Hace alrededor de 600 días que las obras de refacción que el gobierno porteño realiza en el colegio Nicolás Avellaneda, en el barrio de Palermo, quedaron paralizadas. Desde entonces, un sector del establecimiento quedó “en ruinas y en desuso”, denunciaron desde la escuela. A fin de hacer visible su reclamo, que ya lleva un año y medio, alumnos, padres y docentes realizaron ayer un acto en la puerta del colegio y taparon el cartel amarillo del gobierno de la ciudad que indica que allí hay una obra en ejecución. En su lugar, una tela negra describe la situación: “600 días de obras suspendidas. Deshaciendo la escuela pública”.

La puerta del Avellaneda, ubicada en El Salvador 5528, fue el lugar en el que la comunidad educativa, con el apoyo de legisladores nacionales y de la ciudad, se congregó a las 12.15 para exigir que se reanuden las obras del sector ubicado sobre la calle Humboldt –una de las salidas del edificio–. Esos trabajos, “que estaban licitados, presupuestados y en marcha”, se suspendieron en octubre de 2008 y dejaron inhabilitado parte del anexo de Humboldt: “La salida de emergencia, seis aulas donde funcionaban talleres de inglés, plástica, música, entre otros, y el único baño de varones de la planta baja fueron demolidos y hoy todo está en ruinas”, informó Marcela Castañeda, presidenta de la cooperadora y madre de dos alumnos.

“Hicimos todos los reclamos por la vía que corresponde y nunca tuvimos respuestas de por qué se suspendían las obras ni de cuándo se reiniciarían”, afirmó a Página/12 Enrique Vázquez, docente del Avellaneda. Desde el área de Infraestructura Escolar, dependiente del Ministerio de Educación porteño, “no nos dijeron nada, pero en forma extraoficial supimos que no iba a haber más dinero hasta 2011”. Según explicó Castañeda, las obras fueron aprobadas a fines de 2007 y comenzaron a principios de 2008, pero “misteriosamente el dinero que tenía el gobierno para la ejecución de los trabajos no estuvo más y se abandonó el lugar”. A un año y medio de la suspensión de las tareas de reforma del colegio, el sector afectado continúa “tapiado”, señaló Vázquez. El acto que realizaron ayer docentes, alumnos y padres, y que contó con la participación de varios legisladores, buscó hacer visible la situación y mostrar a la comunidad lo que sucede puertas adentro del Avellaneda. Por ello, “el símbolos más fuerte” de la jornada consistió en tapar el cartel amarillo que indica que las obras están en marcha y reemplazarlo por una tela negra que sintetiza lo que está ocurriendo, explicó el profesor.

La Defensoría del Pueblo hizo su primera intervención en el caso en junio de 2007, cuando pidió que se hicieran las obras. Desde ese momento, continuó con el seguimiento del reclamo y en octubre del año pasado se labró la resolución 3666/09, que insta al Ministerio de Educación a reanudar los trabajos de obra. Ante esa solicitud la cartera porteña respondió que “las obras licitadas y aprobadas se encuentran suspendidas momentáneamente por falta de presupuesto”, indicó Gustavo Lesbegueris, a cargo del área de Derecho a la Educación de la Defensoría.

“Una herramienta con la que contó el gobierno de la ciudad desde el inicio de su gestión es la ley 2565, que declara la emergencia de los edificios escolares de la ciudad de Buenos Aires”, precisó Lesbegueris. Esta norma habilita al gobierno a contratar obras en forma excepcional y a abreviar sus plazos para resolver una situación, que “implica el deterioro de muchos edificios escolares, no sólo el del Avellaneda”, explicó. Además, señaló que la gestión porteña actual “tuvo un presupuesto para infraestructura escolar que se triplicó en relación con las administraciones anteriores pero que fue sistemáticamente subejecutado”.

Informe: Rocío Ilama.