La situación del padre Julio César Grassi se complica cada vez más. Ayer, la jueza de Garantías de Morón, Mónica López Osornio, volvió a dictarle el procesamiento en relación a los dos hechos de abuso deshonesto y uno de corrupción de menores agravada en perjuicio del adolescente “Gabriel”. En su resolución, la magistrada incluyó una severa advertencia: si el sacerdote hace una nueva alusión pública sobre alguno de los chicos damnificados, le aplicará prisión preventiva y tendrá que volver tras las rejas. López Osornio prohibió, además, la difusión en los medios de comunicación de “todo dato que pueda conducir a revelar la identidad de personas que ya hubieran declarado en la causa y la de cualquier menor que hubiera estado alojado en la Fundación Felices los Niños”, con el fin de proteger la intimidad y la salud física y psíquica de eventuales víctimas o testigos que quieran declarar contra el religioso.
Las novedades judiciales dejaron sin palabras a la defensa de Grassi. Página/12 se comunicó con el abogado Jorge Sandro, pero el letrado prefirió no opinar sobre las resoluciones de la jueza.
La fiscal de la UFI 7, Rita Bustamante, había pedido el procesamiento con prisión preventiva de Grassi por los hechos que le imputa el testigo “Gabriel”, pero la jueza volvió a optar por el régimen de libertad con restricciones que mantenía el sacerdote. No obstante, volvió a procesarlo por abuso deshonesto y corrupción de menores agravada, delitos que podrían depararle una pena de más de 25 años de cárcel. Además, López Osornio le advirtió a Grassi que “se abstenga de formular cualquier nueva apreciación que pueda llevar a equívocos o permita relacionar sus expresiones con alguno de los damnificados, directa o indirectamente, de manera concreta o mediante abstracciones”. De lo contrario, la magistrada le comunicó que le dictará la prisión preventiva y volverá a un calabozo mientras prosigue la investigación.
Grassi ya había sido procesado por los mismos hechos. Pero, a pedido de la defensa, la Cámara de Apelaciones había anulado esa medida por considerar que el cura no había podido ejercer su legítima defensa al desconocer quién lo acusaba. El tribunal ordenó, entonces, levantar la reserva de identidad vigente sobre “Gabriel” y que en esas condiciones el sacerdote volviera a ser indagado.
El procesamiento no fue el único revés para la defensa de Grassi. Ayer, López Osornio hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño, una entidad presidida por Estela de Carlotto, para preservar la intimidad de eventuales víctimas de Grassi que se presenten a declarar en la causa. En ese sentido, la magistrada prohibió “la difusión pública de todo dato que pueda conducir a revelar la identidad de personas que ya hubieran declarado en la causa Grassi y la de cualquier menor que hubiera estado o esté alojado y/o al cuidado de cura, y/o en la Fundación Felices los Niños y/o de cualquier persona de su dependencia”. “Ahora, los menores que eventualmente puedan considerarse víctimas tendrán las garantías para testimoniar sin ver afectadas su intimidad ni su salud física ni mental”, explicó a Página/12 el abogado de la ONG, Juan Pablo Gallego.