Los ministros de Justicia y de Interior de los países miembro del Mercosur y de los estados asociados decidieron impulsar ante las Naciones Unidas medidas que penalicen la figura del cliente de una actividad que promueva la trata de personas. La iniciativa fue alentada por la Argentina y Brasil durante la 33º Reunión de Ministros de Justicia y la 27º Reunión de Ministros del Interior (o Seguridad) del Mercosur y estados asociados, que se realizó en Buenos Aires.

Los funcionarios exhortaron a “alentar a los Estados a considerar” en sus “legislaciones nacionales la penalización u otras medidas que resulten apropiadas respecto del denominado cliente, consumidor o usuario de la trata, con fines de toda forma de explotación de personas”.

“Pretendemos profundizar las medidas y los avances dados a distintos niveles para desalentar la demanda y extender la idea de la acción negativa del consumidor o usuario, porque está claro que sin demanda no hay trata de personas”, dijo el ministro del Interior argentino, Julio Alak.

Los funcionarios consensuaron y aprobaron la “Declaración de Buenos Aires”, que facultó a los gobiernos argentino y brasileño a promover ante la ONU la “penalización del cliente, consumidor o usuario de la trata con fines de explotación sexual, así como otras formas de explotación de personas”.

La propuesta será presentada durante el 19º Período de Sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la ONU, que sesionará entre el 17 y el 21 de mayo próximos en Viena.

En el encuentro de ayer participaron los ministros de Justicia e Interior de Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, además del país anfitrión. En el final de la reunión, el ministro Alak traspasó la presidencia pro témpore a su par brasileño, Luiz Paulo Teles Barreto.

Los funcionarios resaltaron durante el debate la “necesidad de evaluar la posibilidad de reformular el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños”. El objetivo, agregaron las fuentes, es convertir el Protocolo “en un instrumento eficaz para afrontar la trata y sus nuevas modalidades, tales como la extracción ilícita de órganos”.

Los ministros también suscribieron un acuerdo marco de cooperación para la creación de equipos conjuntos de investigación en causas que lo requieran por el carácter transnacional que tiene esta modalidad delictiva. “Hemos avanzado en la creación, por consenso, de nuevos y valiosísimos instrumentos para la solución de nuestros problemas”, comentó Alak. Y consideró que las iniciativas buscan ser “poderosas armas para fortalecer el proceso de integración regional” por medio de la “Justicia, la Seguridad y los Derechos Humanos”. También les pidió a sus pares “trabajar juntos para desbaratar los negocios del crimen organizado transnacional”. Y confirmó que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto para reformar la Ley 25.246 sobre encubrimiento y lavado de activos con origen delictivo.

“El tráfico de drogas y de armas, la trata de personas, las asociaciones ilícitas terroristas y el financiamiento del terrorismo, la corrupción y los delitos contra la administración pública, entre otros, nutren el lavado de dinero y se entrelazan para crear un nuevo paradigma criminal”, explicó.