“En la Argentina hay un doble discurso en la jerarquía católica muy grande: por un lado dice, ‘estamos con el Papa’, pero por el otro, cuando Benedicto XVI sostiene que hay que hacer limpieza, que hay que denunciar los casos de abuso sexual y echar a quienes los cometen, aquí los guardan”, denuncia en una entrevista de Página/12 Fortunato Mallimaci, profesor de la UBA e investigador principal del Conicet, especializado en sociología histórica de las religiones.

En medio del escándalo de pedofilia que sacude al Vaticano por la aparición de denuncias en distintos países, Mallimaci está convencido de que en la Argentina hay muchas víctimas de abusos sexuales perpetrados por religiosos de la Iglesia Católica que mantienen silenciado su sufrimiento y no se animan a denunciarlo al ver la impunidad de que gozan personajes emblemáticos, condenados por la Justicia por esos delitos aberrantes, como el cura Julio César Grassi y el arzobispo Edgardo Storni, que siguen en libertad, cobrando incluso sueldos o jubilaciones pagados por el Estado. La complicidad para tapar los casos de abuso sexual dentro de las instituciones católicas trasciende la jerarquía eclesial y alcanza al poder político, económico y sobre todo mediático, afirma Mallimaci. “En América latina hay una cultura del secreto, el deberse favores entre estos poderes, esconderse unos a los otros, lo hemos visto en la Argentina con el hecho de que grupos de empresarios han pagado a abogados millones y millones de pesos para proteger a un sacerdote o a un obispo abusador. ¿Qué genera esta trama? Hace que la denuncia sea más difícil”, advierte Mallimaci.

–¿Cómo analiza la sucesión de casos de pedofilia que están saliendo a la luz en distintos países perpetrados por religiosos de la Iglesia Católica?

–Estos hechos demuestran una nueva crisis en la Iglesia Católica. Sobre todo, salen a la luz porque hubo denuncias de las víctimas y a la vez un grupo de autoridades eclesiásticas, de obispos, en algunos países como Estados Unidos, Irlanda, Alemania, que han decidido no guardar más el secreto, no seguir tapando el tema. Esta combinación se ha dado en países donde el respeto a los derechos humanos y a los derechos individuales es alto.

–¿Es la peor crisis de la Iglesia Católica de las últimas décadas?

–Depende. Se están publicando artículos de numerosos sacerdotes, teólogos y teólogas, y de grupos católicos como el argentino “Nueva Tierra”, que manifiestan que se trata de una oportunidad para discutir la manera ultraconservadora con la que la Iglesia viene manejando temas fundamentales como el celibato, la mujer, la sexualidad, el abuso, el poder, el hecho de que la autoridad siempre piense que tiene razón y haya que esconderlo, un tipo de concepción de la Iglesia que sostiene que hay que salvar la institución más allá de las personas. Todo esto ha hecho agua, y muchos creyentes, como pasa en las instituciones, aprovechan para plantear otras posiciones.

–¿Le llama la atención que en la Argentina no hayan aparecido más casos de pedofilia cometidos por religiosos? ¿Cree que están silenciados o que no han ocurrido por alguna razón en la magnitud que se está viendo en otros países?

–No me sorprende. En realidad, me llama la atención que los medios que sacan muchos artículos sobre lo que dicen los obispos de otros países y lo que el Papa dice o no dijo no digan absolutamente nada de dos casos emblemáticos que hay en la sociedad argentina: el del sacerdote (Julio César) Grassi, condenado por la Justicia por abuso sexual a partir de la denuncia de las víctimas y que, sin embargo, no sólo sigue libre sino que la institución eclesial no ha dicho absolutamente nada al respecto. Y el caso del arzobispo (Edgardo) Storni. Página/12 y otros medios lo vienen denunciando. Es un arzobispo también condenado por la Justicia (a ocho años de prisión) por abuso sexual que está tranquilamente viviendo en Córdoba, con una jubilación de privilegio que le pagamos todos los argentinos y argentinas. En la Argentina hay una hipocresía, un doble discurso en la jerarquía católica muy grande: por un lado, dice “estamos con el Papa”, pero por el otro, cuando esa misma institución sostiene que hay que hacer limpieza, que hay que denunciar los casos de abuso sexual y echar a quienes los cometen”, aquí los guardan.

