SOCIEDAD › UN INFORME ASEGURA QUE EL SERVICIO DE HIGIENE URBANA EN CAPITAL ES EL MáS CARO DEL PAíS
En cinco años, las empresas fueron beneficiadas con ocho redeterminaciones de precios, con lo que el costo casi se cuadruplicó. Un interbloque de la oposición elaboró un informe que muestra esas ganancias extraordinarias. El caso de la empresa Integra.
› Por Eduardo Videla
La recolección de residuos puede llegar a ser el mejor negocio en la ciudad de Buenos Aires: una de las cuatro empresas prestadoras del servicio llegó a registrar utilidades de hasta el 21 por ciento en un año, cuando los cálculos originales, al momento de presentar la oferta para la licitación, preveían un más que aceptable 8 por ciento anual. En más de cinco años de servicios, las empresas han sido beneficiadas con ocho redeterminaciones de precios, casi dos por año, con lo que el costo casi se cuadruplicó, de 266 millones presupuestados en 2004 a 1014 millones pagados el año pasado. Semejante crecimiento hace que el servicio de higiene urbana en la ciudad sea el más caro del país: Buenos Aires gasta 334 pesos por habitante mientras que Córdoba eroga 176 pesos y Rosario 132 pesos, casi tres veces menos. Los números forman parte de un estudio realizado por el interbloque de legisladores porteños de Igualdad Social, Proyecto Sur y Diálogo por Buenos Aires. Pese a tanto gasto, la ciudad está lejos de ser un ejemplo de pulcritud.
El contrato del servicio de higiene urbana es el más oneroso que tiene la administración del Gobierno de la Ciudad. En agosto de 2004 se aprobó la licitación para prestar el servicio en cinco zonas, por cuatro años. El 20 de febrero de 2005 comenzó la prestación del servicio. Ese año, el gasto en higiene urbana representaba el 6,2 por ciento del presupuesto de la ciudad. Cuatro años después, en 2008, trepó al 7,1 por ciento y las proyecciones para este año lo llevan por encima de esa cifra.
“Pese a lo costoso que resultaba el servicio, el gobierno porteño decidió en 2009 prorrogar un año más el contrato en lugar de llamar a una nueva licitación reformulando el esquema para disminuir su peso en el presupuesto”, opinó el legislador Martín Hourest (Igualdad Social).
Por entonces, el Ejecutivo impulsaba una nueva licitación por 10 años, que no logró acuerdo legislativo ya que no cumplía con las metas previstas por la Ley de Basura Cero, que obliga a reducir el volumen de basura que se entierra en los rellenos sanitarios del conurbano. Resultado: se cumplió el año de prórroga en febrero de 2010 sin que estuviera en marcha la nueva licitación, y el gobierno de Mauricio Macri resolvió concederles a las empresas un nuevo plazo para seguir explotando el servicio.
“El desmesurado crecimiento observado en el gasto destinado a la recolección de basura respecto de la previsión original se explica principalmente por las repetidas redeterminaciones de precios sobre los valores de oferta de las empresas”, sostiene Hourest, después de analizar los balances de una de las compañías prestadoras –publicados en la Comisión Nacional de Valores– y comparar las utilidades con los ajustes de precios que obtuvo esa empresa. “El análisis muestra que las redeterminaciones de precios significaron para las prestadoras del servicio ganancias extraordinarias muy por encima de sus previsiones”, añadió el legislador.
Para Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires), con el contrato vencido, “es necesario un debate legislativo que le dé respaldo, en una ley, a un nuevo modelo de gestión de residuos y fortalezca la actual situación contractual”. Este legislador, junto a Hourest y Sergio Abrevaya (Coalición Cívica), presentó un proyecto de ley marco para el futuro contrato de recolección de residuos que propone una nueva relación con las empresas.
El servicio de recolección de residuos y limpieza fue adjudicado a cinco empresas: la zona 1 (Centro, La Boca, Barracas. Balvanera y Retiro) a Cliba; la 2 (Palermo. Colegiales y Belgrano) a AEBA; la 3 (Caballito, Parque Chacabuco, Boedo y Pompeya) a Urbasur; la 4 (Flores, Floresta y Liniers) a Nittida, y la 6 (Chacarita, Agronomía, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón y Saavedra) a Integra. En la zona 5 (Villa Lugano y Mataderos) presta servicio el estatal Ente de Higiene Urbana.
