Dom 07.03.2010

SOCIEDAD  › CINCO OFICIALES DE LA BONAERENSE IMPLICADOS EN UN CHANTAJE

División asuntos extorsivos

Un comisario, un inspector y otros tres oficiales fueron separados de sus cargos por pedirle 50.000 dólares a un hombre para no armarle una causa por drogas. Un allanamiento con una bolsa llena de un polvo blanco.

Un comisario, un oficial inspector, un teniente y dos subtenientes de la Policía de la provincia de Buenos Aires fueron separados preventivamente de sus cargos por estar todos imputados en una investigación por “una presunta extorsión” en perjuicio de un hombre al que le habrían exigido el pago de 50.000 dólares “para no armarle una causa por drogas”. Previamente a la imputación, los policías realizaron un allanamiento en la casa del denunciante, ubicada en la localidad bonaerense de La Reja, partido de Moreno. La investigación fue realizada por el Departamento de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense y los cinco policías son integrantes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata. Los uniformados fueron acusados por extorsión ante la Justicia Federal del partido bonaerense de Morón.

El denunciante, Jorge Giménez, precisó que los policías le exigieron una suma de 50.000 dólares para no armarle una causa por drogas en su contra. El hombre aclaró que, hasta ahora, “sólo había pagado cinco mil pesos”. El allanamiento policial se hizo el jueves por la noche. Los agentes tenían puesto su uniforme reglamentario y aseguraron ser los responsables de una investigación por drogas.

Una vez adentro de la vivienda, en la calle Calderón 525 de La Reja, a seis cuadras de la Autopista del Oeste, los uniformados mostraron un orden de allanamiento que supuestamente involucraba al dueño de la casa en una causa por drogas. Giménez detalló que los hombres “que se identificaron como policías de la DDI y Narcotráfico de La Plata” atemorizaron a su mujer, a sus cuñados, que estaban con sus dos hijas pequeñas, y los llevaron a una habitación de la casa “para que no pudieran ver nada de lo que pasaría afuera”.

Con posterioridad ingresaron a la casa dos testigos que habían sido llevados por los policías. Mientras esto ocurría dentro de la casa, un vecino de Giménez llamó a la policía de la zona, que no intervino finalmente porque fueron notificados de que se estaba haciendo un allanamiento, por lo que sólo tomaron los nombres de los responsables del operativo. Los policías platenses, a cargo del allanamiento, sacaron de la casa “una bolsa con sustancia blanca que ellos no me mostraron, sólo me dijeron que era cocaína pura y que me iban a armar una causa”, aseguró el denunciante. Entonces fue que le dijeron que si quería evitar estar involucrado en ese expediente tenía que darles “50 mil dólares”.

“Yo me sentía acorralado, les dije que la plata la tenía que ir a buscar en (el barrio porteño de) Constitución, a donde fue mi cuñado y yo me quedé en la casa con otros dos policías”, relató Giménez. De acuerdo con su explicación, una vez que entregó los cinco mil pesos a los encargados del allanamiento, los dos efectivos que se habían quedado en su casa se fueron.

Giménez se dirigió luego a la Fiscalía Federal Uno de Morón, donde denunció lo sucedido, por lo que comenzó una investigación judicial. La fiscalía comunicó la denuncia a la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, para que abriera un sumario. La dependencia del gobierno bonaerense dispuso un allanamiento en la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, una inspección a la casa de La Reja donde se registró el hecho denunciado. Un equipo de investigadores escuchó allí al denunciante.

Con todos los datos obtenidos, que ponen en dudas la actuación de los cinco policías, el Ministerio de Seguridad bonaerense resolvió separar de sus cargos, mientras dure la investigación, a un comisario, a un oficial inspector, a un teniente y a dos subtenientes de la mencionada DDI.

Por su parte, la Fiscalía Federal de Morón se declaró incompetente por el tipo de delito que se investiga (extorsión y no tráfico de drogas) y la causa quedó ahora en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno del Departamento Judicial Mercedes, cuyo fiscal a cargo continuará la pesquisa, con el control de un juez de Garantías.

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