Unos 150 mil argentinos residen y trabajan hoy ilegalmente en los Estados Unidos según datos aportados por el área consular de la embajada norteamericana en Buenos Aires. Desde que la Argentina fue excluida del Programa de Exención de Visas (VWP), en febrero pasado, “un 17 por ciento de los 160 mil pedidos presentados fue rechazado, especialmente porque no cumplieron con el artículo según el cual el solicitante debe convencer al funcionario consular” de la embajada pertinente de que no viaja con la intención de permanecer en ese territorio. Así lo explicó ayer el cónsul general estadounidense, Gregory Frost, en el marco de una conferencia de prensa convocada para aclarar el proceso de tramitación de visas. El funcionario sostuvo que la decisión de sacar a la Argentina de aquel programa se tomó después de evaluar que “la documentación argentina (el DNI) no tiene credibilidad porque es fácilmente falsificable”, sumado al registro de que en los últimos meses de 2001 un 23 por ciento de los argentinos que ingresaron a Estados Unidos como turistas permanecieron allí ilegalmente, cifra en crecimiento a partir de la crisis socioeconómica nacional.
A pesar de los requisitos impuestos para conseguir una visa, las cifras dadas por el Consulado indican que más del 80 por ciento de los 160 mil solicitantes registrados desde febrero demostraron a las autoridades que podían confiar en su promesa de regresar a la Argentina y fueron aceptados como turistas. Quienes no lo lograron, un 17 por ciento, es porque no cumplieron con la sección 214 (b) del Acta de Inmigración y Nacionalidad, esto es que “no pudieron probar lazos económicos, sociales o familiares lo suficientemente fuertes en el país como para obligarlos a regresar luego de una breve estadía en Estados Unidos”. A diferencia de la mayoría de las leyes, en este caso la carga de prueba recae sobre el solicitante y, ante la duda del funcionario, el pedido de visa es rechazado.
El trámite comienza con un pedido de entrevista, por teléfono o por correo, que los funcionarios recomiendan iniciar unas tres semanas antes del viaje. Además de llenar un extenso cuestionario, el solicitante debe someterse a una entrevista personal que sólo puede realizarse en la sede de la Embajada, ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Ese contacto es el principal punto de evaluación, según reconocieron los funcionarios: “Ahí es cuando se puede descubrir la intención de los solicitantes de visa”. Aunque se utilizan criterios que pretenden ser universales, la decisión final parte de la impresión, absolutamente subjetiva, que el ciudadano argentino “sospechado de ser un posible migrante” cause en su interlocutor. “Hasta que no tengamos un sistema para leer mentes, tenemos que investigar a las personas”, afirmó ayer Frost.
Y el punto fundamental para probar la intención es la fortaleza de los lazos que cada argentino tiene con su país. Por esto, son los jóvenes los que encuentran mayores obstáculos a la hora de demostrar que no tienen planes de sumarse a los 150 mil argentinos que residen y trabajan ilegalmente en los Estados Unidos. Intención que requiere pruebas más que contundentes cuando los pedidos de visa se multiplicaron en un 800 por ciento en el último año con respecto al promedio histórico.
Con la Argentina fuera del VWP, hoy son los uruguayos los únicos latinoamericanos que todavía pueden visitar Estados Unidos sin visa. “Queremos evitar la entrada de aquellos que puedan hacernos daño”, afirmó en un español básico Frost, cónsul general en Argentina desde hace tres meses. A su lado, el jefe de la sección Visas para no migrantes, Mitchell Moss, aseguró: “La crisis de la Argentina ya está pasando, pero quienes no cumplen con las leyes van a tener problemas que sí van a durar”.