La Legislatura porteña resolvió ayer reparar un daño provocado hace veinte años a la educación pública: por unanimidad, aprobó el fin de la concesión de la llamada escuela-shopping, en el barrio de Once, y dispuso la restitución de los espacios que habían sido destinados a locales comerciales al establecimiento educativo al que pertenecían. El proyecto, anunciado por Página/12 hace tres semanas, le pide al Ejecutivo que inicie el desalojo administrativo, ya que la concesión termina en diciembre, y que destine los espacios recuperados a “uso exclusivo de tareas pedagógicas”.

La escuela en cuestión es la Presidente Mitre, ubicada en Sarmiento y Avenida Pueyrredón, a una cuadra de la estación Once. La cesión de una parte del edificio escolar a un empresario para la construcción de locales comerciales se convirtió en el paradigma de la corrupción durante el festival del desguace del Estado, en la década menemista: se hizo mediante una ordenanza votada a las 3 de la madrugada del domingo 30 de diciembre de 1990. La norma le otorgaba al empresario Salomón Salem la explotación de diecisiete locales a construir en la planta baja de la escuela, mientras que el sector destinado a la educación quedó en el primer piso del edificio. Salem recibió el beneficio en una supuesta compensación por haber perdido la explotación de un mercado municipal ubicado enfrente de la escuela.

“La finalización de esta concesión de la escuela Mitre es una justa reparación por las malas acciones del pasado y una clara señal de apoyo para toda la comunidad educativa, al tiempo que constituye una reafirmación de que nunca más vamos a tolerar un despojo de esa naturaleza”, dijo el legislador Raúl Fernández (Encuentro Progresista), autor del proyecto.

Por el caso se hizo una denuncia penal por administración fraudulenta en 1995. La causa pasó por numerosos juzgados y fiscalías y durmió un tiempo en la vieja Corte Suprema hasta que el juez federal Ariel Lijo declaró que había prescripto. Una apelación de la Procuración General de la ciudad devolvió el caso a los tribunales: la Cámara Federal calificó el caso como “peculado”, que tiene una pena máxima de diez años.

Los denunciantes eran el entonces concejal Aníbal Ibarra junto a sus colegas Guillermo Francos y Norberto La Porta. Los imputados son el ex intendente Carlos Grosso, los ex concejales de la UCR Miguel Herschberg, Héctor Fernández y Tomás Bres y los beneficiarios de la concesión, los empresarios Salem, Hugo Szeinbaum y Sofía Maraschi Levi.

El proyecto de Fernández dispone “restituir a la Escuela Nº 16 del Distrito Escolar 2 el uso de los inmuebles ubicados en su franja perimetral” cedidos a un privado por la ordenanza Nº 44.832 y establece que el Poder Ejecutivo iniciará el desalojo administrativo tendiente a obtener la restitución del mencionado inmueble, al momento del vencimiento de la concesión, a fines de diciembre de este año, cuando se cumplan los veinte años de concesión.

La propuesta recibió el apoyo unánime de los 55 legisladores presentes ayer. Se estima que la ley será promulgada por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, quien días atrás se manifestó a favor de no renovar la concesión de la escuela-shopping.