Los diputados del bloque Nuevo Encuentro presentaron en el Congreso nacional un proyecto de ley para que toda mujer pueda decidir la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. Después de ese plazo, regirán las mismas excepciones que en la actualidad contempla el artículo 86 del Código Penal respecto de los abortos no punibles. De todas maneras, y según especifica con claridad el texto, “en ningún caso será punible la mujer que causare la interrupción de su propio embarazo o consintiere en que otro se la causare”.

“Sacar de la clandestinidad a los abortos salva vidas”, sostuvo el diputado por Nuevo Encuentro Martín Sabbatella. En diálogo con Página/12, relató los alcances políticos, sociales, institucionales y sanitarios que posibilitan la discusión en torno del “derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo”: es necesario “dinamizar los proyectos que ya existen –como el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que se presentará de nuevo el martes próximo–, generar una discusión responsable y profunda en el Parlamento y consensuar entre todos para que el problema se resuelva y no mueran más mujeres en Argentina”.

El proyecto de ley fue presentado en el Parlamento el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo último. Entre sus fundamentos, los diputados que firmaron la iniciativa –Sabbatella, Vilma Ibarra, Carlos Heller, Ariel Basteiro y Jorge Rivas– destacaron que en el país “las complicaciones del aborto constituyen una de las principales causas de muerte materna”. Según se argumenta en el texto, “hay evidencia irrefutable a nivel internacional que ejemplifica que la despenalización y regulación del aborto ha sido un avance en tanto ha significado la fuerte reducción” de la mortalidad de las mujeres.

Los avances propuestos en materia legislativa por la flamante Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo española fueron recuperados en el texto presentado por Nuevo Encuentro. Mientras que el proyecto que sirvió de antecedente fijaba la interrupción del embarazo en la semana 12 de gestación, la actual iniciativa establece que la mujer puede decidir abortar antes de las 14 semanas.

Más allá de ese tiempo, las mujeres podrán interrumpir voluntariamente su embarazo en cualquiera de las siguientes circunstancias, a saber: si es “producto de la comisión de un delito contra la integridad sexual, mientras sea inviable la vida del feto con independencia del cuerpo de la mujer”, “si existiese peligro para la vida o la salud de la mujer; entendiéndose a la salud conforme la define la Organización Mundial de la Salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social” y “si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de la vida extrauterina”. El proyecto también procura asegurar a las mujeres el acceso a los servicios y procedimientos del aborto legal, seguro y gratuito en la red de salud estatal, de las obras sociales y privadas. Y, en su artículo 6º establece que los médicos o el personal auxiliar “que tengan objeciones de conciencia para intervenir en los actos médicos necesarios para la interrupción voluntaria del embarazo deberán comunicarlo a las autoridades de los establecimientos a los que pertenecen dentro de los treinta días” contados a partir de promulgación de la ley.

“Despenalizar el aborto es un problema de debate que lo tenemos que institucionalizar dentro del Congreso”, explicó a este diario Sabbatella y agregó: “Es una cuestión que hay que discutir, porque la interrupción del embarazo es muy traumática y está claro que la clandestinidad agrega padecimiento psicológico y produce un mayor riesgo en términos de salud”.

A diferencia de lo que sucedió con los dos casos de abortos no punibles en Comodoro Rivadavia, el proyecto de Nuevo Encuentro establece literalmente que en ninguna situación se requerirá la intervención o autorización de las autoridades judiciales o administrativas para practicar la interrupción voluntaria del embarazo. En la iniciativa, la excepción a la regla son las chicas menores de 14 años, que necesitarán del “consentimiento de al menos alguno de sus representantes legales” para poder realizarse un aborto.

De todas maneras, y en caso de aprobarse el proyecto, en ningún caso corre riesgo la libertad de la mujer que necesite y elija interrumpir su embarazo. Un fundamento: “No hay dudas de que mediante la despenalización del aborto no se promueve su práctica, sino el reconocimiento de los derechos sexuales, reproductivos y la salud integral de las mujeres como derechos humanos”.

Con el proyecto de ley de legalización del aborto, “tenemos la intención de reiniciar el debate parlamentario y cortar transversalmente a todos los bloques y partidos, generar consenso y poder aprobar una ley que salvará muchas vidas”, estimó el titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella.

Informe: Mariana Seghezzo.