El Senado de la provincia de Buenos Aires sancionó el miércoles una nueva reforma al Código Procesal Penal bonaerense que limita las excarcelaciones para quienes cometen delitos con armas o utilizando menores de edad. Esencialmente prevé que al momento de resolver sobre la excarcelación, los jueces tengan en cuenta que el Código Penal agravó en un tercio la escala de la pena para estos casos. Estandariza así una forma de interpretar la ley que muchos jueces ya utilizan (esa remisión al Código Penal) y provoca que en la práctica se restrinja aún más la posibilidad de acceder a este beneficio. La reforma es un nuevo parche al maltratado Código Procesal Penal de la provincia, que no tendrá efectividad en la pretendida disminución de la “inseguridad” o la disminución del índice de delitos. Es un nuevo espasmo de un gobierno que ha retomado las políticas provinciales de mano dura y mayor prisionización que como gobernador inaugurara Carlos Ruckauf sin éxito alguno.

Por el contrario, las mayores restricciones a las excarcelaciones seguirán profundizando la crisis estructural en la que se encuentra el sistema de encierro provincial que ya aloja a más de 30.000 personas. Entre cárceles y comisarías la sobrepoblación asciende a más del 60 por ciento. Las personas se alojan como animales, no reciben alimentos ni medicamentos, se los tortura de manera sistemática y se vulneran todos los derechos previstos en la normativa constitucional e internacional. Estas cuestiones fueron señaladas por el Comité de DD.HH. de las Naciones Unidas al Estado argentino, en las audiencias celebradas en Nueva York la semana pasada. El Comité de la ONU transmitió la enorme preocupación de la comunidad internacional por la cantidad de personas detenidas con prisión preventiva y la aplicación sistemática de la tortura. La provincia marcha en sentido contrario, pese a que el Estado nacional reconoció los problemas mencionados y anunció su compromiso con modificar esta realidad.

Por otro lado, esta nueva reforma es un claro mensaje a los jueces para que utilicen aún más la prisión preventiva. Contra lo que se cree, los detenidos no entran por una puerta y salen por la otra, quedan detenidos más de tres años promedio en prisión preventiva esperando una sentencia que diga si es culpable o inocente. Con el agravante de que una de cada cuatro personas que llegan a juicio son absueltas (inocentes).

Este proyecto no fue consensuado con los actores del sistema, como se dijo, ni será inocuo como alegan los senadores de la oposición que mayoritariamente sumaron sus votos. Agravará las violaciones de derechos humanos de las personas detenidas.

También la reforma incluye la posibilidad de que los jueces consideren la reiteración de delitos para negar las excarcelaciones, lo que aumentará aún más la ratificación de las preventivas. El proyecto se fundamentó en que será para “dotar a la Justicia de nuevas herramientas para que pueda actuar con la máxima certeza y equilibrio al momento de decidir sobre temas esenciales como, entre otros, la libertad o el encarcelamiento de una persona”. Una nueva falacia.

En estas instancias los discursos desaparecen y sólo quedan los actos. La reforma que fortalece las políticas autoritarias del gobernador fue aprobada por los bloques del Frente Para la Victoria, el PRO, la UCR y el GEN. Sólo la Coalición Cívica votó en contra. Lamentablemente, el Senado provincial dio un paso hacia atrás en la vigencia del estado de derecho.

* Coordinador del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria.