El vehículo, un furgón Mercedes-Benz Sprinter, llamó la atención de la brigada policial. Estaba estacionado a un costado de la ruta 34, en General Güemes, a 55 kilómetros de la ciudad de Salta. En la cabina no había nadie, pero el furgón se movía: adentro estaban encerradas siete personas adultas y un niño de cuatro años, todos de nacionalidad boliviana. Venían a trabajar a Buenos Aires, en forma ilegal, a talleres de costura. Cuando los policías les abrieron la puerta, suplicaron por agua y comida. El que los había contratado, el chofer de la camioneta y una mujer que los acompañaba estaban cenando en un restaurant, a metros del lugar. Los tres fueron detenidos por la policía. Los dos hombres quedaron procesados por el delito de tráfico de personas con fin de explotación laboral. Uno de ellos es propietario de dos talleres ubicados en el barrio porteño de Parque Avellaneda, denunciados meses atrás por la Fundación La Alameda, una organización que lucha contra el trabajo esclavo. Ambos siguen funcionando pese a que fueron inspeccionados, el año pasado, por funcionarios porteños, en un procedimiento donde los propios inspectores fueron agredidos por los dueños de talleres.

El procedimiento en Salta se llevó a cabo el 6 de febrero último. Uno de los detenidos allí es Zacarías Estrada Umiri, quien sería propietario de los talleres ubicados en Lacarra 932 y en Tandil 3981. Del primero de esos talleres lograron escapar el año pasado dos ciudadanos bolivianos que eran sometidos a un régimen de semiesclavitud y se convirtieron en denunciantes ante la Justicia. Allí, durante la inspección realizada el 10 de julio último por el gobierno porteño, irrumpió a los golpes una patota liderada por Alfredo Ayala, un defensor de los talleristas que contratan trabajadores ilegales. Ayala es el mismo que, el 19 de diciembre último, lideró una marcha que, con un ataúd, intentó provocar a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que realizaba una radio abierta en la Plaza de Mayo.

La detención de Estrada Umiri cierra el círculo de una organización que se basaría en el tráfico y la explotación de inmigrantes ilegales. Esto quedó de manifiesto a partir de los testimonios de las víctimas rescatadas en Salta. “Primero dijeron que iban a visitar a familiares, pero luego admitieron que habían firmado un contrato para trabajar en talleres ubicados en Buenos Aires, con una jornada laboral de 7 a 23 horas y una paga de 500 pesos mensuales, con la obligación de residir en los mismos talleres”, dijo a Página/12 el jefe de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la policía salteña, comisario Reinaldo Choque.

Ninguna de las ocho personas que estaban encerradas en la caja de la camioneta llevaba sus documentos de identidad consigo. Los tenía en su poder Estrada Umiri, junto a los mencionados contratos de trabajo. “Esta es una de las reglas de la trata, retenerles los documentos para que no se puedan escapar”, observó el comisario Choque.

Todos habían sido reclutados en la localidad de El Alto, cerca de La Paz, a través de la agencia de empleos Maby, que ofrece puestos de trabajo como “niñeras, meseras, costureros o secretarias”. Entre los cautivos se encontraban un matrimonio con su pequeño hijo de cuatro años, y otros tres hombres y dos mujeres. Habían recorrido 1500 kilómetros cuando fueron rescatados y les faltaba transitar otros 1600. Tras el rescate, fueron asistidos por el gabinete de profesionales de la policía provincial y luego repatriados, mediante la gestión del Consulado de Bolivia en Salta.

El caso quedó en manos del juez federal de Salta, Julio Bavio, quien el 19 de marzo dispuso el procesamiento con prisión preventiva de Estrada Umairi, como responsable del delito de tráfico de personas, y del chofer del furgón Mercedes Benz, Delfín Condorí Asistiri, como partícipe necesario. La esposa de éste, Rosa Choque Mamani, detenida en el mismo procedimiento, fue liberada por falta de mérito.

Antes de tomar esa medida, el juez dispuso dos inspecciones en los talleres de Parque Avellaneda, el de Lacarra 932 y el de Tandil 3981, a la vuelta del primero. “Estuvimos unos días haciendo inteligencia y comprobamos que había ruido y movimiento compatible con la actividad de un taller textil. Pero cuando recibimos el exhorto para hacer el allanamiento no había nadie. Se ve que estaban advertidos: al personal le habían dado franco y la responsable, Laura Juana Velasco, se había mudado y ahora está con pedido de captura”, informó el comisario Choque.

De ese lugar se habían escapado el año pasado Luis Quispe y su esposa, Daisy, dos trabajadores bolivianos que trabajaban de 7 a 23 horas por una paga de 50 dólares mensuales. Hicieron la denuncia en la Defensoría del Pueblo. El 10 de julio último, la patota comandada por Ayala agredió a inspectores y manifestantes, un hecho en el que resultó herido el titular de La Alameda, Gustavo Vera. Por la agresión, la Defensoría del Pueblo denunció a Ayala y a Estrada Umari. La causa, sin embargo, fue archivada. Ahora, Vera realizará una nueva presentación judicial para que, a partir del procedimiento de Salta, se reabra la causa.