–El caso Grassi tuvo mucha repercusión...

–Lo que hay que empezar a ver en América latina es que hay una complicidad mucho mayor: las redes de sociabilidad de los sectores del poder religioso, del poder político, del poder económico y sobre todo del poder mediático, que es la manera en la cual se ejerce el poder en la región. Esto hay que decirlo y repetirlo. En América latina hay una cultura del secreto, el deberse favores entre estos poderes, esconderse unos a los otros, lo hemos visto con el hecho de que grupos de empresarios han pagado a abogados millones y millones de pesos para proteger a un sacerdote o a un obispo abusador. ¿Qué genera esta trama? Hace que la denuncia sea más difícil. El piso de derechos en América latina y en Argentina es mucho menor que en otros países: usted lo trabajó muy bien con los casos de aborto no punible y las dificultades que hay para que se cumpla con respecto a mujeres de sectores populares. Imagínese qué pasa cuando una persona quiere salir a decir “me abusaron”, “tal cura o tal obispo me hizo tal cosa”, y ve que el resultado es que ninguno de ellos hasta el día de hoy ha ido preso. ¿Es un problema de la Iglesia Católica? Por supuesto, pero es un problema de las redes de sociabilidad del poder en América latina, incluida la Argentina. Hay que mostrarlo si es que queremos que haya derechos para las víctimas, los más perjudicados por los abusos sexuales. Ojalá la Facultad de Derecho de la UBA ponga un 0-800, como sí han hecho la Iglesia norteamericana, la holandesa y la alemana, para que el que denuncie tenga un mínimo de garantías de que sus derechos van a ser reconocidos y de que el abusador va a ir preso. Y que la institución haga limpieza. Estoy segurísimo de que hay muchísima gente que estaría dispuesta a denunciar, pero no lo hace porque el costo de esa denuncia, sabemos, muchas veces cae sobre la propia víctima.

–El Papa pidió disculpas y condenó los abusos. ¿Es suficiente?

–En el caso del Papa hay un problema gravísimo: el fue el comisario político desde 1985 hasta el 2005 con Juan Pablo II. Así como Juan Pablo II encubría a dirigentes de la Orden de los Legionarios de Cristo y a tantos otros más, su mano derecha Ratzinger, el cardenal Joseph Ratzinger, seguía una vieja manera de entender este tema, que es trasladar a la persona acusada, no hacerlo público, no denunciarla, con esta idea, que otras instituciones autoritarias también la tienen, de que si denuncian, la autoridad pierde credibilidad. Este es el tema central. En la Iglesia Católica hay un fuerte problema y es que la autoridad también se ejerce sobre la represión a la sexualidad. Cuando el arzobispo de Washington le dice al papa Benedicto XVI: “Mire, pero cuando yo hace diez años le escribí usted me dijo que había que mantener todo esto en secreto, no había que publicarlo, y ahora me dice que yo tengo la culpa”. Es lo mismo que le pasó al sacerdote católico (Ariel Alvarez Valdés) por negar la existencia de Adán y Eva con el obispo de Santiago del Estero (Francisco Polit), cuando le dice: “Decí vos que te equivocaste, no que yo te lo pido”. Esa autoridad ha entrado en una crisis fenomenal en la Iglesia Católica que no sabemos cómo va a terminar ni cuáles van a ser los caminos a los que la va a llevar.

–¿Podría haber alguna relación entre la formación que reciben los religiosos, el abordaje de la sexualidad que hace la Iglesia Católica y los abusos sexuales cometidos por sacerdotes, obispos y otros religiosos?

–El de la sexualidad es un tema carísimo en la Iglesia Católica puesto que se oculta, no se habla, se prohíbe, se castiga, se echan culpas. La Iglesia Católica tiene un problema gravísimo con la sexualidad. Si no se abren espacios de libertad para hablar y discutir al respecto, se permite que algunos sectores, escudándose en eso, puedan cometer los delitos aberrantes que vienen cometiendo.