La inflación llegó al juicio por el denominado “Robo del siglo” contra el Banco Río de Acassuso, ocurrido en enero de 2006. Eso se advirtió en dos variables importantes. Por un lado, los fiscales estimaron que lo robado llegó a los 19 millones de dólares, más del doble de los 8 millones que se venían manejando hasta ayer. Pero lo más importante es que la acusación cambió en un aspecto fundamental: en su alegato, los fiscales Marcelo Vaiani y Gastón Garbus pidieron la modificación de la carátula, para que pase a ser “robo calificado por el uso de arma”. En la instrucción se sostuvo que las armas exhibidas por los autores del hecho eran de juguete. Ahora Vaiani y Garbus solicitaron penas de entre 15 y 20 años de prisión para los cuatro imputados. Con la calificación anterior, la pena máxima que podía aplicarse era de 10 años y ahora el monto podría duplicarse. De ser condenados, los fiscales solicitaron que los cuatro sean detenidos de inmediato. Ante el pedido de cambio de carátula, el Tribunal resolvió seguir la sesión sin cuarto intermedio, hasta finalizar, en la madrugada de hoy, con la sentencia. El trámite seguía al cierre de esta edición.

El imputado Sebastián García Bolster (40) llegó al juicio con el beneficio de la excarcelación; Fernando Araujo (41) con prisión domiciliaria y los dos restantes, Rubén Alberto De la Torre (55) y Julián Zalloecheverría (51), con tobillera magnética. La pena más alta solicitada por la fiscalía –20 años de prisión– fue para “El Beto” De la Torre, mientras que para Araujo pidió 19, para Zalloecheverría 17 y para García Bolster –el único sin antecedentes–, 15 años.

Los cuatro fueron imputados como coautores de los delitos de robo doblemente calificado por ser cometido en poblado y en banda y por el uso de arma apta para el disparo, privación ilegal de la libertad agravada, tenencia de armas y dos hechos de encubrimiento agravado, por los robos de los dos autos que usaron para llegar al banco. Por su parte, los abogados del Banco Santander Río, en su carácter de querellantes, solicitaron para los cuatro penas de hasta 13 años de cárcel. Los letrados Diego Gotthiel y Gustavo Suriz pidieron, además, que el dinero y las joyas recuperados por la policía sean restituidos a la entidad.

Una de las claves del alegato fiscal, que duró cuatro horas, fue dar por acreditado que los cinco hombres –uno será juzgado en un proceso oral posterior– que el 13 de enero de 2006 coparon el banco usaron armas de verdad. El caso llegó a juicio, elevado por el juez Rafael Sal Lari, como “robo calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no fue acreditada”. Vaiani, al referirse a ese punto, aseguró que varios testigos dejaron sentado que se trataba de armas de verdad, entre ellos el policía Walter Serrano, que estaba en el bunker del subsuelo del banco, y los dos vigiladores de la entidad, personas capacitadas para opinar sobre el tema.

Los fiscales también aportaron, en la misma dirección, el testimonio de la jefa de Operaciones del banco, una de las rehenes, quien declaró que sintió sobre su frente “el frío del cañón de un arma de verdad”, cuando fue intimidada por los autores del robo. Vaiani y Garbus recordaron, además, que “ninguno de los testigos pudo sostener que se trataba de réplicas o armas de juguete. Todos fueron contestes a que eran de verdad. Las armas que dejaron tiradas a modo de burla son de juguete y pertenecen a un chico de 10 años que todavía está esperando que su papá se las devuelva”, precisó Vaiani.

La testigo clave del caso, Alicia Di Tullio, ex esposa de De la Torre, aseguró que las armas de juguete son del hijo que tiene en común con el imputado De la Torre. Vaiani recordó que la testigo, hermana de Margarita Di Tullio –la fallecida madama marplatense conocida como “Pepita La Pistolera”, involucrada en el caso Cabezas–, relató ante los jueces que la escopeta Browning secuestrada en la causa y que habría sido utilizada por uno de los ladrones pertenecía a su ex esposo. Sostuvo, incluso, que días antes del robo De la Torre la estuvo probando dentro de la casa en la que vivían y se le escapó un disparo.

La fiscalía sorprendió cuando aseguró que, según los dichos de un ejecutivo del Banco Río, el monto del botín fue “de 19 millones de dólares entre efectivo y joyas”, cuando en el requerimiento de elevación a juicio se había mencionado que la suma era de ocho millones de dólares. Hubo también una mención de los fiscales para Mario “El Uruguayo” Vitette Sellanes (54), el quinto imputado que no llegó a este juicio por una apelación, pero que deberá ser juzgado con posterioridad. “Es el gran ausente”, dijo Vaiani.

Una guardia especial, de cerca de veinte policías de la DDI de San Isidro, seguía la sesión iniciada ayer por la tarde y que continuaba al cierre de esta edición, para actuar en caso de que los miembros del Tribunal Oral Nº 1 de San Isidro decidan que los imputados son culpables y, en atención al pedido de los fiscales, ordenen su inmediata detención. Por eso hubo que escuchar a todos los defensores, las réplicas y los alegatos finales de los cuatro imputados.