La Corte Suprema de la Nación requirió a la Suprema Corte bonaerense que “tome intervención” ante “las condiciones inhumanas de detención” en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires. El más alto tribunal responde así a una denuncia del CELS sobre el incumplimiento del fallo de la propia Corte Suprema, que en 2005 condenó la sobrepoblación, violencia e inseguridad de las cárceles bonaerenses, requirió poner fin al uso de las comisarías como lugares de detención y pidió cambiar el Código de Procedimientos provincial porque no respetaba las garantías constitucionales. Según el CELS, hasta 2007 se registraron algunas respuestas positivas, pero desde entonces, cuando asumió el gobernador Daniel Scioli, las condiciones han vuelto a deteriorarse cada vez más.

“Frente a la presentación efectuada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en la causa ‘Verbitsky, Horacio s/habeas corpus’, póngase en conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires el incumplimiento que se denuncia, a fin de que tome intervención”, requiere el oficio firmado por Ricardo Luis Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de la Nación. Y solicita que la Corte bonaerense “en punto a las condiciones inhumanas de detención considere especialmente la preservación de la seguridad y de la integridad física de las personas privadas de la libertad y la prevención de incendios que pudieran originarse en la combustión de materiales como el poliuretano de los colchones”. El documento, que se dio a conocer ayer, lleva fecha del 23 de febrero.

El CELS había denunciado “el incumplimiento del fallo ‘Verbitsky’ de 2005, en el cual la Corte Suprema de la Nación había condenado a la provincia de Buenos Aires por la sobrepoblación, violencia e insalubridad de sus cárceles y comisarías y había establecido estándares mínimos sobre condiciones de detención”. Según los datos aportados por el CELS, la cantidad de detenidos en comisarías, que en 2005 había llegado a 6035, luego del fallo bajó hasta 2782 en 2007, pero a partir de 2007, tras la asunción del gobernador Daniel Scioli, volvió a ascender hasta un pico de 4552 en 2009; el 14 de febrero pasado llegaba a 4214.

Andrea Pochak, directora adjunta del CELS, señaló que, además, “el fallo de 2005 exigía revisar el Código Procesal bonaerense, por considerarlo contraria a la Constitución nacional: en 2006 la Legislatura aprobó una reforma que limitaba la prisión preventiva. Pero eso quedó prácticamente sin efecto con la nueva reforma que, en 2008, redujo la posibilidad de los jueces para dictar excarcelaciones, como si excarcelar fuera una excepción a la regla de la prisión preventiva y no al revés. Ya en estos últimos días, “el miércoles pasado, el Senado bonaerense dio media sanción a un proyecto de ley que endurecería todavía más el Código Procesal”.

La representante del CELS sostiene que “el nivel de superpoblación de las cárceles bonaerenses es uno de los más altos de América latina. Hay más de 24.000 presos, sin contar los que están en comisarías. La capacidad real, según reconoció el gobierno provincial en un informe de 2008, es de 17.000”. El 76,2 por ciento de los presos no tiene condena judicial, lo cual es “uno de los mayores índices de todo el continente”, según el organismo de derechos humanos.

Pochak advirtió que “la situación de las cárceles en la provincia de Buenos Aires se ha convertido en un foco de inquietud a nivel internacional. La semana pasada, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dedicó la mitad de sus audiencias sobre la Argentina al tema de las cárceles bonaerenses. Y el relator de Privados de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evalúa venir especialmente para monitorear la situación de las cárceles y comisarías de la provincia”.

A partir de la exhortación de la Corte Suprema de la Nación, la Suprema Corte bonaerense “podría, entre otras alternativas, convocar a audiencias públicas o designar un funcionario para que supervise más estrechamente la situación”, comentó la directora adjunta del CELS. La provincia tiene casi la mitad del total de presos de todo el país, que es de unos 60.000.