La mayor parte del terreno, incluso el curso de agua, es un territorio ocupado por las máquinas de la empresa inmobiliaria Eidico. La compañía trabaja en el movimiento y relleno de suelos para continuar con la construcción de un barrio privado. En un costado muy pequeño, a la vera del canal Villanueva y sobre la calle Brasil, se encuentra desde fines de febrero el campamento de vecinos y representantes de comunidades indígenas que, “en defensa del patrimonio público y cultural” –tal como lo marca su estandarte–, resisten a los avances de la empresa que continuó con sus obras sobre los restos de un sitio arqueológico, Punta Canal, en la localidad de Dique Luján, partido de Tigre. Además, en el espacio de la disputa, las topadoras arrasaron con la flora y fauna del lugar, y avanzaron sobre los humedales, que cumplen un rol importante, ya que potabilizan el agua y evitan que los terrenos aledaños se inunden.

Las carpas que forman el campamento del Movimiento en Defensa de la Pacha, integrado por vecinos y representantes de distintas comunidades indígenas, como mapuches, quechuas, collas y tehuelches, lograron frenar por el momento los trabajos sobre el sitio arqueológico. No obstante, la empresa continúa con sus obras en el lote contiguo y en el Canal Villanueva, que con una draga rellena el terreno.

Eidico comenzó con sus emprendimientos inmobiliarios en la zona de Tigre a fines de los ’90. En ese momento, se inició el megaproyecto del Complejo Villa Nueva, que incluye 11 barrios privados, algunos de ellos aún en construcción. Punta Canal se encuentra rodeado por tres de esos countries, Santa Catalina, San Marco y San Benito.

Aunque “a finales de 2009 la compañía puso un alambrado alrededor del sitio e instaló en el lote de al lado una casa prefabricada, donde habita una familia, siempre pudimos entrar libremente a hacer nuestras ceremonias y actividades”, aseguró la mujer. Desde el 14 de febrero ya no pudieron hacerlo, y unos días después las máquinas comenzaron a trabajar. El 19 de febrero los vecinos se organizaron y lograron retraer el avance de las máquinas y montaron un acampe que, hasta el momento, vigila las 24 horas . “Nos vamos a quedar acá hasta que tengamos la certeza de que este sitio va a ser preservado y devuelto a la comunidad”, resaltó.

Punta Canal, un territorio de pueblos que hace mil años habitaron Buenos Aires, fue llamado de esa forma porque está ubicado en la punta donde se une el Canal Villanueva y el arroyo Garín, en Dique Luján. Sin embargo esa punta ya no existe. Eidico realizó la apertura y extendió el curso de agua del Villanueva para hacer la entrada de uno de sus barrios, Santa Catalina, que se encuentra erguida en frente del predio en disputa y –según indicaron los acampantes– debajo de la cual quedó otro sitio arqueológico, llamado Garín. Además, sobre las tierras donde se asientan los restos de Punta Canal, también llamado por los vecinos Punta Querandí, existe un terraplén ferroviario de principio de siglo XX, que unía las localidades de Ingeniero Maschwitz, en Escobar, y la de Dique Luján. Por este motivo, los vecinos sotienen que ese terreno es del Estado.

“Las tierras eran de la Onabe, Eidico se la compró hace más de dos años. Hoy la compañía tiene el boleto de compra venta y sólo falta la escritura, que está en proceso”, señala Jorge O’Reilly, director de Eidico. Sin embargo, Carlos Arrambiede, otro de los vecinos que viven a metros de Punta Canal, indicó que él pudo acceder a los expedientes de Onabe, antes de que se transformara en la actual ADIF. En ellos, “una de las cláusulas indica que los propietarios de los predios contiguos tienen derecho a adquirir las tierras que administra la Onabe, pero si nadie las reclama. Si alguien lo hace, la transacción queda nula”, explicó Carlos. Esta cláusula también fue confirmada por el concejal de Tigre Luis Cancelo, que adhiere y trabaja sobre el reclamo de los vecinos: “Esto es así, y sobre esa cuestión insistimos para que el Estado dé marcha atrás con la venta”.

Más allá de esta cuestión, lo que está en medio de la polémica es un sitio arqueológico, que en noviembre de 2008 el Senado bonaerense declaró de interés. O’Reilly dijo que “antes de comenzar las obras en Villanueva, se encomendó un estudio de impacto y rescate arqueológico en toda la zona, que fue realizado por dos profesionales del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, del Conicet, Daniel Loponte y Alejandro Acosta. Luego de relevar el lugar y retirar los materiales con eventual valor arqueológico, los especialistas concluyeron que se podía disponer del terreno”. La excavación se realizó en diciembre de 2008 y se rescataron diez mil piezas. “Ese proceso fue concretado por la insistencia de los vecinos y las permanentes denuncias”, aclaró Graciela. Sin embargo, señaló que “se hizo en un rectángulo muy pequeño” y que “los trabajos duraron sólo diez días. Además, no se realizó un sondeo en todo el terreno, hay material que sigue apareciendo”.

Loponte dijo que hubo un sitio arqueológico, pero “ya no existe”. Punta Canal había sido parcialmente destruido a principios del siglo XX con la construcción del terraplén ferroviario. Luego a fines de los ‘90, se realizó una ampliación del Canal Villanueva y se lo destruyó en un 90 por ciento, y también completamente al sitio Garín. Cuando surge el reclamo sobre Punta Canal, la empresa cita a los antropólogos para constatar su existencia. Ese lugar está protegido por la Ley Nacional 25.743, que protege todo el patrimonio arqueológico y paleontológico de la Argentina. Según Loponte, la legislación indica que se puede proceder de tres modos: Resguardarlo por completo, minimizar el impacto para lograr preservarlo, o realizar una arqueología de rescate, que consiste en hacer una excavación para liberar el terreno. Esta última opción fue la que se utilizó en Punta Canal, “porque el sitio era muy pequeño”, informó el especialista.

“La postura oficial, de los antropólogos y de la empresa, es que ya no existe un sitio. Pero la verdad es que sólo basta verlo para darse cuenta de la cantidad de material que existe aún en el lugar”, aseguró Cancelo. Julio Maiza, de la comunidad quechua, resaltó: “Tenemos leyes nacionales y provinciales que nos avalan”.

Informe: Rocío Ilama.