Cuatro personas acusadas de promover la prostitución y de esclavizar a mujeres –algunas de ellas extranjeras y menores de edad– podrían ser condenadas a penas de entre seis y 22 años de prisión, si se tiene en cuenta el pedido formulado ayer por el fiscal de San Martín Raúl Sorraco. El principal acusado es Vicente Serio, propietario de tres burdeles que funcionaban en locales habilitados como café concert ubicados en las localidades bonaerenses de José C. Paz, San Fernando y San Miguel. En una causa paralela, que en cuatro meses podría llegar a juicio oral, están imputados 19 funcionarios municipales y policiales, entre ellos el actual secretario de Gobierno de San Miguel, Oscar Zilochi, hombre de confianza del intendente Aldo Rico. El escándalo provocó en su momento la renuncia del ex jefe de la Policía Bonaerense comisario Amadeo D’Angelo, cuyo nombre figuraba en la agenda personal de Serio.
Uno de los principales argumentos expuestos por el fiscal, a la hora de pedir las condenas más duras, fue la presencia en los prostíbulos de al menos dos menores, oriundas de Paraguay, que habían sido traídas al país por miembros de la organización delictiva. Aunque las jóvenes ya regresaron al Paraguay, el fiscal logró la incorporación, por lectura, de sus testimonios. Los acusados fueron descubiertos a partir de una investigación periodística realizada por “Telenoche Investiga”. Una cámara oculta registró el testimonio de Serio, quien afirmó que le pagaba 18.000 pesos por mes a las autoridades políticas y a la policía para poder desarrollar su actividad clandestina.
En la causa paralela, por cohecho, están procesados Zilochi, otros allegados al intendente Rico y un número importante de policías. En la causa contra Serio y los demás responsables directos del funcionamiento de la red de prostitución, en estos días declararon varios miembros de la Policía Bonaerense. Seis de ellos sorprendieron al auditorio cuando negaron tener conocimiento alguno sobre los prostíbulos que funcionaban en los boliches “Hawai”, “Los Isleños” e “Imagina”. En la audiencia de ayer, el fiscal Sorraco pidió las penas durante su alegato ante los miembros del Tribunal Oral 6 de San Martín.
Sorraco pidió 22 años para Vicente Serio por los delitos de “promoción y facilitación de la prostitución de mayores y menores, tráfico de personas para el ejercicio de la prostitución y privación ilegítima de la libertad”. Este último cargo se debe a que quedó demostrado que las mujeres eran retenidas en habitaciones que eran utilizadas como celdas. El fiscal solicitó 15 años para José Francisco Bogado; 11 años para Juan Carlos Pacheco y seis años y medio para la concubina de Serio. Los tres hombres están detenidos y son considerados co-autores de los mismos delitos, mientras que la mujer sigue en libertad y es considerada “partícipe secundaria” de la organización.
El testimonio de las dos menores fue incorporado por lectura, luego de que fuera certificada la edad de ambas. El trámite fue realizado por la embajada del Paraguay en Buenos Aires y el dato fue certificado por la policía paraguaya. Las dos víctimas tenían 14 y 15 años al momento de ocurridos los hechos. Mañana, el defensor público Fernando Lagare y el abogado contratado por Serio, Víctor Stinfale, formularán sus alegatos y se conocerá la fecha y la hora en la que se leerá el veredicto.
El debate oral y público había comenzado el 11 de noviembre, pero el fiscal recusó a uno de los jueces, Eduardo Frato, porque ese nombre figuraba en la agenda de Serio. El magistrado, tras conversar con sus colegas, se excusó y el debate quedó suspendido hasta tanto se designó al reemplazante. La designación recayó en la jueza Solange Gambet. El caso se conoció en julio del año 2000, tras la investigación de la televisión. Las mujeres, varias de ellas menores, eran traídas ilegalmente desde el exterior y para encubrir la maniobra se pagaban coimas a los funcionarios policiales y municipales. En esa causa paralela, uno de los investigados es el ex presidente del Concejo Deliberante de San Miguel Claudio Pérez.