En la plaza central de Baradero, al filo de la noche, un grupo de compañeros de Miguel Portugal y Giuliana Giménez reunía firmas para presentar un petitorio. Pretenden alcanzar 3500. Habían colectado unas 600. El punto de partida es la indignación contra un intendente al que consideran responsable por las muertes de sus dos compañeros, atropellados por una camioneta de inspectores municipales cuando viajaban en la moto de Miguel, a las 6 de la mañana. Hoy, a las 10, realizarán una marcha de reclamo para sostener el petitorio. De algún modo, la marcha servirá de compulsa sobre el soporte o la oposición con que cuenta el cuestionado intendente, Aldo Carossi. El gobierno bonaerense insistió en la participación de “infiltrados” y apuntó contra una ex diputada duhaldista, Gloria Morales, a quien se ve en algunos videos. Morales carece de convocatoria, pero es muy cercana al denarvaísta Elmer, presidente del Concejo Deliberante y cabeza del putsch contra su ex aliado Carossi.

Entre las cuestiones que revela la nota de reclamo del grupo de jóvenes, el tono del texto parece señalar que se trató de su propio empeño, un impulso adolescente. Está dirigida al Concejo Deliberante solicitando permiso para recolectar las firmas, y una segunda carta dirigida a Marcelo Elmer y al resto de los concejales, reclamando “la destitución y encarcelación inmediata y absoluta (...) de Pablo Scarfoni, Oscar Micussi, Luciana Romero y por último el causante de todo esto, el actual intendente Aldo Carossi”. Una fuente del Concejo, no oficialista, señaló a este diario que “no hace falta un número de firmas para pedir que el Concejo intervenga en algún hecho, con una sola alcanza, pero en términos políticos tiene que haber una prueba demasiado flagrante, hoy por hoy, para que se avance con su destitución. Y no la hay”.

Desde la gobernación bonaerense, el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, se sumó al coro de funcionarios de Scioli, incluyendo a Scioli, y denunció la actuación de infiltrados. “No es una acusación política –dijo–, nosotros no desconocemos el dolor que provoca la muerte de estos jóvenes, pero quemar el Municipio y otros lugares nos pareció raro, además apareció gente encapuchada.” La gente encapuchada no necesariamente son infiltrados. Tampoco se señaló el papel de esos infiltrados. “El inicio, a las 6.30 de la mañana, no parece que obedezca a infiltrados –confió en off un concejal–, pero sí es casi seguro que se hayan sumado al desbande después por aquello del río revuelto.” Según mencionan varias fuentes de Baradero e incluso desde la propia gobernación, en algunos videos televisivos “se ve a Gloria Morales y a algunos de sus militantes, unos pocos porque no tiene convocatoria, pero que ahora están ligados al PRO”.

La interna política en Baradero, después del fuego, está que arde. Como señaló este diario, la estrategia de algunos es la de aquietar. El Acuerdo Cívico y Social, con cinco concejales, es primera mayoría. El PRO, incluido Elmer, tiene cuatro. El oficialismo de Carossi tiene cuatro más un aliado, pero es un frente muy resquebrajado y golpeado después de la derrota pasada y el putsch del domingo pasado.

En el medio, entre el reclamo adolescente y la interna política, la Justicia intenta fortalecer sus pruebas, bajo presión. Ayer, por ejemplo, un adolescente que declaró ante todos los medios que había grabado con su celular “la persecución y momento de la muerte de Miguel y Giuliana”, volvió a ausentarse del único lugar donde su testimonio podría ser útil: ante el fiscal Marcelo Manso.

Baradero sigue envuelta entre las cenizas del absurdo y la confusión. El texto escrito por los jóvenes no reclama en ninguna línea la diagramación de un plan de educación vial no punitivo para enseñar a nueve de cada diez adolescentes que el casco previene lágrimas ajenas. No sorprende, son adolescentes. Lo paradójico es que el plan no sea iniciativa de los adultos.

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