La UTE Integra está conformada por la sociedad entre Industrias Metalúrgicas Pescarmona (con un 60 por ciento) y Martín y Martín SA (con un 40 por ciento). La zona 6 le fue adjudicada por un valor mensual de 3.590.000 pesos mensuales. Según las cifras que surgen de la resolución 1098/08 –que otorgó una de las redeterminaciones de precios a las empresas–, este valor de oferta preveía una rentabilidad neta sobre ventas del 8,04 por ciento, según el informe. “Toda rentabilidad superior a este nivel se trataría de rentabilidad extraordinaria, derivada de ingresos superiores a los esperados como retribución por el desarrollo de la actividad por parte de la empresa proveedora del servicio”, dice el estudio, al que accedió Página/12.
El trabajo toma a la firma Integra por ser la única que tiene sus balances publicados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Así, el balance anual que abarca el período noviembre 2005 a octubre 2006, revela que Integra tuvo un margen del 9,5 por ciento, un 20 por ciento más que lo esperado. La rentabilidad extraordinaria recibida por la empresa durante este ejercicio fue de 1,49 por ciento, siempre según el estudio.
Sin embargo, por medio de los decretos 1869/05 de diciembre de 2005, el 1538/06 de septiembre de 2006 y el 2356/06 del 28 de diciembre de 2006 se redeterminan los precios del servicio y se reconocen mayores costos.
Por medio del decreto 189/07 de enero del 2007 se incorporaron nuevas actividades a realizar por la empresa: contenerización de residuos húmedos, residuos secos, servicios extraordinarios y provisión de contenedores. Ahí se produjo una nueva redeterminación de precios.
Al año siguiente, de acuerdo al análisis que hicieron los legisladores, los indicadores muestran una mejora significativa en los resultados de la empresa con relación al ejercicio anterior. La rentabilidad alcanzó el 21 por ciento, superando casi 3 veces la estimada en la oferta de la empresa en el momento de la licitación. “La rentabilidad extraordinaria correspondiente a este ejercicio fue de 13,28 por ciento de las ventas totales. Es decir, 9,7 millones de pesos, la mitad del patrimonio neto de la empresa. Sin embargo, pese a estos resultados extraordinarios, las redeterminaciones de precios continuaron durante el siguiente ejercicio”, afirma el estudio.
El impacto de las renegociaciones se refleja en los resultados correspondientes al ejercicio finalizado en septiembre de 2008. Allí el informe observa una rentabilidad extraordinaria del 11,59 por ciento, es decir, más de 14 millones de pesos. Sin embargo, en julio de 2009, se suscribió un acta-acuerdo entre el gobierno y la empresa Integra en la cual se le reconoce la suma de 8.085.532 pesos para el período marzo 2008 a mayo 2009. “Es decir, que Integra había cerrado su balance con una rentabilidad muy superior a la estipulada en el contrato y, sin embargo, meses después de concluido el ejercicio se le transfieren recursos en concepto de redeterminaciones de precios por reconocimiento de mayores costos”, observó Hourest. Nuevamente, en noviembre de 2009 se reconoce a la empresa la suma de 17.877.000 pesos para el período julio 2008 a septiembre 2009. En diciembre se firma un nuevo acuerdo: la octava redeterminación de precios de los servicios básicos del contrato y la quinta redeterminación de los nuevos servicios por lo cual se le reconocen a Integra otros 10.191.000 para el período diciembre de 2008-octubre de 2009. “Si suponemos que la rentabilidad extraordinaria percibida por la empresa Integra es similar a la de las otras, podemos calcular el total de recursos extraordinarios transferidos a las empresas recolectoras de basura en la ciudad durante los años 2006, 2007 y 2008 en 172 millones de pesos”, afirma Hourest.
“El sentido común obligaría a realizar un análisis similar al realizado en este trabajo observando la estructura real de costos de todas las empresas en función de sus balances para evaluar si los costos que se consideran como punto de partida son adecuados o no antes de conceder una redeterminación de precios –sostiene el legislador–. Pero el sentido común no siempre se aplica en la administración y estas decisiones han permitido transferir a las empresas de recolección sumas millonarias, ya sea por incompetencia o por complicidad.”
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