SOCIEDAD › UNA JUEZA ORDENó INVESTIGAR A UNA FISCAL, LA DDI Y LA COMISARíA DE BOLíVAR
Un detenido con salidas transitorias denunció que policías bonaerenses lo amenazaron para que robara para ellos. Lo denunció a una fiscal, pero dice que la causa no avanzó. Y terminó golpeado en la calle. Ahora, la Justicia investiga todo el caso.
› Por Horacio Cecchi
Una fiscal, la DDI y la comisaría de Bolívar fueron denunciados por persecución a un preso que cumplía salidas durante el día y se negaba a salir a robar para los Bonaerenses. En 2007, después de que le otorgaran el beneficio de realizar salidas durante el día y regresar a la unidad (la 17, de Urdampilleta), dos jefes de calle de la comisaría bolivariana lo interceptaron –según la denuncia– para recomendarle que “si querés terminar bien con tus beneficios, tenés que salir a robar para nosotros. Pensalo y vení a vernos”. El hombre, Cristian Noblia Palomeque, intentó despegarse del abrazo de oso que le ofrecían los Bonaerenses. Grabó la conversación y la presentó ante la fiscal de la UFI 15, Julia María Sebastián. El peor de los males fue que la investigación jamás se inició. El hombre aseguró luego que los Bonaerenses lo persiguieron, que fue apuñalado en la calle, que le inventaron causas, que le inventaron víctimas, que le inventaron ruedas de reconocimiento. En una ocasión –según denunció–, la fiscal le recomendó que “abandonara la ciudad porque su presencia amedrenta a la policía”. Noblia no se fue. El 29 de marzo pasado presentó un pedido de hábeas corpus que fue aceptado por la jueza de Azul, Dora Fernández Seixo, quien ordenó además investigar a la comisaría, a la DDI y a la fiscal Sebastián. Doce días después lo cruzaron en Bolívar cuando caminaba con su pareja. Los molieron a palos a los dos. Antes de abandonarlos hechos un guiñapo de sombras sobre el asfalto, le dedicaron una particular visión de la Justicia: “Che, Noblia, ahora el hábeas corpus metételo en el culo”. Y se fueron.
Noblia estuvo detenido en varias ocasiones por robo simple. En 2007, por su conducta en prisión, recibió el beneficio de la detención morigerada. Todos los días debía volver a dormir a la Unidad 17 de Urdampilleta a las nueve de la noche, y tenía salida a las ocho de la mañana siguiente. Originario de Bolívar igual que su familia (tiene pareja y dos hijos pequeños), y conocido en la ciudad, un tiempo después de iniciar las salidas recibió una visita indeseable. Según denunció luego, un jueves de agosto de 2007, dos jefes de calle de la comisaría lo interceptaron en una vereda y le recomendaron: “Si querés terminar bien con tu beneficio de las salidas, tenés que robar para nosotros. Pensalo y vení a vernos”. Noblia lo pensó rápido. Esa misma tarde, con un grabador oculto, fue a la comisaría y negoció. Luego fue a la radio de Bolívar y al canal, y relató lo que le había pasado. Al día siguiente se presentó ante la Fiscalía 15, a cargo de Julia María Sebastián. Entregó la grabación que, según sostuvo, fue escuchada por Sebastián, otro fiscal y él mismo. La fiscal le dijo que no temiera y que se iba a “encargar del tema”.
Noblia no creyó demasiado. Ese mismo día dejó a su familia en Bolívar y viajó solo a Pico Truncado, Santa Cruz, donde permaneció un tiempo que juzgó prudente, un año. La realidad le demostró que no se había equivocado. Los medios locales, enterados de la denuncia, corrieron hasta la puerta de la fiscalía, donde Sebastián respondió que desconocía la existencia de alguna grabación.
Al año decidió regresar en busca de su familia. No llegó a Bolívar. A 160 kilómetros lo detuvieron. Lo acusaron de robo, pero quedó detenido en la Unidad 20 de Trenque Lauquen, tipo granja de régimen semiabierto. Y en febrero del año pasado quedó nuevamente en libertad.
Se trasladó a Bolívar y a partir de ese momento las persecuciones pasaron a un nivel cotidiano. Uno de los mecanismos que reveló son considerados como métodos habituales de apriete policial: le inventaban causas. “El 18 de septiembre hubo un robo en Bolívar. Se lo adjudicaron a él, pero en ese momento estaba con nosotros en La Plata, aportando datos para la denuncia –dijo a Página/12 Alicia Romero, del Comité Contra la Tortura–. Pero no terminó ahí. Las dos mujeres damnificadas declararon que desde la fiscalía las llamaron para decirles que quien las había asaltado era Noblia. Después les mostraron fotos de Noblia para que lo reconocieran, pero ellas dijeron que no había sido él. Pero igual les hicieron firmar que lo habían reconocido.”
La investigación fiscal bolivariana no cejó allí. En el Comité Contra la Tortura, casi con sorna, describen el paso siguiente: “Llamaron a rueda de reconocimiento y lo incorporaron a Noblia Palomeque en la rueda. Las mujeres, cuando presintieron en qué estaban, se negaron a participar. Una de ellas incluso estaba tan alterada que se descompuso. Igual avanzaron con la rueda. Y, por supuesto, no lo reconocieron”.
La Bonaerense, como brazo de la fiscalía, siguió de todos modos tomando fotos a Noblia, a su familia, a sus amigos, y recorriendo todos los trabajos en los que se presentaba para desalentar la idea. En julio de 2009, Noblia recibió una cuchillada en la calle, cuando tenía a su pequeña hija en brazos, a la salida del jardín de infantes. En la denuncia que presentó sostuvo que el ataque fue enviado por la policía. El atacante denunció a su vez que el agresor había sido el ex detenido. Noblia puso a los padres como testigos. Nunca fueron citados por la fiscal.
Un poco antes le armaron otra causa por amenazas a la DDI. Lo tuvieron ocho días detenido y lo llevaron a declarar al despacho de la fiscal Sebastián. No se le pudo probar nada, pero la fiscal le recomendó, de corazón, que se fuera del pueblo porque la policía estaba amedrentada con su presencia. Noblia aprovechó para preguntarle qué había pasado con las grabaciones y la fiscal le respondió –de acuerdo con la denuncia del propio Noblia– que mejor se olvidara del asunto.
Asesorado entonces por el Comité Contra la Tortura, el 29 de marzo pasado presentó un pedido de hábeas corpus ante el Juzgado 2 de Garantías de Azul, a cargo de Dora Fernández Seixo. La jueza acogió favorablemente el pedido, y ordenó a la comisaría y a la DDI de Bolívar que “se abstengan de tomar medidas de coerción personal contra Noblia, que eviten toda persecución y/u hostigamiento sobre él o su familia”, y ante la posibilidad de que se hubieran cometido delitos de parte de los vigilantes de la ley y de la fiscal de investigaciones, remitió las actuaciones a los ministros de Justicia y de Seguridad bonaerenses (Ricardo Casal y Carlos Stornelli), al ministro de Justicia de la Nación (Julio Alak) y a la procuradora de la Suprema Corte bonaerense (María del Carmen Falbo). Además ordenó investigar a la fiscal Sebastián.
El 10 de abril, conscientes de la gravedad de las acusaciones, los Bonaerenses se llamaron a recato: cruzaron en la calle a Noblia cuando caminaba con su pareja. Los golpearon a cachiporrazos, puñetazos y patadas, salvajemente, sin discriminar. Después, cuando se retiraban, dejaron a Noblia la sensación de que la impunidad existe, idea notablemente sintetizada en aquella frase: “Che, Noblia, ahora metete el hábeas corpus en el culo”.
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