estar embarradas; las veredas nunca terminan de limpiarse. En los puestos callejeros, los diarios y las revistas están impregnados de una capa de polvillo apenas se apoyan sobre el mostrador. La vida de la ciudad gira en torno de los devenires del petróleo, algo que se traduciría, por ejemplo, en que miles de sus habitantes son temporarios, o al menos planean serlo. Por ello, han dicho más de una vez en estos días a Página/12, las manifestaciones públicas suelen ser escasas, y cuando existieron, contadas veces se originaron en reclamos laborales. Por un caso así, insisten, nunca. “Es la primera vez que pasa algo así, y también la primera vez que salimos a pedir por algo de este estilo”, señala Magali Stoyanoff, una de las participantes del evento de firmas y escrache, mientras lucha para que el viento no arrase con las planillas.

Del acusado de haber embarazado, al violarla, a la jovencita que cursa alrededor de 18 semanas de gestación, se sabe que está libre. Fuentes de la gobernación señalaron a este diario que se encuentra en disponibilidad, “o sea, sin arma ni placa” desde “hace aproximadamente dos semanas”. En la esquina de San Martín y 25 de Mayo, en cambio, un volante sostiene que hasta hace sólo unos días trabajaba “en la Alcaidía de Comodoro”, porque “haber violado a su hijastra de 15 años no representa impedimento para seguir representando la violencia del Estado”. Elena, una docente que insiste en que “esto es urgente, no se puede dilatar, tiene que resolverse ya”, cuenta que alguien dijo haberlo visto en Trelew, adonde habría sido trasladado en los últimos días. El paradero, a ciencia cierta, es un misterio, pero su rostro y su nombre sobrevuelan las conversaciones tanto como las referencias a la tristeza de A. G.

“A ver qué es esto”, decía una señora muy de shopping de sábado a la mañana tendiendo la mano para tomar uno de los volantes que repartían chicas jóvenes, señores mayores, señoras, muchachos. Al notar la foto del morocho fornido con el pelo cortado al ras, el traje, la advertencia “¡Peligro! Violador suelto”, la mujer parece haberse quemado. “Tomá, no lo quiero ni ver”, dice esbozando una sonrisa y tomando, en cambio, una birome para sumarse a la iniciativa de repudiar, como explicaban las planillas, “la decisión de la jueza de familia Verónica Roberts y el fallo de la Cámara de Apelaciones integrada por los jueces Julio Alexandre, Fernando Nahuelanca y Nélida Melero (la única que votó a favor)”. Pedro, un hombre de piel curtida que supo participar en la radio sobre derechos humanos creada en “el Pietrobelli”, uno de los barrios más pauperizados de la ciudad donde todo es carísimo y no parece haber autos viejos, dice, también él, “es la primera vez”. “Existen abusos, claro que sí, pero no se dio nunca un caso así”, agrega, mientras la docente Elena se ofusca al recordar la decisión de la Cámara. “Es un típico problema de clase. A una chica con recursos no le pasa el tener que llegar a esta instancia. Si tenés plata, te hacés un aborto clandestino antes.”

Cruzando la calle, Romina, la hermana mayor de la niña que insiste en reclamar su derecho a no seguir gestando el producto de la violación, detiene a algunas personas al pasar, les explica el caso, les pide el apoyo en nombre de la familia. “Es un caso difícil de hablar acá”, reconoce Sebastián, productor de una radio local. Más acá, un treintañero con bebé en carrito se acerca y pide firmar, mientras de fondo persiste como una retahíla la batahola de una discusión: una pelirrojísima autodefinida ferviente católica practicante intenta convencer a otra de que pedir la interrupción del embarazo de A. G. es incorrecto. “Mamucha, si nosotros hacemos lo que Dios no quiere, hacemos mal. Esa bebé que fue violada... ese señor le cagó la existencia, sí, tenés razón”, dubita en medio de la exaltación, antes de quedar en silencio cuando escucha “¿Y si se mata la nena? Ella dijo que no quiere vivir si no la dejan abortar.” Esa discusión y el paso raudo de una camioneta negra con vidrios polarizados desde la que alguien hizo asomar la foto de un feto fueron los únicos incidentes de una iniciativa cuyos resultados asombraron a los organizadores. La sorpresa fue tal que al comienzo de la tarde habían decidido continuar con la recolección de apoyos durante el fin de semana, aprovechando la realización de una feria de productos artesanales y las celebraciones de Carnaval, que suelen convocar también a habitantes de pueblos cercanos.