Entre el 2 y el 3 de junio, el Estado argentino defenderá su gestión frente al Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en Ginebra. Se trata del tercer informe periódico ante el organismo. En forma alternativa al informe estatal, o como contrainformes, organismos de la sociedad civil presentarán sus objeciones. Ya lo hicieron el CELS, la Fundación Sur y el Casacidn, y durante las audiencias también formalizará su presentación la Comisión por la Memoria, a través de su Comité Contra la Tortura. Entre las objeciones, el CELS y FS señalan la persistencia de prácticas fuertemente tutelares (se siguen judicializando la pobreza, los casos de abandono). El Comité Contra la Tortura hará hincapié en que las leyes bonaerenses de protección de derechos y de responsabilidad penal juvenil no se aplican, denunciará torturas a adolescentes en lugares de detención, el fuerte incremento de las detenciones de chicos en comisarías, y recordará el caso de Luciano Arruga. Los organismos también reclamarán la necesidad de una ley penal juvenil en el orden nacional, aunque con diferencias según qué posición asuman respecto de la edad de imputabilidad.

El informe del CELS-FS insiste en que, “pese a las reformas normativas, se sigue utilizando la institucionalización como medio de protección”. Utiliza los datos generados en el informe realizado por el Gobierno y Unicef, que indica que sobre 19.579 niños privados de su medio familiar, 17.063 se encontraban institucionalizados, es decir, privados de libertad por causas no penales. Cuestionan que la data es de 2005 y que a la fecha no existen estadísticas creíbles. Sostienen que la institucionalización en la Capital va en aumento. Reconocen “el auspicioso programa que apunta a reducir considerablemente los niveles de pobreza e indigencia de los niños, pero éste aún no ha comenzado a ejecutarse” y recomiendan modificaciones para que no se restrinja el acceso a migrantes recientes o a familias con más de cinco hijos. Y sostiene que existen denuncias sobre graves condiciones de alojamiento de los niños, en condiciones idénticas a las de los adultos.

El CCT, por su lado, es sumamente crítico respecto de la implementación de las leyes de promoción y protección de derechos y de responsabilidad penal juvenil. Sostiene, por ejemplo, que no fueron creados los órganos protectores de derechos pensados en el sistema, como el defensor de los derechos del niño, y el observatorio social; o funcionan sin recursos presupuestarios. Como consecuencia, “la única respuesta del Estado es el sistema penal, que encierra a los jóvenes”.

Además, cuestionan que el Estado “no construye estadísticas oficiales y públicas sobre la situación del sistema penal juvenil, en la provincia la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia prácticamente no entrega información, y el Estado nacional sólo presenta las cifras a nivel global, sin desagregar los datos por provincia”.

El CCT acusó además al gobierno bonaerense de presentar dos modificaciones de ley retrógradas. Una, la media sanción que prevé la “duplicación de los plazos máximos para la aprehensión antes de la orden de detención (de 12 a 24 horas) y duplica el plazo previsto para la audiencia inicial (de 5 a 10 días). La otra, el proyecto de Código Contravencional, que faculta a la policía a detener jóvenes a partir de los 14 años. En ambos casos, los méritos corresponden al actual ministro bonaerense de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal.

Además de cuatro suicidios, el CCT verificó la existencia de un dispositivo de torturas en Lomas de Zamora. También denuncia el incremento de detenciones de chicos en comisarías, incumpliendo el fallo Verbitsky. Y denuncia el caso irresuelto de la desaparición forzada de Luciano Arruga, de 16 años, en una comisaría de Lomas del Mirador, en enero de 2009.

Por último, y para el debate, plantean la ausencia de una ley de responsabilidad penal juvenil, aunque con diferencias sustantivas: el CELS-FS sostienen la implementación a partir de los 14 años, ya que de hecho a esa edad se encuentran ilegalmente institucionalizados, mientras que el CCT sostiene que es una operación semántica y defiende que el límite se mantenga en la edad de imputabilidad actual, los 16.

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