El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, se reunió ayer con intendentes municipales para acordar nuevas medidas que impulsen el control y las medidas de seguridad vial para los motociclistas. Hace seis días, Miguel Portugal y Giuliana Giménez murieron al chocar sin casco contra una camioneta de la Dirección de Tránsito de Baradero. En el encuentro se anunció la puesta en marcha de un sistema de control para que los vendedores de motos entreguen los rodados con casco. Además, los municipios se sumarán al plan de concientización “Sin casco, no hay nafta” que se aplicará en todas las estaciones de servicio. Por último, se creó un Observatorio Vial en acuerdo con la Federación Argentina de Municipios para debatir la temática e intercambiar experiencias. Desde la organización Luchemos por la Vida advirtieron que las medidas no serán suficientes, “mientras el Estado no asuma su función de control poco les puede pedir a particulares, como a los comerciantes. Aunque se venda una moto con casco, el dueño puede decidir no usarlo”, apuntó el presidente, Alberto Silveira.

Aunque la ley de tránsito provincial obligaba a los vendedores de motos a entregar el vehículo con casco ya que se considera que ese elemento “forma parte del vehículo –resaltó el subsecretario de Gabinete bonaerense, Juan Pablo Alvarez–, el problema era que los comerciantes no estaban cumpliendo con la normativa y no se puede tener inspectores en la puerta de cada comercio”. Por eso, un decreto pondrá en marcha un sistema de control por el cual cada concesionario deberá llevar el registro de las ventas en un libro rubricado y colocar al lado de los datos del rodado el número de serie IRAM del casco vendido. “El sistema incluye a los municipios para que tomen cartas en el asunto”, agregó Alvarez, ya que los encargados de controlar el registro de los comerciantes serán los municipios y las autoridades de la Dirección Provincial de Comercio.

El segundo punto tratado en la reunión fue el de la extensión del plan “Sin casco, no hay nafta” que hasta ahora implementaban el gobierno provincial y la Federación de Expendedores de Combustibles. En el encuentro de ayer los municipios se comprometieron a sumarse a la iniciativa que tiene un objetivo concientizador y funciona de la misma manera que para “los autos que intentan cargar gas sin la oblea de autorización”, ejemplificó Alvarez. “Con las dos iniciativas atacamos el problema de origen en la venta y controlamos el uso del casco al momento de recarga”, apuntó el subsecretario de Gabinete y presidente del Consejo Federal de Seguridad Vial.

Para el presidente de la organización Luchemos por la Vida, las medidas guardan una “contradicción manifiesta” porque “es el Estado el encargado de controlar y sancionar y están delegando en particulares la tarea de poner medidas de control”. “Las autoridades no controlan ni sancionan o lo hacen de una manera que no es efectiva”, sentenció Silveira.

En busca de las soluciones fondo, se creó un Observatorio Vial en el cual el gobierno de la provincia de Buenos Aires trabajará palmo a palmo con la Federación Argentina de Municipios para abordar la problemática y compartir experiencias. El observatorio contará con talleres de trabajo para intercambiar experiencias y necesidades.

Según informes de Luchemos por la Vida, en la actualidad el 75 por ciento de los motociclistas porteños utiliza casco, pero del otro lado de la General Paz sólo el 10 por ciento lo hace y quienes menos lo utilizan son los menores de 25 años. Tener el casco puesto durante un accidente asegura un 73 por ciento más de posibilidades de sobrevivir. El incumplimiento de las normas, en su mayoría el uso del casco, provoca la muerte de dos mil motociclistas cada año en el país, lo que significa unas cinco muertes por día.

Informe: Nahuel Lag.