Los vecinos de Parque de los Patricios que lucharon por erradicar la cárcel de Caseros tenían la esperanza de que, con la demolición del penal, se pudiera recuperar el barrio. Pero hoy viven una desilusión: la mole de cemento ya no está, pero todavía queda en pie el muro perimetral y dentro un baldío abandonado. Los vecinos dicen que la zona se ha vuelto más insegura que antes, ya que en el lugar “suelen ocultarse personas que roban en el barrio y luego se meten por los boquetes que hay en las paredes”, aseguran. La demolición terminó hace dos años y todo quedó paralizado. La Ciudad y la Nación se acusan mutuamente de ser los responsables del abandono. Por lo pronto, hace una semana, el Onabe comenzó las tareas de desmalezamiento y desratización del lugar, que estarían terminadas en quince días. También fueron de- salojadas algunas personas que utilizan el lugar como refugio, en su mayoría varones jóvenes, según relataron funcionarios del organismo nacional.

El reclamo de los vecinos se inició el 22 de mayo de 2008, cuando ya las tareas de demolición habían terminado. Ese día entregaron un petitorio al Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe) –a cuyo cargo está el predio, desde que lo cedió el Ministerio de Justicia– en el que solicitaban saber en qué etapa se encontraba el proceso de recuperación del lugar. En agosto de ese año, Onabe hizo un pedido de informes de la situación del predio al Ministerio de Desarrollo Urbano porteño que, un mes después, respondió que sólo “queda pendiente la demolición del muro perimetral, para lo cual se llamó a licitación pública”.

Esa demolición nunca se hizo y el predio quedó en situación de abandono hasta que un grupo de vecinos, en marzo último, realizó un corte de tránsito en la Avenida Caseros para reclamar por la situación de abandono en que quedó ese sector del barrio. “La única respuesta que recibimos por parte de la Ciudad fue un acta contravencional”, relató a Página/12 una vecina –que vive en Caseros y Matheu y prefiere no identificarse– que tuvo que ir a juicio por la protesta y fue condenada a pagar una multa de 800 pesos en seis cuotas por ser la única identificada durante la protesta.

Los vecinos denunciaban que en la zona se habían incrementado los robos “especialmente a adolescentes que salen o van a la escuela”. “Les sacan el dinero o el celular y se meten por los boquetes al edificio de la cárcel”, reclamaron.

El 14 de abril último, el Onabe intimó al gobierno porteño y le dio un “plazo de 15 días” para que realice las “acciones necesarias para evitar el ingreso de personas” al predio así como “evitar ocupaciones permanentes o temporales de carácter ilegítimo e irregular”. Pero al mismo tiempo, resolvió “reparar los boquetes existentes en el muro perimetral, a los fines de evitar el ingreso de personas que, amparándose en la espesa vegetación, llevarían a cabo actividades ilícitas”.

El sector en cuestión está delimitado por las calles Pichincha, 15 de Noviembre de 1881, Pasco y la continuación imaginaria de la calle Rondeau. La cárcel fue desactivada en agosto de 2000. Un año después, la Nación firmó un convenio con el gobierno porteño, que se comprometía a demoler la manzana donde se levantaba el edificio “nuevo” –la cárcel inaugurada en 1979– y se conservaba el viejo, ubicado sobre la avenida Caseros, por su valor patrimonial, para convertirlo en un museo.

De acuerdo con el convenio, la ciudad se debía hacer cargo de la demolición y de sancionar una ley que habilite en ese lugar la construcción de edificios para viviendas y oficinas. A cambio, la Nación cedería a la ciudad unos 3500 metros cuadrados y se comprometía a construir una escuela, un centro vecinal y una plaza, y a abrir la calle Rondeau para comunicar Pichincha con Pasco.

En rigor, de acuerdo con el compromiso firmado, las construcciones para la Ciudad debía realizarlas la empresa que resultara ganadora de la licitación para urbanizar esa manzana, que debe ser convocada por el Estado nacional. El problema es que esa licitación hasta el momento no se hizo y el predio quedó abandonado a su suerte.

El Onabe argumenta que no llamó a licitación porque la demolición no está terminada –aún queda en pie el perímetro del sector nuevo de la cárcel–, pero desde el Gobierno de la Ciudad sostienen que si se eliminan esos muros “es muy probable que los terrenos sean intrusados”.

“La Ciudad está cumpliendo con el compromiso, porque ya demolió el edificio principal y sancionó la ley que habilita a la urbanización de esa manzana”, dijo a Página/12 el arquitecto Miguel Ortemberg, director de Proyectos Urbanos y Arquitectura del Ministerio de Desarrollo Urbano porteño. No explicó sin embargo por qué siguen en el lugar los carteles de obra del Gobierno de la Ciudad, lo que indica que los trabajos no han terminado, ni por qué retiró el personal de vigilancia que cuidaba el lugar.

La demolición de la cárcel –dos torres de 25 pisos– se hizo manualmente, a golpes de pico, a través de un convenio que la Ciudad firmó con el Ejército, durante la gestión de Aníbal Ibarra.

Página/12 ingresó días atrás al predio donde fue demolida la cárcel. Hoy se ha convertido en un verdadero bosque de arbustos, rodeado por las columnas que sostienen las paredes perimetrales. El terreno está sembrado de vestigios de personas que han usado el lugar como refugio. Desde el Onabe informan que han desalojado de allí a un grupo de hombres jóvenes a los que definieron como “paqueros” y a los que no se les ofreció una solución habitacional, ni desde la nación ni desde la Ciudad. De los operativos participó personal de la Comisaría 28.

El lugar está cerrado por los cuatro costados, las aberturas están tapiadas pero han sido abiertos algunos boquetes por los que se puede ingresar. En las paredes externas sobreviven dos carteles de obra del Gobierno de la Ciudad, que anuncian: “Demolición de cárcel de Caseros, Renovación Barrial y Nuevos Espacios Públicos”. En el interior, una cuadrilla del Onabe trabaja en el demalezamiento, la limpieza y la desratización del lugar.