Vecinos, trabajadores y pacientes del Centro de Salud y Acción Comunitaria (Cesac) Nº 38, del barrio porteño de Almagro, denuncian que hubo “una política de vaciamiento” de ese espacio, que se manifiesta en el cierre de los tres pisos superiores del edificio, y reclaman regularizar la situación del centro sanitario. Los vecinos piden la restitución al Ministerio de Salud porteño de las tres plantas superiores del inmueble –ubicado en Medrano 350–, ya que fue cedido al Ministerio Público Fiscal. Además, reclaman presupuesto, insumos, personal y equipamiento para el centro, que depende del área programática del Hospital Durand. Con ese fin, organizaciones vecinales comenzaron el viernes a juntar firmas en adhesión a su demanda, que busca “garantizar el derecho a la salud”, para presentarlo ante el gobierno porteño.

Con la ley 1220, sancionada en noviembre de 2003, el inmueble de Medrano 350 fue destinado “al funcionamiento de un efector de salud integrado operativamente a la red prestacional” del Ministerio de Salud porteño. Recién en mayo de 2006, el Cesac 38 comenzó a funcionar en la planta baja, mientras que en las tres superiores se instalaban dependencias administrativas de la cartera de Salud y se realizaban algunos de sus programas, como por ejemplo el de salud mental y salud reproductiva. “Hasta fines de 2009 el edificio funcionó como un anexo de Salud, pero ahora los tres pisos de arriba fueron transferidos al Ministerio Público Fiscal, desatendiendo la ley. Los programas habían sido levantados poco a poco. Se llevaron todo”, afirmó Leonardo Chazanowski, un representante de la Comisión de Vecinos por la Salud Gratuita. Ni la electricidad funciona en esos sitios.

El 14 de enero último se suscribió un acta de restitución y transferencia entre la Dirección General de Administración de Bienes, la cartera de Salud y el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, por la que se transfieren esas plantas superiores del edificio de Medrano al Ministerio Público.

Un proyecto de declaración presentado por los diputados Tito Nenna, Gabriela Alegre y Gonzalo Ruanova insta a la Legislatura a intervenir en el tema, manifestando que la cesión de ese espacio “no respeta el uso que le adjudica la ley 1220 ni los deseos de los vecinos del barrio que buscan mejorar las prestaciones en salud y acción comunitaria”. Los legisladores argumentan que “el edificio de Medrano es el único espacio destinado a la salud con que cuenta una comuna de más de 140 mil habitantes”.

Si bien algunos espacios no se encuentran en condiciones “por falta de recursos”, señaló Chazanowski, el Cesac 38 continúa hoy funcionando en la planta baja. El centro cuenta con siete consultorios con distintas especialidades médicas, como atención en medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, psiquiatría, kinesiología, entre otras. En él se brindan talleres, reuniones para la recuperación de alcohólicos y, además, funciona una escuela primaria para adolescentes y adultos. Las prestaciones mensuales que se realizan son alrededor de tres mil, e incluso absorbe la demanada del Cesac 23 –ubicado en la misma zona–, que “por problemas edilicios dejó de funcionar hace un año”, informó el delegado de los vecinos.

“El Cesac 38 contribuye a resolver la carencia de hospitales en la zona. Lo que nos preocupa es que el inmueble se termine destinando para otra función”, afirmó Nenna, que apoya el reclamo vecinal. Por su parte, Pablo Estomba, representante de la organización vecinal Comunarte, señaló que se busca que esos pisos superiores “tengan un funcionamiento comunitario y social”.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que “los cargos de la ley 1220 prescribieron”. Según informó una fuente de esa dependencia “a fines del año pasado, Salud ya tenía intenciones de dejar de usar esos pisos y el Ministerio Público buscaba inmuebles para abrir unidades de orientación y denuncia”. Si bien aún no están confirmadas las actividades que se realizarán en esas plantas, la transferencia ya fue concretada. En esa legislación nada hace referencia a su caducidad y, según una fuente cercana al caso, para que “una ley deje de estar vigente debe ser derogada, cosa que no sucedió”.

Informe: Rocío Ilama.