Tres voces por un derecho
Producción: Mariana Seghezzo.
Por María José Lubertino *
“Quedan deudas”
“Una vez más, Argentina tendrá que responder ante la comunidad internacional por no haber garantizado y respetado los derechos de una niña que fue violada. Varios son los motivos. En este caso, no se garantizó la integridad de la chica luego de una violación, no se garantizó la anticoncepción de emergencia a la que tiene derecho toda persona que ha sido abusada, el sistema de salud no respetó el pedido de interrupción del embarazo requerido por la niña y, también, por su familia, se judicializó innecesariamente el caso contrariando lo que ha dicho la Corte Suprema de la Nación y otras cortes provinciales como las de Mendoza y la Ciudad. Además, hubo un total desconocimiento de los tratados y normas internacionales vigentes. Mientras tanto, el tiempo del embarazo transcurre, lo que representa mayores riesgos para la chica en el momento en que se haga efectivo el aborto. En síntesis, como país tenemos una ley integral de violencia contra la mujer, que necesita urgente reglamentación para prevenir y castigar los sometimientos de género, pero además es imprescindible que las provincias y la nación tomen como política de Estado la atención humanitaria de los abortos no punibles y que el Congreso nacional debata una ley que nos permita a las mujeres decidir sobre nuestro cuerpo. Son deudas de la democracia que transcienden a los gobiernos porque son responsabilidad de todo el espectro político.”
Q Legisladora porteña por Encuentro Popular para la Victoria.
Por Marcelo Alegre *
“Ofende a las mujeres”
“En todos los casos de aborto el argumento de la vida del nonato es, por lo menos, discutible. El derecho a la vida no es absoluto y como prueba está la legítima defensa. Además, el Código Penal estableció hace 80 años cuáles son las causales para poder realizarse un aborto no punible y, en este caso, el riesgo de la salud y el embarazo producto de una violación ameritan la interrupción. Es monstruoso que se esté utilizando a una menor y arriesgando su vida para defender una posición ideológica y política. La cuestión sobre el comienzo de la vida en el embarazo no resuelve el problema: sólo desde una visión religiosa se puede decir que hay una persona con vida que se puede imponer por sobre los derechos de una chica violada. La concepción estructural de este pensamiento se transforma en uno de los factores de desigualdad hacia las mujeres y, ciertamente, hay muchos jueces que se prestan a estas maniobras. La idea central es que se puede forzar a las mujeres a ser madres y, en consecuencia, no pueden elegir la maternidad. Es discriminatorio y ofende a todas las mujeres, ricas y pobres. Entonces, hay que recalcar una vez más que los tres poderes están en mora en relación con el derecho al aborto. Los jueces deben respetar el Código Penal y dejar de imponer opiniones de un sector social. Los gobiernos provinciales y nacional deben hacer efectivo el acceso a los abortos no punibles y al protocolo de atención que hizo (el ex ministro de Salud) Ginés González García. Y, por último, el Congreso tendría que dictar una legislación aclaratoria para terminar con toda sombra de duda.”
* Doctor en Derecho de la Universidad de Nueva York y miembro de Igualar, Centro de Estudios sobre Democracia y Constitucionalismo.
Por Eduardo Tavani *
“Un mensaje perverso”
“La mirada de los médicos, de los hospitales públicos y de los magistrados hizo primar una cuestión moral por sobre lo que dice la ley. Frente a una situación de miradas morales se genera un tipo de realidad donde una menor que fue violada tiene que atravesar por cuestionamientos públicos que la ley no establece. Justamente, la norma dice que es una nena que está en condiciones de interrumpir su embarazo, para salir de una situación que no eligió y fue obligada a asumir. Mientras los profesionales de la salud y los jueces se preguntan y repreguntan, están revictimizando a una niña que debería ser protegida según los términos del Código Penal. Es muy grave que las decisiones públicas se tomen sobre la base de las propias creencias. Sobre todo, porque las consecuencias las paga una niña violada y, además, toda la sociedad. Es un mensaje muy fuerte, que se orienta a que el discurso dominante dispone qué se pude hacer y qué no. Sin embargo, es sorprendente que todavía las personas continúen yendo a un hospital público para realizarse un aborto no punible y sigan confiando en la Justicia. Pero en los resultados, nuevamente nos encontramos con las redes del poder. Es un proceder perverso y vejatorio que una menor intente que el Estado la defienda y se encuentra con una maraña burocrática que la deja indefensa y sin justicia. Entonces, el mensaje es claro: es mejor recurrir a la clandestinidad y enfrentar la muerte por abortos mal realizados.”
* Presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.
(Versión para móviles / versión de escritorio)
anterior 
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS 
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux