La reglamentación de la Ley de Migraciones anunciada ayer por la presidenta Cristina Fernández en Casa de Gobierno “limita la discrecionalidad de la Dirección de Migraciones y ayuda a los migrantes a exigir los derechos que ya se venían respetando desde la promulgación de la ley en 2004”, apuntó Diego Morales, director del Area de Litigio del CELS, una de las organizaciones sociales que participaron en el armado del decreto reglamentario. La Presidenta resaltó que la norma “sustituye la ley Videla”, amoldada al compás de la Doctrina de Seguridad Nacional. El libre acceso a la educación, la salud y a la acción social son algunos de los derechos ratificados y ampliados por la reglamentación de la ley. Los 800 mil inmigrantes que consiguieron su DNI desde 2003 son una foto de la política que se viene aplicando.