El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas emitió su informe final sobre la situación racial en la Argentina. Si bien el organismo mostró algunos avances con respecto a esa situación en el país, marcó falencias e hizo recomendaciones que deberán ser trabajadas “con urgencia” por el Estado argentino. En el escrito, una de las principales advertencias hace referencia a una de las problemáticas que se replica en distintas provincias: la apropiación de tierras que pertenecen a los pueblos originarios: “El Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas necesarias y efectivas para asegurar que la legislación que prohíbe los desalojos forzosos se aplique por igual en todo el territorio nacional”. Además, reclama “que el Estado investigue eventos recientes de desalojo de pueblos indígenas, sancione a los responsables y compense a los afectados”.

El informe requiere que se “instaure mecanismos adecuados para llevar a cabo consultas con las comunidades que puedan verse afectadas por proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales con el objetivo de obtener su consentimiento libre, previo e informado”. La ley nacional 26.160 frenó por cuatro años los desalojos de las comunidades originarias. Si bien fue extendida por un plazo igual, el Comité reclama su aplicación en todo el territorio, ya que seis provincias, Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán, Chaco y Neuquén, no han aceptado aplicarla.

Andrea Pochak, directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), destacó que el informe llama a que los temas indígenas “deben formar urgentemente parte de las políticas y la agenda pública, ya que existe una situación muy grave de violación de derechos humanos contra esos pueblos”. Además resaltó que el Comité solicita al Estado la adopción de medidas para lograr “una adecuada represen- tación y participación indígena”. El CELS presentó, junto a otras organizaciones sociales, un informe alternativo al oficial en el Comité.

La Argentina forma parte de distintos tratados internacionales, algunos incluidos en la Constitución Nacional, como el de la Convención Internacional Contra la Discriminación Racial. El Comité de Naciones Unidas es el encargado de velar por su cumplimiento. Para ello, los distintos Estados deben presentar informes periódicos que indiquen las medidas que fueron tomadas al respecto. En febrero de 2010 fue el turno de la Argentina. Luego de recibir hace algunos meses el informe de la República Argentina, que debió defenderlo durante las audiencias realizadas entre el 15 de febrero y el 12 de marzo, el organismo lo evaluó y aprobó una serie de observaciones en las que se incluyen aspectos positivos, pero también recomendaciones.

Entre los avances que reconoce el Comité se destacan “la creación de instituciones implementadas para combatir la discriminación racial y tendiente a promover y coordinar la políticas públicas en materia indígena”, tales como el Inadi, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, detalla el escrito. Además, “observa con satisfacción” las medidas para evitar los mensajes discriminatorios en los medios de comunicación y la implementación de la Ley Nacional de Migraciones, vigente desde enero de 2004.

Entre sus veintitrés recomendaciones, uno de los puntos destacados es el que llama a “reconocer e integrar” a los afrodescendientes, que “han sido bastante invisibilizados en el país”, afirmó Pochak. También pide políticas para una mayor inclusión de los migrantes y recomienda al Estado que “intensifique los esfuerzos para lograr el reconocimiento de un país multiétnico”.

Informe: Rocío Ilama.